Por Roberto Elenes
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| Extremo izquierdo, diputado federal Ricardo Covarrubias; al centro, el gobernador José Inocente Lugo; extremo derecho, Juan "El Indio" Loera |
En cambio, en
Mexicali, el líder cooperativista Juan Loera, a los 38 años de edad, con el
apoyo del gobernador se reelegía en el cargo, superando incluso al caudillo de
Sonora —Álvaro Obregón— por quien el Congreso de la Unión, en 1926, habría
hasta de modificar la Constitución en los artículos 82 y 83, para dar
paso a su reelección presidencial.
Esto de
soliviantar la reelección de Loera, para el gobernador Lugo vendría a
representar un enfriamiento de su relación con el subsecretario Gilberto
Valenzuela que, al convertirse en secretario de Gobernación en septiembre de
1923, dos meses después lo removería de su cargo dentro del Distrito Norte.
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| Evaristo Villarreal, verdadero fundador de la tienda "La Estrella Azul" |
Para el 11 de
enero de 1923, el gobernador Lugo recibía un oficio enviado por el
subsecretario Valenzuela en el que Gobernación ordenaba la consignación de Otto
Möller ahora por el asunto de la auditoria municipal, cuando hacía sólo 15 días
había salido de la cárcel por falta de pruebas, al haber sido acusado de
narcotráfico:
«Al acusar a usted recibo de su atento oficio número
11334, girado por la Sección 1/a., con fecha 23 de septiembre último y de la
copia certificada del informe que rindió a la Presidencia Municipal de ese
lugar la Comisión Revisora de las Cuentas de la Propia Tesorería Municipal, me
es grato participarle que debe de hacer la consignación de los antecedentes a
la Autoridad Judicial para los efectos correspondientes.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Rúbrica: Gilberto Valenzuela, Subsecretario de
Relaciones».
Möller recibió
el pitazo de su detención, huyendo por un tiempo hacia San Diego.
Al mes de haber
transcurrido tal suceso —el 11 de febrero—, Juan Loera se despierta con la noticia
de que, Nemecio Chávez, su ex-colaborador de 28 años, prominente gasolinero y
con un poder político inmejorable dentro de la localidad, se había suicidado en
compañía de su amada esposa, tal vez influenciado no por el drama de Otto
Möller vivido en carne propia dentro de la cárcel y perseguido de vuelta
por la justicia, sino por la tragedia shakesperiana de Romeo y Julieta. Ese
cuento no lo creería ni el tonto del pueblo, y por aquellos ayeres de Mexicali,
los rumores de que a Nemecio y a su señora les habían “suicidado”, corrieron
más fuerte que los vientos de “La Rumorosa”.
La entrevista en Hermosillo
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| Plutarco Elías Calles y Adolfo De la Huerta, precandidatos a la Presidencia de la República, en 1923 |
Sobre los
puntos tratados durante aquella entrevista, los dos primeros estuvieron
estrechamente relacionados con los mismos problemas que José María Villagrana
había provocado con el alza de impuestos cuando la apertura, en 1874, de
la primera aduana federal:
1. Eximir
a las poblaciones de Mexicali, Tijuana y Tecate de los derechos consulares y
aduanales a la importación de materiales para la construcción, causa principal
del aspecto paupérrimo del hábitat de los poblados de la región y razón
principal del porqué la gente prefería vivir en Calexico y no en Mexicali, dado
que en esta ciudad el pago por el alquiler de una casa era un 80% más elevado
que en Calexico.
2. Ampliar
la protección arancelaria a los artículos de primera necesidad, teniendo en
cuenta que a raíz de la carencia de estos y del pago de derechos, los
alimentos eran más costosos e insuficientes los salarios del común denominador
de las personas para pagar precios tan elevados.
3. Solicitar
la exención de impuestos a la importación por 3 millones de pesos para la
compra de rieles para el ferrocarril, que según cálculos de Francisco Pérez —jefe
de la Comisión de Ingenieros— debían emplearse en la construcción del
Ferrocarril Mexicali-San Felipe, cuyo costo sería de 15 mil pesos por kilómetro
abarcando la obra, en total, un gasto de más de 6 millones de pesos.
4. Aceptar
la existencia en las arcas públicas del Distrito Norte de un superávit de 400
mil pesos sobre 1 millón 200 mil pesos de egresos derogados en 1922; dinero que
ya bien podía emplearse en la construcción del primer tramo de 50
kilómetros de terracería para montar la vía del ferrocarril que uniría a
Mexicali con San Felipe; o, de ser utilizado para otra obra, emplearse en la
construcción de una presa para contener las aguas del Río Santo Domingo con el
fin de irrigar las 50 mil hectáreas del Valle de San Quintín.
5.
Reglamentar —no proscribirlos en absoluto— con mayor detenimiento los
establecimientos de juegos permitidos por la Ley, y así evitar la
existencia de juegos prohibidos en lugares ocultos a la vigilancia de las
autoridades; asimismo, Lugo reconocería ante el secretario de Hacienda que el
gobierno del distrito —en Tijuana— percibía el 25% de las entradas brutas de
los casinos asentados allí, aclarando que la contribución del principal negocio
de ese tipo jamás había excedido la cifra de 2 mil dólares mensuales, alertando
a De la Huerta que los casinos en realidad obtenían ganancias mayores
en comparación con lo que reportaban fiscalmente; sobre este punto tan especial,
en esa ocasión Lugo le plantea a De la Huerta sobre una propuesta
recibida por parte de la principal casa de juego de Tijuana, la A.B.W., en
el sentido de su disponibilidad de pagar una contribución de 40 mil dólares
mensuales, con la condición de manejar en exclusiva los juegos permitidos
por la Ley en esa localidad. Dicho de otro modo, bajo esta óptica,
ante Hacienda se presentaba la oportunidad de ampliar su recaudación fiscal,
siempre y cuando otorgase a Carl Withington, dueño del Sunset Inn y
del Tivoli, y socio propietario, además, del célebre Tecolote de Mexicali y del
Hipódromo de Tijuana, los derechos por la venta de piso a las demás compañías
dedicadas a los juego de azar en el poblado de Tijuana. Este paquete habría de
ser un privilegio que le tocaría negociar al sucesor del gobernador Lugo:
el general Abelardo L. Rodríguez.
Para evitar
suspicacias de parte de Gobernación, el 27 de abril de 1923, José Inocente Lugo
le estaba informando al secretario Plutarco Elías Calles sobre esta serie de
pormenores expuestos al secretario De la Huerta durante su estancia
en Hermosillo a principios de mes.
Con este
informe —según Lugo—, le acabaría de dorar la píldora a un Calles receloso del
cabildeo realizado por De la Huerta en Sonora, y, por lo visto, con la
presencia de Lugo en Hermosillo, también con el mandamás del Distrito
Norte.
La construcción del Ferrocarril Mexicali-San Felipe
Todo indica que
la resultante de la entrevista de Inocente Lugo obtenida con De la Huerta,
en torno a la construcción del Ferrocarril Mexicali-San Felipe no fue del todo
favorable, dado que días antes de su informe a Gobernación, el 13 de abril,
Francisco Calderón —director de la Dirección General de Aduanas—
ponía de manifiesto al gobierno del Distrito Norte la negativa de Hacienda en
lo referente a la solicitud de exención de derechos aduanales y consulares
sobre implementos y materiales importados para la construcción de las vías para
el tren:
«Con referencia al atento oficio de usted número
2603, girado por el Departamento de Relaciones y Gobernación, con fecha del 23
próximo pasado, en lo relativo a la solicitud que hace a fin de que se
consideren exentos de derechos aduanales y consulares, a todo el material,
útiles y herramientas que se importen para la construcción del Ferrocarril que
unirá ese lugar con el puerto de San Felipe, tengo el honor de manifestarle que
no es posible conceder la exención de derechos, en virtud de no existir disposición [¿Presidencial?] para ello; pero que si el
gobernador de esa Entidad Federativa (sic) lo acepta, podían
cargarse los derechos correspondientes a la cuenta del mismo Gobierno como un
préstamo de la Federación».
