XI. Los gobiernos de la gran crisis económica (1929)

Por Roberto Elenes

José María Tapia Freyding

Dentro de los ciclos del tiempo, todo periodo de bonanza y plenitud económica en sí mismo conlleva el preludio de su inminente caída. Eso del apogeo económico de los Estados Unidos venía sucediendo desde 1920, dominado por el liberalismo tradicional frente a un Estado laxo como ente regulador de la vida social, política y económica de un país, dando manga ancha al mercado especulativo (libre mercado), en este caso operando dentro de una Nación con una poderosa economía creciente y con fuertes flujos de inversión en el mercado accionario de valores, a nivel mundial, cuyo influjo negativo acabaría por ser aparatosamente funesto. 

Desde 1929, esta historia se ha venido repitiendo hasta nuestros días, ocasionada por la irresponsabilidad del status quo financiero estadounidense al infringir serias lesiones al patrimonio familiar de millones y millones de personas en el mundo. Ese año nueve millones de norteamericanos tenían todo su dinero invertido en acciones cuyos precios iban en vertiginoso ascenso dentro de la Bolsa unido esto a la baja de intereses, hasta llegar al punto en que los grandes especuladores del mercado bursátil decidieron que eso ya no era negocio y que habría ahora que cambiar las reglas del juego invirtiendo en otros activos más rentables fuera de la Bolsa, empezando —para el miércoles 16 de octubre— por vender de manera abrupta 6 millones de acciones, provocando una baja considerable en el precio de las mismas y una situación de pánico entre los inversores, que suscitó al día siguiente un remate de acciones por 12 millones de dólares. Para el miércoles 23, se volvería a producir otra venta masiva de 9 millones de acciones en la Bolsa, lo que provocó en sólo días una pérdida de 14 mil millones de dólares dentro de los valores accionarios.

Para el 24 de octubre —el Jueves Negro—, Wall Street  se colapsó, quedando en la miseria nueve millones de inversionistas de la noche a la mañana, grandes empresas como General Electric y Woolworth se declararon en quiebra, quedando sin trabajo 2 millones de personas.

En cosa de días, el mercado especulativo de acciones en la Bolsa devastó al mercado interno y al capital productivo de los Estados Unidos, quedando millones de norteamericanos literalmente en la calle. Aquella debacle económica estadounidense tornóse en un megacrac esparciéndose como un cáncer terminal hasta los rincones más apartados del planeta.

En tanto, en el Distrito Norte de la Baja California, el gobernador Abelardo Rodríguez Luján después del fin de la cristiada, del alzamiento escobarista, y de la salida de Calles de la Presidencia, teniendo, además, encima el crac financiero de octubre de 1929, y de pilón sorteando las arremetidas de la organización radical Rojo y Negro, inteligentemente se apresura a pedir su renuncia al presidente provisional Emilio Portes Gil, dejando en su lugar a su fiel colaborador José María Tapia Freyding.

           

Hotel Riviera del Pacífico

Entre 1930 y 1935, vendrían a ser los gobernadores José María Tapia Freyding, Arturo Bernal Navarrete, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, Arturo M. Elías y Agustín Olachea Avilés a quienes les tocó sortear aquella grave crisis económica de poco más de cuatro años. Paradójicamente, la cosa cambió para al empobrecido pueblo de Ensenada, cuando, en 1929, Abelardo —el financiero— mandó a construir su residencia estilo californiano en la villa pesquera del Sauzal, viniendo de la mano la inauguración del majestuoso Hotel Playa (Hotel Riviera del Pacífico) con su casino. Con eso, la economía del puerto salió de su largo marasmo, experimentando un nuevo impulso. El antiguo Riviera del Pacífico es un portento arquitectónico creado por el arquitecto Gordon F. Mayer.

Debacle económica de Mexicali

Sin contar el aspecto político, una de las variables importantes para detectar el impacto de la depresión económica mundial de finales de los veinte sobre la región del Desierto del Colorado, es sin duda observando el comportamiento entre ciclos agrícolas sembrados y la cosecha de algodón levantada en el Valle, con relación al precio pagado por la libra del producto en el transcurso los años de 1929 a 1934.

           

Durante el ciclo agrícola 1929-1930, se cultivaron 58 800 hectáreas lográndose cosechar 75 076 pacas a un precio —bajo— de 16 centavos la libra; en lo que atañe al ciclo 1930-1931, la producción del algodón descendió 18 mil hectáreas de cultivo menos (o sea, 40 mil) frente a la del año anterior, obteniendo tan sólo 45 000 pacas, pagaderas a 8 centavos la libra; es decir, fue pagada a la mitad de lo que se había vendido un año atrás. Durante el ciclo siguiente, el de 1931-1932, la libra de algodón estaba pagándose a 4 centavos —precio equivalente al de la crisis algodonera de la década pasada— sembrándose en el Valle tan sólo 27 600 hectáreas cuya producción fue de 26 250 pacas: casi menos de la mitad en comparación a lo cosechado un año atrás. En el transcurso del ciclo 1932-1933, la libra de algodón fue pagada al mismo precio del año anterior, obteniéndose solo una cosecha de 14 017 pacas, de una nimiedad de 10 800 hectáreas sembradas.

Sería hasta el ciclo agrícola 1933-1934, en que el precio del algodón gozara de un repunte de 11 centavos la libra sobre la venta de 17 967 pacas cosechadas dentro de 21 600 hectáreas. Se sembró un poco más del doble en comparación al ciclo 1932-1933, pero con un exiguo rendimiento por hectárea.

Como ven, un panorama económico muy deprimente para una comarca eminentemente algodonera, arrastrando un fuerte déficit fiscal por la baja recaudación de impuestos en el ámbito de la industria del entretenimiento y del sector comercial, a raíz de la expulsión de los comerciantes chinos.    

De 1929 a 1935, entre los 5 gobernadores que hubo por estas tierras, los gobernantes que verdaderamente pasarían las de Caín en la Baja California abelardista —mientras Abelardo estudiaba aeronáutica en Europa—, fueron José María Tapia Freyding, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada y en menor grado Agustín Olachea Avilés. El general Arturo Bernal Navarrete —jefe de Estado Mayor con el general Joaquín Amaro, entonces secretario de Defensa— estuvo a cargo del Distrito Norte cosa de cuatro meses (del 3 de septiembre, al 27 de diciembre de 1930), día en que a solicitud expresa al presidente Pascual Ortiz Rubio, fuesen atendidos sus ruegos para tirar el arpa, yéndose de vuelta a casa. En lo tocante al ex porfirista Arturo M. Elías, que gobernase sólo 21 días —del 18 de agosto a septiembre 8 de 1932— para los mexicalenses su presencia más bien significó un resuello por las tropelías cometidas por el pasado gobernador: Agustín Olachea Avilés, que, para colmo de males, el mismo día en que salía Elías del gobierno, Olachea retornaba al Territorio para sustituirle.

La revolución corporativizada en el Distrito Norte

Juan B. Hernández 

Entre el 1 y el 4 de  marzo de 1929, por iniciativa del general Plutarco Elías Calles se llevó a cabo una Convención en la ciudad de Querétaro con objeto de crear una coalición entre los partidos y agrupaciones políticas existentes en el país, cuyo fin era unificar en torno al Estado a las fuerzas vivas de la revolución. La resultante de aquella magna asamblea fue el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que vendría a conjuntar en uno solo el poder político y económico a los gobiernos de la revolución con los cacicazgos establecidos en las entidades y distritos territoriales del país.