Lugo no sólo
acepta el préstamo a cargo del gobierno distrital para construir el mencionado
ferrocarril, sino que, aparte, se echaría a cuestas el reto de levantar un
puerto que sustituyese al de “La Bomba” en un lugar con mejor asequibilidad,
dado que dicho embarcadero durante la entrada de las aguas del Golfo al Río Colorado,
en días de marea alta —el bore—, se formaba una inmensa ola —conocida como “El
Burro”— capaz de hundir un barco, tal y como había sucedido un año atrás, el
19 de noviembre de 1922, en que el vapor Topolobampo fue arrasado por una ola
de 5 metros, haciendo zozobrar aquella barcaza con 125 personas a bordo
donde murieron 86 pasajeros, de los cuales sólo 21 cuerpos fueron recuperados.
Hubo 39 sobrevivientes.
Dos meses
después de asumir el compromiso de aquel préstamo, el gobernador se ponía en contacto
con su amigo el agente aduanal Arnulfo Liera encomendándole la tarea de
explorar las márgenes y afluentes del Río Colorado así como las costas del
Golfo de California aledañas al municipio de Mexicali, con el fin de encontrar
el lugar apropiado para construir un nuevo puerto que agilizase la movilización
de personas y mercaderías en tránsito hacia la ciudad.
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| Playas de San Felipe |
«En este punto sí hay bastante agua, pero es
indispensable hacerle dos malecones de 300 metros aproximadamente
cada uno, para resguardar los barcos en tiempos de Noroeste y Sur, habiendo en
ese lugar piedra en abundancia que podría servir para este objeto. Sin los
malecones no se puede utilizar este puerto, pues las embarcaciones correrían
peligro cuando soplan los vientos del Sur. En ese lugar hay agua dulce y su
clima es delicioso».
Al final ambos
planes se convertirían en lo que hasta la fecha han sido: un sueño guajiro.
El proceso de destitución de Juan Loera
Desde finales
de marzo de 1923, el grupo de regidores propietarios afectados desde el pasado
diciembre con la disposición presidencial de remover sus establecimientos
comerciales de la zona centro, compuesto por Rafael G. Rosas, Enrique Mérida,
José María Rosas, Anacleto Luna, Jesús Pereyra, Luis Ángeles, Pedro Benítez y
José María Rodríguez, echaron andar su plan para destituir a Juan Loera y
camaradas radicalistas, basados en el texto expreso de los artículos 60 y 61 de
Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales que de manera
terminante prohibía la reelección de la figura de presidente municipal,
incluso cuando en el pasado un individuo hubiese desempeñado tal cargo a
modo de interino.
Para destituir
a un munícipe, según los artículos 53 de la Ley de Organización y
Territorios Federales y el 7 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento
mexicalense, antes exigían la permanencia en la asamblea de dos terceras partes
de los regidores propietarios (o los suplentes cuando no acudiesen a sesionar
los titulares) para efecto de conformar quórum, deliberar y legitimar acuerdos
dentro de una sesión de Cabildo. He ahí el meollo del asunto, porque —en el
caso del municipio de Mexicali— estando la corporación de concejales conformada
de 15 en total, ésta se encontraba dividida en dos facciones equiparables en
número.
Con ánimo de
destituir al alcalde, del 4 al 25 de mayo se llevaron a cabo cuatro sesiones
ordinarias que en resumidas cuentas acabarían siendo obstruidas por los
loeristas, en complicidad con los regidores suplentes y por la intervención
directa del diputado Ricardo Covarrubias, atacando acremente a los
anti-reeleccionistas a través de sus periódicos.
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| Rafael G. Rosas |
Haya sido provocado o no, pero para el día 23 de mayo, el barrio comercial de La
Chinesca se consumía abrazado por las llamas de un pavoroso incendio.
Veintidós años más tarde —en 1945— se volvería a repetir la misma historia.
El día 25, los
miembros del Cabildo antagónicos al munícipe Loera —encabezados por Rafael G.
Rosas—, acuerdan un resolutivo para el desafuero del presidente municipal, cuyo
punto segundo patentizaba:
«Contra las protestas de algunos de nosotros
mismos, y del público en general, aceptó usted desempeñar la Presidencia del
Ayuntamiento el día primero de enero del corriente año, con violación del texto
expreso de los artículos 60 y 61 de la Ley de Organización del Distrito y
Territorios Federales QUE TERMINANTEMENTE PROHIBEN LA REELECIÓN DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL, aun en el caso de que haya desempeñado ese puesto interinamente en
año anterior; y usted ya había fungido como Presidente Municipal en el mismo
Ayuntamiento, en los meses de noviembre y diciembre del año próximo pasado. Por
lo tanto, estaba y está impedido legalmente para asumir esas funciones en este
año y por lo mismo, está usted en un puesto que no le corresponde y su deber es
renunciarlo».
Ese día, Loera, después de tratar tontamente de introducir a la asamblea regidores suplentes con el fin de suplantar a los regidores propietarios y de desacreditar el veredicto de una mayoría incompleta de 8 regidores legalmente inhabilitados para botarle de la silla presidencial, opta por no seguir presidiendo aquella reunión, retirándose de la sala del Cabildo en compañía de sus seguidores; ausencia que el vicepresidente Rafael G. Rosas aprovecha para entrar en posesión de la dirección de la asamblea, convocando a una sesión extraordinaria para el día 26 con el fin de acabar con el alcalde Juan Loera. Luego de eso, se aprestaría a informarle al señor gobernador lo siguiente:
«EN LA CIUDAD DE Mexicali, Baja
California, siendo las 23 horas del 25 de mayo de 1923, y constituidos los suscriptores en el Salón
de Cabildos de esta municipalidad, desde las 17 hora de este propio día, con el
objeto de celebrar la sesión reglamentaria del H. Ayuntamiento para tratar y
resolver los asuntos pendientes que le competen en vista de que el C.
Presidente Juan Loera y los Regidores Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Dámaso
Lemus, Quirino Luna, Pedro Barbosa y Manuel Márquez, se retiraron después de
haber sido declarada abierta la sesión con el ostensible objeto de desintegrar
el quórum, porque la mayoría que firma la presente, está integrada por los regidores
Rafael G. Rosas, José Maria Rodríguez, Enrique Mérida, José María Rosas, Pedro
Benítez, Anacleto Luna ,Luis Ángeles y Jesús Pereira presentó para su escritura
un escrito firmado por la expresada mayoría en el que por los fundamentos de
hecho y de derecho que en el mismo escrito se expresan, se desconoce al C. Juan
Loera».
«En vista de lo cual y no habiendo logrado los
firmantes que el citado Regidor Loera se allanara a continuar la sesión ni que
los regidores de la minoría pasaran a integrar el quórum que habían
descompletado, los suscriptores resolvieron: Primero, convocar para sesión
extraordinaria para el día de mañana (día 26) a las 13 horas, a fin de que sea discutida la moción
presentada por la mayoría, sobre el desconocimiento del C. Juan Loera, como
Presidente Municipal».