Aquella ola institucionalizadora de las fuerzas políticas, nacida en Querétaro, avasallaría las diferentes latitudes de la Nación hasta llegar de manera lenta pero segura al Distrito Norte, ya que para el 4 de abril de 1930, procedente de México, el periodista Juan B. Hernández aterrizaba en Mexicali revestido con el título de presidente del Comité Ejecutivo Distrital del nuevo Partido, fijando para el domingo 25 de mayo, en el Teatro Iris, la fecha para llevar  a cabo la 1ª  Convención del P.N.R. en el Distrito Norte, cuyo cometido era instaurar una mesa directiva que finalmente quedó formada por el propio Juan B. Hernández, como presidente de debates; por José J. Rodríguez, secretario de acuerdos; y por Alfredo Garza y Salvador Casillas, a guisa de escrutadores, con el fin de elegir al ciudadano que representaría al P.N.R. en la contienda federal para conformar la 34ª Legislatura del Congreso de la Unión.

           

Ese día, el Teatro Iris estaba atiborrado de delegados venidos de los cuatro puntos cardinales del distrito, representando a los diversos institutos políticos: los Partidos Álvaro Obregón y Socialista, de Tijuana; el Partido Liberal Democrático, dirigido por Guillermo Z. Lugo, el de mayor arrastre en la región; el Partido Agrarista de Ensenada, ahora nombrado, también, Álvaro Obregón, incluyendo a una sarta de organizaciones sindicales cuya creación había sido estimulada por Rodríguez Luján cuando gobernador, como la Liga de Chóferes de Mexicali, perteneciente a  la Confederación de Sindicatos y Uniones Obreras del Distrito Norte de la Baja California presente ahí con todos sus sindicatos afiliados.

            

Al final, José María Dávila —jefe de la oficina de Emigración—  se quedó con la candidatura para diputado federal y acompañado de Manuel Monter como suplente, ganando las elecciones a los ex cooperativistas Ricardo Romandía, hijo, y a Manuel Lacarra, ambos tijuanenses.

Entre los miembros del P.N.R. y los grupos radicales como Rojo y Negro, tan divergentes en algunas cuestiones de fondo, sí existía un punto de coincidencia: la mexicanización del Distrito Norte, pero con una óptica diametralmente opuesta en cuanto a la tenencia de la tierra.

           

Durante la etapa de desarrollo del proyecto de mexicanización callista en el todavía Distrito Norte, lo que hizo Elías Calles fue lo hecho por Obregón a finales de 1922, embozalar a la “Colorado River” descalificando la legalidad de sus propiedades en el Valle mexicalense porque sus títulos de propiedad habían sido expedidos por el porfiriato y no por los gobiernos de la revolución.

Con obvia dedicatoria a los chinos, la estrategia de Plutarco Elías Calles planteaba primero la necesidad de acabar de expulsar a los comerciantes y prestadores de servicios extranjeros que quedaban en la región, y luego crear colonias agrícolas en el Valle de Mexicali destinadas exclusivamente a ciudadanos mexicanos, con derecho a obtener títulos de propiedad mediante la compra de terrenos, cuyas reglas de compra-venta jamás fueron claramente definidas. Asimismo, el plan ordenaba que las compañías extranjeras debieran contratar a un mínimo del 80% de personal mexicano, tomando el idioma español para uso corriente en carteles de anuncios comerciales, privilegiando el uso de la moneda nacional en toda transacción comercial.

Entre 1930 y 1933, alrededor de 311 mil 716 trabajadores mexicanos fueron expulsados de los Estados Unidos, refugiándose en los poblados mexicanos asentados a lo largo de la frontera norte; jornaleros agrícolas en su mayoría que quedaron varados en aquellos pueblos por falta de recursos económicos para desplazarse hacia sus lugares de origen, quedando en circunstancias de mayor vulnerabilidad los que se vieron atrapados en el doblemente aislado entorno bajacaliforniano. 

Para los radicales la reforma callista no era otra cosa que un ardid proteccionista del latifundio, pues partía de la base de que el gobierno del Distrito Norte, conforme fuese obteniendo recursos de un aparato fiscal colapsado y en plena hecatombe económica, debía de ir comprando poco a poco a la Colorado River Land Company unas tierras cuya propiedad había sido deslegitimada de nuevo, habiendo en el pueblo una multitud expatriada sin empleo y con hambre urgiendo por un pedazo de tierra donde sembrar.

            

Ante ese cuadro desgarrador, los radicales exigían que se llevara a cabo una inmediata expropiación de tierras con el fin de repartirlas entre aquéllos que querían ponerse a trabajar para tener algo con que vivir y enfrentar con ánimo los desafíos de la vida. Los radicales estaban a favor de un reparto agrario como parte de una primera etapa de ejecución de una Reforma Agraria de mayor alcance.

Tapia Freyding: garrote fiscal y político

En 1930, durante el periodo del gobernador José María Tapia Freyding, a pesar de que el ex gobernador Rodríguez Luján había creado una Comisión del Salario Mínimo en el Distrito Norte, instaurando un salario base obligatorio de 4 pesos para la clase trabajadora en el Distrito Norte, con la crisis el salario mínimo bajó abruptamente a 1 peso diario con derecho a una ración alimenticia de un kilo de harina y medio kilo de fríjol por trabajador que gozase la fortuna de tener empleo. 

           

Tapia Freyding, sin el subsidio de 900 mil pesos que el gobierno de la República otorgara al Distrito Norte hasta 1924, año en que Abelardo rechazó obtener dichos recursos financieros, opta por recuperar ese dinero y al no lograrlo, decide aumentar los impuestos al licor y a la gasolina tratando de aplicar gravámenes sin permiso de la Federación. Después de la experiencia Cantú, eso era —ahora sí— algo más o menos que imposible en el Distrito Norte. 

Además, el “Impuesto Tapia” relacionado a licores y vinos exigía a los vinateros e importadores, buena parte de ellos contrabandistas de licor hacia Estados Unidos, depositar previamente sus productos en los almacenes del gobierno con fines fiscalizadores. Un trámite  tildado de inseguro y demasiado engorroso que jamás se aplicó porque de inmediato el gobernador se echó encima a Hacienda, a vitivinicultores de la región, a comerciantes importadores y a un clan de agentes aduanales envueltos en una posición escabrosa en torno a su futuro inmediato.

Siendo así de difíciles las cosas, Tapia Freyding solicitaría al presidente Pascual Ortiz Rubio y a  Luis Montes de Oca —secretario de Hacienda— exención de impuestos a la importación de productos alimenticios básicos para el Distrito Norte, petición que le fue denegada en prejuicio de una población en situación económica paupérrima y doblemente esquilmados, ya que la gente no teniendo centavos para completar la compra —digamos— de un saco de harina, por cooperación las  familias reunían el dinero e iban a Calexico y lo adquirían, pero al regreso había que reportarse con resguardo aduanal y hacer entrega del extra obligatorio (mordida) cuyo monto pagadero en especie usualmente era mayor a que si hubiesen solicitado la factura consular en el Consulado de México en Calexico y pagado los derechos de importación.

           

Durante aquella época, la cerrazón centralista y  la corrupción de administradores y resguardo aduanal junto con la obstinación de la “Colorado River” y “La Jabonera” de sembrar algodón en vez de producir alimentos desde suelo mexicano, fueron los principales cotos para que el gobierno local pudiera instrumentar y desarrollar una estrategia de abasto de alimentos que permitiera producir o introducir al distrito productos básicos, libres de impuestos, procedentes de Estados Unidos y así empezar abatir el hambre. En Valle Imperial las autoridades gringas habían sido tajantes: suspender la siembra de algodón para incentivar de inmediato la producción alimentaria. 