Dado que el
diputado Ricardo Covarrubias radicaba en Calexico, el 27 de mayo el regidor
José María Rosas se cobra la afrenta hecha
al otro Rosas, compañero regidor, metiendo al diputado federal a la cárcel, tras
acusarle ante las autoridades del vecino país de difamación e injurias,
inhibiendo con esa acción la posible intromisión del representante federal en
la sesión de Cabildo en la que acabarían
por descabezar a Juan Loera. Covarrubias fue apresado en el poblado de
Heber; apresado en un país donde su fuero constitucional de nada valía.
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| Enrique Mérida |
Al paralelo, el
profesor Juan Ojeda Melsson, secretario del Ayuntamiento, era acusado públicamente
por el agente aduanal Arnulfo Liera —presidente de la Cámara de
Comercio— de malversar fondos públicos. Ojeda a la semana estaría fuera de su
puesto muy a pesar de las réplicas del alcalde Loera y del diputado Covarrubias
que había abandonado la prisión estadounidense tras el pago de una fianza. En
correspondencia, el presidente municipal se le adelantaría al gobernador en la
designación del nuevo secretario del Ayuntamiento, nombrando al ex cantuista Rosauro
Rojo en lugar de Ojeda Melsson. Éste, al poco tiempo se integraría a la empresa
propietaria del Hipódromo de Tijuana, en la que desde antes de incursionar en
la política había trabajado como empleado de confianza.
Hacienda vigila a Gobernación en el Distrito Norte
El 24 de mayo,
Antonio Flores —administrador de la Aduana Fronteriza—, cumpliendo
órdenes emitidas ex profeso por el titular de Hacienda —por el precandidato
De la Huerta—, realizaba su primer reporte dirigido a Francisco
Calderón —director general de Aduanas— sobre las actividades de decomiso de
drogas llevadas a cabo por las autoridades del Distrito Norte, en el cual
decía:
«Tiene conocimiento esta Administración a mi cargo
que en la Oficinas del Gobierno del Distrito Norte de esta población
se encuentran depositadas 15 latas de opio y aproximadamente unos 40 frascos de
cocaína que fueron aprehendidos últimamente por Agentes de dicho Gobierno».
«Como la Circular número 12 de esa
Dirección, de fecha 23 de noviembre de 1921,
previene que dichos narcóticos sean recogidos por las autoridades aduánales y
puestos a disposición del Departamento de Salubridad en esa Capital (México) o
de los Delegados Sanitarios Federales (en las entidades federativas), el
suscrito Administrador envió copia de dicha circular al Gobierno del Distrito
para su conocimiento; pero dicha oficina no se ha servido poner a disposición
de esta Aduana las drogas en cuestión».
«A fin de que se cumpla exactamente con la
disposición invocada y para normar mi procedimiento en lo futuro, atentamente
le suplico se sirva darme instrucciones sobre el particular, con objeto de
proceder o no a recoger los expresados narcóticos».
Esto mismo el
director de Aduanas se lo hace saber a Gobernación el 6 de junio de 1923.
Antonio Flores,
había recibido noticia sobre este decomiso de drogas realizado por los agentes
del coronel Francisco Dávila, de boca del “Indio” Loera, al que el
inspector general de Policía le había venido comiendo el mandado desde hacía
siete meses con el asunto de poner bajo su disposición a los traficantes de
drogas y viciosos aprehendidos, tal y como lo había dispuesto el gobernador
Lugo desde el 1 de diciembre del pasado año.
Flores,
obedeciendo instrucciones provenientes de la cúpula en Hacienda, habría de
hacer el requerimiento de los estupefacientes no al inspector de Policía sino
directamente al gobernador. Lugo interpretó esto como una insolencia y no como
un requerimiento amparado por las más altas autoridades hacendarias, de modo
tal que acabó por mandar al carajo al administrador de la
Aduana Fronteriza de Mexicali.
El 22 de junio,
Antonio Flores vuelve a enviar otro comunicado telegráfico a la Dirección
General de Aduanas, informando al jefe Calderón lo que sigue:
«Con pena manifiéstole que Gobernador de este
Distrito, según oficio que obra en mi poder, rehúsa poner a disposición de esta
Aduana cantidad de narcóticos aprehendidos sus agentes por tráfico comercial
clandestino y cuyo valor asciende a 22 mil pesos (11 mil dólares), según
relación proporcionada por el C. Presidente Municipal de consignación hecha por
referido Gobierno; aduciendo, como razón, este último no haberse infringido
Ordenanza alguna. Encarézcole resolución por esta vía con objeto no demorar
iniciación de expediente administrativo y que conforme Oficio-circular 12, de
esa Dirección, del 23 de noviembre 1921, compete conocimiento esta Aduana».
El director
Calderón, por su parte, reenvía el comunicado recibido hacia Gobernación.
Para sorpresa
de Lugo, a finales de junio —vía Subsecretaría de Relaciones Interiores—, en
los días cercanos al destape presidencial, llega un mensaje telegráfico en el
que recibe órdenes terminantes del secretario Plutarco Elías Calles de hacer
entrega inmediata de tales estupefacientes a las autoridades aduanales de la
localidad de Mexicali. Ni siquiera pensar que los delahuertistas fuesen a
filtrar a la prensa nacional que el equipo de Gobernación, controlando el
Distrito Norte, estuviera reteniendo para sí la droga confiscada, cuya custodia
debía de estar a cargo de Hacienda.
Este evento
vendría a significar la ruptura total de relaciones entre el gobernador del
distrito y un alcalde de Mexicali tachado de soplón, que, en lo tocante a
rencillas políticas, al lado del diputado Covarrubias y socios seguirían dando
la batalla contra Lugo hasta hundirse —todos— en la ignominia.
Para eso, en
junio 29, Daniel Benítez —titular de la Oficialía Mayor de Relaciones
Interiores— de parte de la subsecretario Valenzuela, le había hecho llegar al
gobernador Lugo —vía telegráfica— este requerimiento:
«Dirección General de Aduanas dice en nota de 19
actual que 8 regidores de ese Municipio han desconocido a Presidente Municipal
y consulta cuál es el Ayuntamiento legal para hacerle llegar entrega del 2%
municipal. Sírvase informar por esta vía sobre caso. Salúdolo. P. O. del
Subsecretario. Daniel Benítez, Oficial Mayor».
A la mañana
siguiente, el gobernador José Inocente Lugo se comunica directamente con el
subsecretario Valenzuela, informando la realidad del caso Loera:
«Hónrame contestar su telegrama de ayer referente
Consulta Dirección General de Aduanas para hacer entrega del 2% municipal a
este Ayuntamiento, en vista desconocimiento de Presidente Municipal efectuado
por ocho regidores. En respuesta manifiesto a usted que este gobierno estudia
conflicto municipal comunicando a esa superioridad en oficio 14682, fecha 28 de
mayo último, habiendo agotado esfuerzos conciliatorios entre miembros del ayuntamiento y dentro de breves días se resolverá asunto pues en opinión
del suscrito actúa indebidamente el expresado Presidente Municipal por haber
llamado suplentes para integrar ayuntamiento contraviniendo preceptos
legales. Respetuosamente. El Gobernador del Distrito. J. I. Lugo».
Con esta
respuesta emitida por el gobernador, para Gobernación la suerte del presidente
municipal quedaba echada desde el 30 de junio de 1923; aunque con el duro
apercibimiento del precandidato presidencial, Plutarco Elías Calles, dirigido
ese mismo día al gobernador, bien podía afirmarse que el destino de la administración
Lugo se encontraba, también, en el preámbulo de su inminente caída.
En cuanto al
asunto de las drogas en poder del gobierno distrital, el 3 de julio, el
gobernador Lugo emitió el siguiente reporte al Secretario de Gobernación,
Plutarco Elías Calles:
«AL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.