En tanto la población de Mexicali padeciendo hambre, atrapados en una Península como la de Baja California, rodeada de mar y desierto, con un comercio local tronado y de ribete sin tierra ni permiso para producir alimentos, significó la desolación total para toda esa pobre gente atrapada en medio de la nada.

           

Enrique Aldrete 

En ese contexto, un empresariado compuesto de mexicanos en bancarrota, le propuso al gobernador Tapia Freyding impulsar una estrategia para arrancarle un acuerdo al gobierno federal.  El plan era el siguiente, organizar una comisión e ir a México a luchar con todo vigor por obtener la franquicia para una zona libre de aranceles en la región peninsular, pero, a sabiendas de la segura negativa por parte del gobierno central, la verdadera tirada era sentarlos a la mesa para fijar acuerdos tendientes a la instauración de un régimen de tarifas diferenciales o incluso dar un paso mayor: el establecimiento de perímetros libres en el Distrito Norte. La meta real era conseguir  cualquiera de estas dos cosas. Al ex huertista  Enrique Aldrete —autor de un libelo que califica al magonismo de vil filibusterismo—, y a Luis G. Martínez se les confió el diseño del plan antes descrito.

De Pilatos a Herodes

La comisión de representantes quedó integrada por el gobernador Tapia Freyding, acompañado de Miguel González, Manuel Inzunza, José María Hernández —representando a Mexicali—, Miguel Calette —a guisa de presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana—,  el ex diputado federal Ricardo Romero y Luis G. Beltrán —ex presidente municipal de Ensenada—, en representación de dicha localidad.  Acordaron no regresar de México en tanto no se produjese algún tipo de arreglo con las autoridades centrales.

           

A sabiendas de que, estando en México, andarían como de Pilatos a Herodes entre las distintas instancias federales, el gobernador comisionó a su recaudador de rentas —el ex agente aduanal Luis Pérez Rúl— para que se entrevistara con los comerciantes más poderosos del distrito —los chinos— en búsqueda de patrocinio para lo que iba a ser una larga y costosa expedición.

La respuesta de los potentados chinos, resentidos por las expulsiones, fue contundente, que si bien algunos de ellos habían tronado sus empresas comerciales en sociedad con los gringos, no obstaba que aún tuviesen sus bares y cervecerías en pie, que se los vendieran y así podrían obtener suficiente dinero como para quedarse en México el tiempo que les viniera en gana.

Para el 30 de marzo de 1930, estaban tomando el tren en la Estación de Calexico rumbo al Paso, Texas, para de ahí dirigirse hasta la Ciudad de México a entrevistarse con el presidente Pascual Ortiz Rubio que les esperaba para mediados de abril.

Ese día, después de ir pasando por una sucesión interminable de reservados dentro de Palacio Nacional, estuvieron frente a Ortiz Rubio quien escuchó con simpatía todos sus planteamientos y, manifestando estar de acuerdo con las excepciones expuestas allí, recomendó que para eso antes había que entrevistarse con el general Calles en su Quinta “Las Palmas”, en Cuernavaca. Según crónica de Pérez y Ramírez, sobre lo visto durante aquella reunión de bajacalifornianos, encabezada por el gobernador Tapia Freyding, Calles había mostrado más preocupación por las actividades de los proletarios anarco-comunistas en el Distrito Norte que por la mentada instauración de la zona libre. No obstante, les canalizaría hacia la Secretaría de Hacienda para que se vieran las caras con Luis Montes de Oca.

De vuelta en la capital, van y se entrevistan con el secretario de la S.H.C.P., y de entrada le tiran el anzuelo con lo de la franquicia para una zona libre en el distrito. Con un les voy a ser franco, Luis Montes de la Oca les cortaría las alas, sin darles tiempo a más peticiones: ¿Se imaginan ustedes a cuánto ascendería para el gobierno federal la merma fiscal por concepto de impuestos aduanales, si en este momento de crisis se decretase la instauración de una zona libre de aranceles en el Distrito Norte? Alirrotos, saldrían del despacho de Montes para jugarse la última carta el día 20 de abril, yendo a Tehuacán, Puebla, a entrevistarse con el ex presidente Portes Gil, a quien previamente le anunciaron su cometido.

En la fecha señalada, Emilio Portes Gil, en cambio, estaba en casa esperando a la delegación de bajacalifornianos acompañado del director general de Aduanas.

           

A las primeras de cambio, la reunión se calienta e Inzunza —sin ambages, enfadado de tanto andar toque y toque puertas— les dice al ex presidente y al mandamás de Aduanas que cada uno de los bajacalifornianos que estaban allí habían comprado en los Estados Unidos hasta los calzones que traían puestos, porque para ellos no había ninguna oportunidad de comprar en Mexicali de lo que se producía en México, dado que no existía un contacto continuo con el comercio del interior del país por lo costoso de los fletes, lo que hacía incomprable la poca mercancía mexicana que llegaba procedente de Guaymas y Mazatlán, pero que al grueso de la población le iba peor, ya que los alimentos básicos también tenían que traerse de Estados Unidos y que por ello había que pagar un cargo, altísimo, a la importación de víveres, que resultaba infame para el bolsillo de un pueblo sin un quinto, padeciendo hambre por falta de trabajo. Que si bien la instauración de una zona libre era imposible de implantarse por el momento, cuando menos debía establecerse en el distrito un régimen de tarifas diferenciales o una zona que abarcara un perímetro territorial libre de aranceles.  

La respuesta arribaría tres años más tarde, cuando llegado a la presidencia Abelardo L. Rodríguez, el 30 de agosto de 1933, el gobierno federal echó andar un programa piloto conformando los primeros perímetros libres ubicados en las ciudades de Tijuana y Ensenada, quedando a la zaga los más amolados: la gente de Mexicali. Sobre la concreción de este evento histórico, la participación directa de Wilfrano Ruiz —presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, en 1933— habría de jugar un papel importante.

De abril en “Las Palmas”, a mayo en Sesbania

El gobernador José María Tapia Freyding, llegaría de México al distrito con la espada desenvainada, yendo el 20 de mayo de 1930 a la comunidad de Sesbania para apresar a los líderes del Comité Ejecutivo Agrario de la organización Rojo y Negro, integrado por los señores Marcelino Velásquez Calleros —presidente—, Benjamín Magaña —secretario—, Leonardo Prado, Ignacio Sánchez Campos, Miguel Llano, David Rubio, Benigno Lamas, Florentino Domínguez, Macario Sández, Manuel Aguilar, Francisco López, Rosalío Montes, Zeferino Huerta y Felipa Velázquez Vda. de Arellano, también militante activa de dicho organismo solicitante de tierras, vinculados al entonces director de la Penitenciaria de Islas Marías, general Francisco J. Múgica.

           

Felipa Velázquez Vda. de Arellano

Tapia Freyding les haría ver su suerte hasta el 11 de junio en que, por intervención de la central obrera C.G.T. y de la del general Múgica, el presidente de la república, Pascual Ortiz Rubio le ordenase al gobernador Tapia que los prisioneros fueran remitidos al Penal de Islas Marías. Después de una semana de travesía por mar en el guardacostas “Guaymas” —comprado con dinero del Distrito Norte—, llegaron a la prisión isleña aquellos hombres y doña Felipa con sus ocho pequeños hijos. La C.G.T. y Múgica lograrían su liberación en cuestión de 90 días. En lo que la dirigencia de aquella organización obrero-campesina se aprestaba a emprender la marcha de regreso hacia Mexicali, la mujer —que sabía lo que era una vida de parir y labrar— decidía quedarse a residir en Mazatlán con sus hijos, pues era originaria de La Noria, un pueblito situado a los alrededores de aquel puerto.