México, D. F.
Adjunto tengo la honra de remitir a esa
Superioridad, copia del acta levantada con motivo de la entrega que hizo este
Gobierno a la Aduana Fronteriza de esta Ciudad, de las drogas
heroicas que han sido substraídas al tráfico ilícito e introducidas de contrabando,
para remitirlas a la Dirección General de Aduanas.
Protesto a usted las seguridades de mi atenta y
respetuosa consideración. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, Baja
California, julio 3 de 1923. Rúbrica: J.
I. Lugo, Gobernador del Distrito».
En ese mes de
julio, también, por acuerdo previo promovido por Hacienda ante Gobernación, quedó prohibida la importación de las máquinas sorteadoras en el Distrito
Norte, mejor conocidas como “ladronas”, siendo confiscadas las que ya existían
en el territorio distrital, instaladas en cantinas y establecimientos
comerciales. Para diciembre de 1923, Con Abelardo en el gobierno, dicha
prohibición se anuló, volviendo a funcionar las tragamonedas de a 5, 25, 50 y
100 centavos de dólar dentro de cantinas, boticas y tiendas de abarrotes.
Heriberto Borunda: ariete del gobernador
El 6 de Julio,
el alcalde Loera convoca a una sesión de Cabildo en la que sólo participan sus
seguidores acordando por unanimidad cesar de sus funciones al C. Heriberto
Borunda —tesorero municipal—, a raíz de que un día anterior había enviado un
oficio al gobernador desconociendo como tal a un alcalde tambaleante en el
puesto.
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| Juez José Elías Castro |
«I.- Ratificar que el C. Juan Meneses es Secretario Ayudante de la
Inspección General de Policía de este Distrito, comisionado actualmente como
Comandante de la Policía Municipal».
«II. – Que en el superior gobierno del digno cargo de usted, no hay dato
ninguno por el que aparezca que hayan cesado en sus cargos de Regidores del H.
Ayuntamiento de Mexicali, ni de que estén suspensos en los mismos, los C. C.
José María Rodríguez, Rafael Y. Rosas, Enrique Mérida, Anacleto Luna, Jesús
Pereyra, Luis Ángeles y Pedro Benítez».
La Secretaría
General de Gobierno, de inmediato le hace llegar a Borunda la certificación
requerida a favor de su querella judicial.
Loera y socios,
de su parte, hacen justamente lo mismo que Borunda pero ante Adalberto Torres
—Juez Primero de Distrito— con sede en Tijuana, consiguiendo amparo de la
justicia contra actos de autoridad de parte del gobernador Lugo y del inspector
Dávila. El juez Torres pronto le comunica al gobernador la acusación hecha por
Juan Loera:
«El Cuerpo Edilicio que suscribe, fundado en las
fracciones I y II, artículo primero de la Ley Reglamentaria de los
artículos 103 y 104 de la Constitución General de la República y
fracción IX del artículo 107 Constitucional, promueve formal demanda de amparo
contra los actos del C. Gobernador del Distrito e Inspector General de Policía
cometidos por sus subordinados con orden verbal, señalando artículos 14, 16 y
115 de la Constitución Política como garantías violadas. Rubrican los regidores
propietarios: Juan Loera. Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Dámaso Lemus,
Quirino Luna, Pedro Barbosa, Manuel Márquez. Los suplentes: Pedro G. Martínez,
Donaciano Alejo, Eligio Chacón. Antonio Alonzo. Arturo Echeverría, Juan Jacobo
y el secretario del Ayuntamiento, Rosauro Rojo».
El día 10,
Heriberto Borunda se presenta a sus oficinas acompañado de Juan Meneses —nuevo
secretario ayudante, comisionado del distrito a cargo de la
Policía de Mexicali—, del cabo Guillermo Guillén —subcomandante de la
Policía Municipal— y de otros 12 gendarmes, con el fin de darle garantías
al tesorero que traía órdenes, de arriba, de romper los sellos de la caja de
caudales y volver a tomar posesión de su puesto. Juan Loera y el subcomandante
Guillén se hacen de palabras al exigirle el alcalde al policía que mostrase la
orden escrita para realizar un acto de esa naturaleza, como era el allanamiento
de la oficina de la Tesorería con lujo de fuerza. Guillén le replica
no necesitarla aduciendo que esas eran órdenes de la superioridad y había que
cumplirlas. Cuatro días después, el rezongón del cabo Guillén pagaría con la
muerte aquella afrenta dirigida al alcalde Loera.
Esa vez, también, José
Elías Castro —juez de lo Penal—, le informa al gobernado Lugo que había
liberado la siguiente orden de aprehensión:
«El C. Juez de lo penal, con fecha de hoy, julio 10
de 1923.– Vistas las diligencias practicadas, y apareciendo méritos suficientes
para proceder criminalmente contra el presidente municipal Juan Loera y regidores Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Dámaso Lemus, Quirino Luna,
Pedro Barbosa, Manuel Márquez. Pedro G. Martínez, Donaciano Alejo, Eligio
Chacón. Antonio Alonzo. Arturo Echeverría, Juan Jacobo por ejercer éstos
últimos funciones que no les competen, puesto que están actuando como munícipes
supliendo indebidamente a los propietarios».
«Por lo expuesto, de acuerdo con lo pedido por el C. Agente del
Ministerio Público, y con fundamento en los artículos 21 y 16 de la
constitución federal; 758, 997 y 1011 del código penal; 105, 222 y 223 del
código de procedimientos penales, se resuelve; gírese orden de aprehensión
contra los individuos expresados como presuntos responsables de los delitos
mencionados, y a efecto de que cuando se logre su captura sean puestos a
disposición de este juzgado. Lo que comunico a usted para los efectos legales,
protestándole mi atenta consideración. Sufragio Efectivo No Reelección. El Juez
Penal, J. E. Castro. Agente del Ministerio Publico. I. Castanedo».
Paralelamente,
Adalberto Torres —Juez Primero de Distrito— estaba informándole al gobernador
sobre la revocación del amparo otorgando al alcalde Loera y compañía.
Durante la
tarde del día 11, el gobernador Inocente Lugo se comunicaba a México con el
secretario Calles para informarle que, en la mañana, acompañado del señor José
Pérez Sánchez —comandante de la Policía Fiscal y de Campo,
dependiente del distrito— personalmente había visitado el ayuntamiento no encontrando
a ninguna autoridad más que a Fidencio Magallanes —oficial primero— y que al
inquirirle sobre la ausencia del presidente municipal, el susodicho sólo se
había limitado a responder que, como a las 8.30, lo había visto llegar a sus
oficinas y luego partir a hacer la calificación de reos en la cárcel. Por lo
demás, Lugo aclaraba al secretario de Gobernación que los empleados
administrativos del Ayuntamiento seguían trabajando normalmente en las oficinas
de la glosa.
En el parte de
policía dirigido esa noche al gobernador, le informaron que el diputado Ricardo
Covarrubias, el alcalde Juan Loera y demás seguidores habían permanecido todo
el día, reunidos, en casa del regidor suplente Arturo Echeverría.
El viernes 13
de julio de 1923, el gobernador recibe otro informe de la
Policía confirmando que el presidente municipal y los regidores, a eso de
las 5 de la tarde, habían cruzado la frontera rumbo a la casa-oficina del
diputado Covarrubias, en Calexico. Ese día, también, Lugo recibe, en la noche,
con visos de urgente, una solicitud de la Secretaría
Particular de la Presidencia de la República, en la que se
le pide que precise la siguiente información:
«Agradecérele, proporcionarme con carácter de
urgente los siguientes datos: Primero.- ¿Qué número de regidores integran el
Ayuntamiento? Segundo.- ¿En qué forma ha quedado dividida la corporación
edilicia y desde qué fecha? Tercero.- ¿Desde qué fecha prodújose la escisión,
considerándose la desaparición del poder municipal, o de alguno de los grupos
que la componen?»
La balacera en Palacio Municipal: clásico sabadazo
En la mañana
del sábado 14 de julio, el gobernador envía la contestación dirigiéndola
expresamente al general Álvaro Obregón —presidente de la República—:
«Hónrome referirme suyo de ayer número 145. H.
Ayuntamiento de esta ciudad constituyóse el 1 de enero de este año, con 13
regidores propietarios y 1 suplente, faltando 1 para el número de 15 que
previene la ley, en virtud de haberse declarado nulas las elecciones
verificadas en el 4to Distrito Electoral».
«Regidores propietarios fueron: José María Rosas, Enrique Mérida, José
María Rodríguez, Luis Ángeles, Rafael G. Rosas, Pedro Benítez, Juan Loera,
Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Quirino Luna, Dámaso Lemus, Pedro Barbosa,
Manuel Márquez; con fecha 2 de febrero protestó como regidor propietario por el
4to Distrito Electoral, C. Anacleto Luna».
«Con fecha 25 de mayo, 7 regidores propietarios y el suplente en
funciones, Jesús Pereira, presentaron moción en sesión de H. Ayuntamiento,
desconociendo carácter de Presidente Municipal al C. Juan Loera y desintegraron
la corporación edilicia, comunicando al gobierno del Distrito esta resolución».
«Desde la fecha citada, el presidente municipal
Juan Loera y los 6 regidores propietarios de su partido [el Nacional
Cooperativista], acordaron integrar Ayuntamiento con suplentes afines a su
grupo: Éstos fueron, Arturo Echeverría, Juan Jacobo, Eligio Chacón, Antonio
Alonzo, Vidal R. Martínez y Pedro G. Martínez, contraviniendo precepto
artículo 53 de Ley de Organización y Territorios Federales, de fecha 13 de
abril de 1917, que exigía al Ayuntamiento para deliberar y tomar sus acuerdos
en quórum, partiendo de las 2 terceras partes de sus miembros, y del mismo modo
se violó la prevención del artículo 7 del Reglamento interior del H.
Ayuntamiento, que exige las 2 terceras partes de sus miembros: 10, para poder
declarar abierta una sesión».
«En consecuencia, el criterio de este gobierno es
que desapareció el poder municipal de esta ciudad desde la fecha antes citada,
produciéndose la escisión entre los regidores propietarios del Ayuntamiento.
Respetuosamente. J. I. Lugo, gobernador de Distrito».
Estando en sus
oficinas el gobernador, el coronel Francisco Dávila le informa sobre el
contenido de un reporte urgente emitido por Juan Meneses —secretario ayudante
de la Inspección General de Policía—, en el que afirmaba que, a
eso de la 1 de la tarde, el alcalde Loera y regidores acompañantes habían
cruzado la línea procedentes de Calexico hacia Mexicali, ingresando a palacio
municipal y dirigiéndose luego a la planta alta donde se encontraba la oficina
del juez José Elías Castro, con el que se habían entrevistado hasta las 5.30 de
la tarde. El resto del reporte es digno de analizar tal y como fue
expedido:
«Como a las 17.30 minutos, se vio pasar al Juez ya indicado, que
acompañaba a los repetidos Regidores así como al C. Diputado, y al señor
Francisco Vildósola y a otras personas más, por lo que ordené que fueran a
cerciorarse del rumbo que tomaban, habiendo sido informado que se dirigieron a
la cárcel donde penetraron, y después de haber estado tomando a la vista
del público, en el patio de dicho establecimiento, salieron todos
armados, inclusive el C. Juez de lo Penal, quien se dirigió
acompañado de Vildósola al centro de la población, tomando los restantes rumbo
a la Jefatura de Operaciones donde estuvieron en las afueras, oyendo
una arenga que el C. Diputado Covarrubias les dirigía, no pudiendo los agentes
de esta Comandancia darse cuenta de lo que se habló».
«Enseguida, el mismo grupo capitaneado por el
tantas veces repetido diputado, se dirigió al Palacio Municipal, forzando el
señor Covarrubias una puerta de la parte trasera del edificio y abriendo
él mismo la puerta principal que da a la calle, para darles el paso a los
regidores y una media docena de ebrios que se abalanzaron al Salón
donde se encuentran hasta este momento (19.30 de la tarde), escandalizando en
completo estado de embriaguez y armando actitud agresiva, teniendo nosotros ya
a la Policía franca y la de servicio apostada en las salidas del edificio para
evitar que se les una más gente. Esperando instrucciones de esa superioridad
para obrar en este caso por demás delicado, en vista de que todos esos
individuos a que me he referido, están apostados por dentro, a un lado de las
puertas, con pistola en mano, sin excluir al C. Diputado Ricardo Covarrubias».
El alcalde
Loera y sus camaradas, después de empezar el guateque desde un día antes en Calexico
y de proseguirlo dentro de la cárcel de Mexicali con el juez que desde el día
10 de julio había expedido una orden de aprehensión en su contra; acompañando
al diputado federal Ricardo Covarrubias, abandonan la cárcel y se dirigen hacia
las instalaciones de la Jefatura de Operaciones Militares, por la calle
de Lerdo, a un costado del Club Atlético, con la esperanza de entrevistarse con
el general Jesús M. Ferreira.
 |
| Jefatura de Operaciones Militares |
Desde los
escalones de la Jefatura Militar, habría sido la ocasión en que el
diputado Covarrubias lanzara una enardecida proclama de más de media hora
contra el gobernador y sus presuntos esbirros, para luego dirigirse, en
compañía de sus camaradas ebrios, por la calle de Madero rumbo a Palacio
Municipal e ingresar al recinto por la puerta trasera, encontrándose a
Rafael G. Rosas en su interior, siendo expulsado a la calle a punta de
empellones.
Ese día 14, el
vicepresidente Rafael G. Rosa, con el apoyo del gobernador, se hizo cargo de la
presidencia municipal, y Agustín B. González fue nombrado secretario del
Ayuntamiento.
Al filo de las
8 de la noche, obedeciendo órdenes superiores, el teniente coronel Raúl Michel
y el capitán Lecanda, se presentan, solos, a palacio municipal y se unen a Juan
Meneses y a Guillermo Guillén que comandaban al grupo de gendarmes apostados a
las afueras del recinto municipal.
A las 8.15, el general J. M. Ferreira, le rinde al gobernador un escueto parte en calidad de urgente:
«Siendo las 20.15 minutos, se produjo un tiroteo
entre los regidores loeristas, encabezados por el diputado Covarrubias, y la
policía municipal en el edificio del Ayuntamiento».
A esa hora, el
diputado Ricardo Covarrubias, su ayudante José María Michel y el alcalde Juan
Loera, salieron de palacio municipal con pistola en mano dispuestos abordar el
automóvil venido expresamente a recogerles, siendo recibidos afuera por el
teniente coronel Raúl Michel, el capitán Lecanda, Juan Meneses y Guillermo
Guillén, para exigirles que entregaran las armas. Covarrubias aclaró que él no
lo haría, arguyendo tener fuero. Luego el ayudante de Covarrubias —José María
Michel—, levantó el arma con ánimo de disparar y, entonces, el teniente coronel
Raúl Michel y el capitán Lecanda se abalanzaron sobre él con el fin de
desarmarlo, produciéndose un forcejeo. De pronto, desde atrás, Juan Loera le
daba de tiros a Guillermo Guillén soltándose la balacera entre loeristas
parapetados dentro del recinto municipal, el diputado Covarrubias y el alcalde
Loera contra la Policía apostada a los cuatro costados de aquel
edificio.
Pero mejor
dejemos a Juan Meneses —ayudante Secretario de la Inspección
General de Policía— que nos cuente de lo ocurrido a través de las declaraciones
que hiciera, en la Jefatura de Operaciones Militares, al general
Ferreira la noche del sábado 14 y la mañana del domingo 15 de julio de 1923:
«Llamado a declarar el ayudante Secretario
de la Inspección General que se encontraba al frente de dicha
Policía, ofreciéndose conducir con verdad, dijo llamarse Juan Meneses,
originario de Torim, Sonora, de 29 años de edad, soltero, empleado, y con
domicilio en la Avenida Teniente Guerrero de esta ciudad, y a
preguntas especiales expuso sobre los hechos acontecidos, lo siguiente»:
«Que habiendo recibido órdenes de su Superior
inmediato para aprehender a cada uno de los Regidores que estaban posesionados
en el recinto municipal, en caso de salir a la calle, dividió en 4 grupos la
policía a su mando, para vigilar por los 4 vientos las salidas del mencionado
edificio y poder dar cumplimiento a la orden recibida».
«De esta escaramuza, resultaron muertos de nuestra parte, los policías
Carlos García, Eustolio Macedo y herido el Ayudante Secretario de la
Inspección General, Guillermo Guillén, cabo tercero [Guillén moriría al poco en el hospital]».
«Habilitado Marcos Villegas y los policías Jesús
Manríquez, Silvestre Higuera y Bernardo García; y de la parte de los
regidores, resultaron heridos el diputado Covarrubias, ligeramente, el ex
presidente Juan Loera y el ex regidor Quirino Luna, y otro ex regidor que hasta
ahorita no se sabe quién es; de los particulares que estaban en la acera del
Hotel Carrillo, hacia cuya dirección tiraban los regidores, resultaron heridos
Ramón Meza y Emilio Márquez y el regidor en funciones Enrique Mérida».
«Pasada la excitación del momento y habiendo
llegado al lugar de los acontecimientos un piquete de la fuerza federal, retiré
a la policía del lugar referido, a sitios donde con más confianza pudiéramos
seguir en vigilancia, en donde permanecí hasta las 21 horas [9 de la noche]».
El teniente
coronel Raúl Michel se hizo cargo de la situación, ordenándole a Meneses que se
presentara en la Jefatura Militar a declarar y que retirase de allí a
los gendarmes bajo su mando. Al rato, el teniente coronel Michel y el capitán
Lecanda harían lo propio en compañía de un piquete de soldados. Al acto,
el inspector Francisco Dávila ordenaría a la Policía realizar
custodia permanente alrededor de Palacio Municipal. Al día siguiente, Meneses
es vuelto a ser requerido por la Jefatura Militar, abundando sobre algunos
nombres de los participantes en aquella refriega armada:
«Ampliando mi parte rendido el día de
ayer [14], en relación a los sangrientos acontecimientos
ocurridos en el edificio municipal, omití los nombres de algunos particulares
que tomaron parte muy activa en el tiroteo, pues se encontraban adentro del
mencionado recinto, acompañando a los regidores y cuya omisión se debió a la
falta de conocimiento exacto de quiénes eran. Hoy, en posesión de los nombres
de ellos, me permito ponerlos de usted, siendo los siguientes: Rosauro
Rojo, Secretario del Ayuntamiento; los ex regidores Donaciano Alejo y Quirino
Luna; José Romo, Delegado de la Colonia Zaragoza, quien portaba carabina
30-30; J. Concepción García, delegado de la Colonia Sonora; Manuel Haro,
Hermenegildo Gastélum, Asensio Miranda, Pablo Rodríguez, Luis Valdez y un hijo
del regidor Fulgencio Gallego».
Después de la
balacera, el afortunado “Indio Loera”, con un rozón de bala, reingresó al
edificio municipal con ánimo de proseguir la parranda con sus compañeros
regidores. Más tarde, acompañado de un par de sus colegas, se iría a Calexico a
seguir a Covarrubias que había marchado levemente herido.
En lo que el
gobernador le comunicaba al presidente de la República sobre el
trágico suceso, Covarrubias hacía lo propio con el secretario de Gobernación,
Plutarco Elías Calles, a través de este mensaje telegráfico:
«Audaz gobernador de Distrito Norte, transformó
esbirros a sus órdenes en asesinos de regidores de Mexicali, hallándose en
Sesión Permanente, asaltándola. Siendo repelidos y haciéndoles 3 muertos y 5
heridos. Nosotros: presidente municipal herido; regidor Donaciano Alejo, herido
levemente; regidor Quirino Luna, herido gravemente, además, el suscrito herido
de un pie levemente. Municipio témese que asesinos continúen con su actitud.
Permanente, ocupando recinto municipal. Mitin Cooperativista, citado para hacer
Manifestación, como ofrenda a las víctimas del cacicazgo de José Inocente Lugo:
Suspendido. Ricardo Covarrubias, Diputado Federal por D N de B C.».
El lunes 16, el
cabo Tomás Meza —encargado de la vigilancia tras la ausencia de Juan Meneses—
le rinde a éste un informe de la evolución de los sucesos al interior del
edificio municipal, Meneses a su vez envía de inmediato dicho reporte a su
jefe, el inspector Francisco Dávila:
«Tengo el honor de participar las novedades ocurridas en las últimas 24
horas. Los ex regidores que se habían pasado a territorio norteamericano,
acompañando al señor Loera, ex presidente municipal, se regresaron acompañados
del mismo a esta ciudad, a las 13 horas, penetrando por la zona federal al
juzgado de lo penal en donde permanecieron por espacio de 2 horas [hasta las 3 de la
tarde] hablando con el Juez [José Elías Castro]. Al poco llegaron
Francisco Vildósola y Rodolfo Portillo, quienes llevaban bultos, en los que
probablemente conducían pistolas y cartuchos, pues a las 15 horas se vieron
salir de ahí a los mencionados regidores en potentes automóviles y debidamente
armados con pistolas, en compañía del Juez de lo Penal rumbo a la cárcel donde
penetraron todos. Poco después salieron el referido juez rumbo a su oficina;
cinco minutos después salieron los regidores rumbo a la línea.»
Una hora
después, Dávila le estaba informando al gobernador sobre la llegada a Mexicali
de 13 individuos, de Tijuana, pertenecientes al Partido Nacional Cooperativista,
quienes al encontrarse con Francisco Vildósola le habían dicho contar con otros
40 hombres más. El gobernador, desesperado, se apresura a dirigirle al general
Ferreira el siguiente comunicado:
«Estimo prudente que las fuerzas a su mando,
desalojen el palacio municipal, ya que de hacerlo los elementos de la policía,
podría surgir un serio conflicto dada la escisión existente entre éstos últimos
y las personas que se encuentran ocupando el mencionado palacio, además, de que
prolongarse esta situación violenta, la sociedad sufriría serios trastornos a
la tranquilidad a que tiene derecho y que estamos obligados a proporcionarle de
acuerdo a los mandatos de Ley. J. I. Lugo, Gobernador del Distrito».
A las 8 de la
noche de ese lunes 16, el general Ferreira, acompañado de uno de sus
asistentes, de Juan Meneses y de Ignacio Castanedo, Agente del Ministerio
Público (desde el día 10 del presente portador de una orden de aprehensión
contra los loeristas), se presentan en Palacio, y el general, muy complaciente,
empieza a conversar con los otrora contertulios, conminándoles a abandonar en
santa paz las instalaciones. Los loeristas acceden gustosos.
Sobre dicho evento que —contado así— pareciera algo inverosímil, Juan Meneses ratifica esta realidad a través del reporte realizado por él y luego puesto en manos de sus superiores:
Sobre dicho evento que —contado así— pareciera algo inverosímil, Juan Meneses ratifica esta realidad a través del reporte realizado por él y luego puesto en manos de sus superiores:
«Siendo las 20 horas del día 16, retiré a
los miembros de la Policía que estaban encargados de vigilar a
los individuos sediciosos que ocupaban el palacio municipal, reconcentrándolos
en la comandancia; enseguida se presentó el Jefe de Operaciones Militares,
acompañado de uno de sus subalternos y con toda cortesía invitó a salir a los
ex regidores del citado edificio, habiéndoles puesto en libertad, como lo están
hasta hoy; inmediatamente el C. Agente del Ministerio Público y el suscrito,
cerramos las puertas del mencionado palacio municipal y las sellamos en
presencia del señor Jesús M. Ferreira y ex regidores».
El
martes 17, a primera hora, el gobernador recibe un comunicado
de la Subsecretaria de Relaciones Interiores y Gobernación, firmado
por subsecretario Gilberto Valenzuela, en el que le daba a saber que, por
acuerdo presidencial, y conforme a lo prescrito en los artículos 53 y 59
de la Ley Orgánica del Distrito y Territorios, ninguna de las dos
fracciones de regidores en pugna había tenido facultades legales para llamar a
los suplentes, estando imposibilitados para integrar quórum y actuar en
consecuencia con carácter de Ayuntamiento, y por lo tanto se podía asegurar que
desde la sesión del 25 de mayo, había quedado el cuerpo edilicio sumido en la
desintegración y que, en términos de Ley, debía proceder de inmediato la
destitución del cuerpo edilicio. Fue de ese modo como desde la
Presidencia de la República quedaba disuelto por primera vez el
Ayuntamiento de Mexicali, a mediados de 1923.
Ese mismo día
17, además, Inocente Lugo recibió de parte del juez José Elías Castro un
oficio donde anunciaba que al filo de las 3.30 de la tarde había pronunciado
auto de prisión preventiva en contra de los señores Juan Loera, Manuel
Márquez, Dámaso Lemus, Jesús Castro, Fulgencio Gallego y Quirino Luna,
como presuntos responsables del delito de coalición de funciones, sin hacer
mención de un agravante como el homicidio. Con ellos, habían sido detenidos,
también, los señores Donaciano Alejo, Arturo Echeverría, Juan
Jacobo, Eligio Chacón, Antonio Alonzo, Pedro G. Martínez y Vidal R.
Martínez por ejercer funciones públicas que no eran de su competencia.
Diez días más
tarde —el 27 de julio—, gozando de libertad bajo fianza, los antes aludidos
fueron reaprehendidos por el general Jesús M. Ferreira y remitidos a la
sede del 21º Batallón en la esquina de Lerdo y Altamirano, luego de que Enrique
Ballesteros —Agente del Ministerio Público Federal— ejerciese acción penal en
contra del ex munícipe Loera y seguidores por los delitos de ultraje a
funcionarios públicos, resistencia a la policía, homicidio, lesiones, coalición
de funciones, ejercicio de funciones que no corresponden, falsificación de
actas y usurpación de funciones.
Durante aquel
lapso brutalmente surrealista y sangriento que delimitó la posterior renuncia
del gobernador José Inocente Lugo, todo indica que el gobernante
guerrerense habría sido víctima de un complot orquestado desde Gobernación, en
el que participaron, indirectamente, el administrador de la Aduana de
Mexicali —Antonio Flores—, yéndose entre peteneras el juez José Elías Castro
y el jefe de operaciones militares Jesús M. Ferreira. Apareciendo como
realizadores del trabajo sucio, el diputado federal Ricardo Covarrubias, el
alcalde Juan Loera y sus regidores loeristas, afiliados al Partido Nacional
Cooperativista (PNC) en el Distrito Norte.
En el
caso específico de José Elías Castro, para 1924, obtuvo un ascenso como Juez de
Primera Instancia en Guaymas, en la tierra del entonces gobernador Abelardo L.
Rodríguez. A finales de la década de los veinte, el juez Castro regresó a
Mexicali para integrarse a la Cámara Agrícola Nacional donde estuvo a
cargo del departamento jurídico. En octubre de 1947, pasó a ser secretario de
Gobierno durante la administración de Alfonso García González a la cabeza
del gobierno del Territorio Norte de la Baja California.
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| Enrique Ballesteros |
El 20 de
Julio de 1923, por órdenes de Ignacio Zeferino Enríquez Siqueiros y de Jesús
Agustín Castro —gobernadores de Chihuahua y Durango, respectivamente—; un grupo
de sicarios asesinan al divisionario Francisco Villa y al coronel Miguel Trillo
en el poblado de Parral, Chihuahua. Un año atrás —1922—, ya habían fusilado al
general de división Francisco Murguía, carrancista alzado en armas contra
Obregón. En ese año, en Laredo, Tamaulipas, también habían ultimado al general
radical Lucio Blanco. Con la muerte del general Villa, se daba el banderazo de
salida de la carrera presidencial para las elecciones de 1924, entre Plutarco
Elías Calles —secretario de Gobernación— y Adolfo De la
Huerta —secretario de Hacienda—.
En agosto de
1923, el coronel felixista Francisco Dávila, Inspector General de Policía del
Distrito Norte, era sustituido por el ex cantuista Juan N. Vázquez, quien había
llegado a Ensenada, en 1911, como parte del cuerpo de oficiales del 8º Batallón
al mando del coronel Miguel Mayol. El ahora inspector de Policía, Juan N.
Vázquez, al finalizar la revuelta magonista, había optado por permanecer en el
Distrito Norte y como producto del cuartelazo de Fortunato Tenorio, en 1914,
había ido prisionero a la cárcel militar de Mazatlán para luego regresar al
territorio e integrarse al “Regimiento Esteban Cantú”.
Los ministros en pos de la silla presidencial
Buscando la
presidencia de la Republica, el 1 de septiembre de 1923, Plutarco Elías
Calles —secretario de Gobernación— renunciaba a su puesto, ocupando su lugar
Gilberto Valenzuela Galindo. Veinticinco días después, Adolfo De la
Huerta —secretario de Hacienda— hacía lo mismo que su homólogo de
Gobernación, dejando el puesto en manos de Alberto J. Pani.
Para el 11 de septiembre,
azuzados por el diputado Ricardo Covarrubias, los líderes del Nacional
Cooperativista de la localidad de Tijuana, Gabriel Muñoz, Ricardo
Romandía, hijo, y Heriberto Villarino, acompañados de un centenar de
partidarios, irrumpen al interior del Casino Tivoli, de Carl Withington,
poniendo patas para arriba las mesas de juego mientras la clientela se encontraba
—atareada— jugando.
El centro del
problema era el choque de intereses económicos entre la empresa Monte Costa Jockey
Club, representada por Jerome Bassaty, tratando de construir otro hipódromo en
Playas de Tijuana, en colusión con los de Carl Withington, James Coffroth y
Wirt G. Bowman, socios del Hipódromo de Tijuana. Los cooperativistas estaban a
favor Jerome Bassaty porque prometía contratar a trabajadores mexicanos
en el levantamiento de aquella mole, y doblemente en contra de los dueños
del Hipódromo de Tijuana cuya plana mayor de empleados estaba compuesta de norteamericanos,
cuyos intereses patronales se encargaba de salvaguardar el gobernador
Lugo.
Este escándalo
provocado por los cooperativistas tijuanenses había ido acompañado de un mitin
en el que se pedía —fuera de las instalaciones de la delegación municipal— la
cabeza de José Inocente Lugo, mejor conocido ya como “cara de murciélago”.
Estos hechos atrajeron la atención de la prensa estadounidense y, por
añadidura, el acalambramiento del gobierno de la República no se hizo esperar.
Las reprimendas
de Gilberto Valenzuela Galindo —secretario de Gobernación— ensordecieron los oídos
del gobernador Lugo y del jefe militar Jesús M. Ferreira. Ante eso, el
gobernador desquitaría su coraje sobre la humanidad de Juan N. Vázquez —inspector
de Policía— y de Juan Julio Dunn Legaspy, encargado de esa corporación en
Tijuana, porque según esto se habían visto resto impasibles para actuar con
energía frente aquellos sucesos tan bochornosos. En realidad, Dunn Legaspy
estaba a favor de los cooperativistas.
La liberación de los loeristas
El 18 de
septiembre, el licenciado Mariano Nagore —jefe del Ministerio Público Federal,
en Tijuana— recibe un telegrama enviado por M. I. Fierro —procurador general de
Justicia del Distrito y Territorios Federales—, ordenando lo siguiente:
«Agente del Ministerio Público. Tijuana, B. C. Por
acuerdo del C. Presidente de la República, autorízolo para que desista
acusación hecha contra munícipes, Mexicali. Atte. M. I. Fierro, Procurador
General de Justicia del Distrito y Territorios Federales».
Para octubre
23, el licenciado Enrique Ballestero —Agente del Ministerio Público Federal— se
desistía formalmente de la acción penal ejercida en contra de los ediles
mexicalenses por los eventos ocurridos el 14 de julio pasado en la presidencia
municipal de Mexicali. No obstante, el gobernador se interpondría firmemente
obstruyendo su liberación.
El
26 de octubre, el general Abelardo L. Rodríguez, viudo pero feliz, retornaba de
Mazatlán a Mexicali para volverse hacerse cargo de la II Jefatura de
Operaciones Militares del Distrito Norte, sustituyendo a Jesús M. Ferreira; éste
fue ascendido a general de división y, para 1929, siendo jefe de operaciones en
Chihuahua, sería uno de los que secundase la rebelión Escobarista contra Calles,
para luego arrepentirse y huir hacia los Estados Unidos.
El 2 de
noviembre —día de Muertos—, José Inocente Lugo se convertía en cadáver
político, al renunciar al gobierno del Distrito Norte con el señuelo de que se
iría representando a la Legación de México en la Habana.
Su relevo era el general Abelardo L. Rodríguez, que asumía el cargo de
gobernador ostentando al mismo tiempo el título de jefe de operaciones
militares.
Ese lunes 5 de
noviembre de 1923, José Inocente Lugo, acompañado de su esposa Carmen, de sus
tres hijos, de su hermana Rosa y de su secretario particular Navarrete, en que
fueron despedidos en el andén del ferrocarril de la Estación de Calexico,
por Manuel Proto —en representación del gobernador Abelardo L. Rodríguez—,
cuándo hubiera imaginado Lugo que su carrera política se iba a estancar hasta
1938, año en que su estrella política volvió a fulgurar al ser designado
senador por su estado natal Guerrero, además de ser nombrado general de
brigada. Después de su mandato en el Distrito Norte, José Inocente Lugo estuvo
metido quince largos años en el congelador de la política.
Al mes de estar
Abelardo L. Rodríguez a cargo del Distrito Norte —el 7 de diciembre—, estalla
la rebelión delahuertista, estando Adolfo De la Huerta en Veracruz.
Al día siguiente, Enrique Estrada —ex secretario de Defensa con Obregón— jefe
de operaciones en Jalisco, se proclama a favor de De la Huerta, siendo
secundados, en todo el País, por 36 generales con mando de tropa.
Por esas fechas
el diputado federal Ricardo Covarrubias, desde México le envía al gobernador Abelardo
Rodríguez Luján, el siguiente telegrama:
Con antelación —el día 3 de diciembre—, Abelardo L. Rodríguez ya le había solicitado al presidente Obregón justamente lo que le pedía el diputado Covarrubias, enviando a la Oficina de la Presidencia copia del telegrama expedido —el 18 de septiembre pasado— por el Procurador Fierro en el que ordenaba al Ministerio Público Federal desistir en sus acusaciones contra el primer edil Loera y sus compañeros concejales.
«[En] virtud [a] intrigas de funcionarios de
justicia del Distrito, presidente municipal de Mexicali y regidores continúan
presos injustamente. Espero su benevolencia ejercítese con el fin de que
obtengan detenidos reparación correspondiente, quedándole infinitamente
agradecido a usted. Atentamente. Ricardo Covarrubias, Diputado del D. N. de B.
C.»
Con antelación —el día 3 de diciembre—, Abelardo L. Rodríguez ya le había solicitado al presidente Obregón justamente lo que le pedía el diputado Covarrubias, enviando a la Oficina de la Presidencia copia del telegrama expedido —el 18 de septiembre pasado— por el Procurador Fierro en el que ordenaba al Ministerio Público Federal desistir en sus acusaciones contra el primer edil Loera y sus compañeros concejales.
Hasta
el 20 de diciembre de 1923 —cinco meses después de su reaprehensión—, fue la
fecha en que —Juan Loera, Manuel Márquez, Dámaso Lemus, Jesús Castro,
Fulgencio Gallego, Quirino Luna, Donaciano Alejo, Arturo Echeverría, Juan
Jacobo, Eligio Chacón, Antonio Alonzo, Pedro G. Martínez y Vidal R. Martínez—
habrían de quedar desligados y absueltos de los procesos penales en su contra.
Esto ocurrió 11 días antes de que Juan Loera hubiera acabado su gestión como
alcalde, de haber trascurrido ésta de manera regular; no obstante, secundando
lo dicho por Covarrubias en su telegrama, los muy cínicos exigirían al
gobernador la reparación correspondiente de daños, solicitando ser reinstalados
en sus puestos con el fin de lavarse políticamente la cara y convertirse en los
operarios políticos de la próxima elección municipal. Lógico, con Abelardo L.
Rodríguez la yunta de bueyes toparía con troncón.
El
desdén del nuevo gobernador hacia los compinches del diputado federal Ricardo
Covarrubias, sería interpretado por éste como una afrenta a sus decisivos afanes
en pro de la caída de José Inocente Lugo del gobierno distrital. Abelardo L.
Rodríguez y Ricardo Covarrubias, ya se verían las caras para 1924.
roberelenes@gmail.com
SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600
1 comentario:
Hola, yo soy sobrina nieta por linea paterna de Don Jesus Castro, es Don Jesus Castro Orduño, y estaban en contra de los chuntaros del sur, mi nombre es Beatriz Godinez Alvarez, mi padre es su sobrino el Doctor Victor Javier Godinez Castro, mi tio abuelo era de Guaymas Sonora, mis bisabuelos sus padres eran Antonio Castro Gomez(de Alamos y Ures Sonora) y Carmen Orduño Dominguez (de Guaymas Sonora) todos descendientes de fundadores de Sonora provenientes de Castilla España, quisiera saber donde esta enterrado mi bisabuelo aqui en Mexicali y mucho le agradeceria me enviara informacion a mi correo electronico bga1704@gmail.com
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