El Esteban Cantú de la época de la gran crisis

Esteban Cantú

Si bien en 1927, los apoyos financieros estadounidenses le habían fallado para instaurar en el Distrito Norte una “Lotería de la Baja California para Construcción  de  Caminos”, hacia  agosto de 1930, Esteban Cantú había encontrado en el puerto de San Felipe amplia cancha para organizar una Sociedad Cooperativa de Pescadores, que en tan sólo dos años estaban exportando totoaba hacia los Estados Unidos a través de la Compañía de Transportes y Explotación de Pescado de Mexicali; una empresa cuya oficina se situaba en una de las esquinas de las avenidas México e Independencia −Avenida Obregón−, cuyo flamante presidente era el coronel Cantú. Habilidoso para sortear vendavales económicos, como los de la década posterior a 1910, en que había hecho surgir al Distrito Norte de la nada, el coronel Cantú, mientras medio mundo andaba buscando el modo de salir de la ratonera, solicitaba a Octavio Mendoza González —titular de la Secretaría de Gobernación— respaldo ante Hacienda para lograr la exención de impuestos a la explotación y exportación de totoaba.  La solicitud, incluso, iba avalada por el gobernador Tapia Freyding, dado que lo que estaban haciendo los pescadores sanfelipeños y Cantú representaba un impulso a una incipiente industria pesquera, además de darle entrada en la región a un dinero que sólo tenían los comerciantes chinos.   

Mendoza González se concreta a turnar dicha solicitud a Manuel Pérez Treviño —secretario de Agricultura y Fomento—, quien a través de Melchor Ortega de la Dirección Forestal y de Caza y Pesca, hasta el 13 de septiembre de 1930 envía un oficio al presidente de la Compañía de Transportes y Explotación de Pescado de Mexicali, informándole de la imposibilidad de negociar con Hacienda tal exención de impuestos con un argumento baladí, en cuyo oficio de redacción confusa dice:

«La Compañía de Transportes y Explotación de Pescado de Mexicali, B. C., aunque tiene todo el derecho de gozar de todo el apoyo del Gobierno Federal, no cree conveniente [respaldar a esa cooperativa] porque sus trabajos desarrollados en condiciones tan ventajosas, venga a constituirse en competidora de todos los pequeños explotadores de aquella región».

¿Quién entiende? Los socios de aquella empresa eran precisamente los pescadores, organizados en una cooperativa, a los que supuestamente la Dirección Forestal y de Caza y Pesca decía estar defendiendo. Lo cierto era que el sistema temía que Cantú fuese a convertirse en el futuro magnate de la industria pesquera en el Distrito Norte. Tres años después, llegaría a Ensenada el ex gobernador Luis M. Salazar a impulsar una industria empacadora de pescado en el entorno territorial, en tanto el presidente Abelardo L. Rodríguez —en su faceta de promotor del mencionado sector— armaba la estructura financiera para empezar a impulsar lo que una década después fue la sólida industria camaronera mazatleca.  

La agencia aduanal de Bernal 

General Arturo M. Bernal

Del día en que Cantú recibió aquella negativa oficial, hacía 10 anocheceres que José María Tapia Freyding había sido reemplazado del cargo por el general Arturo M. Bernal, que aprovechando la aparición de José María Coronel (ex administrador del Timbre —1914— y con Cantú de aduana) como nuevo agente aduanal, le dio la representación legal para convertir su negocio en la agencia aduanal del gobierno del distrito.

No satisfecho, el siguiente paso de Bernal fue encarcelar a un grupo de jornaleros que trabajaban en la hacienda del ex agente aduanal Adolfo Shenk, en Cerro Prieto, a raíz de su protesta por las deprimentes condiciones en que laboraban, exigiendo al gobierno la aplicación del artículo 123 Constitucional que ponía en claro que “toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil”.

Tras impedir que la peonada se pusiera sus moños, Bernal hizo un dudoso préstamo de 60 mil pesos a la Delegación de Tijuana, interrumpiendo el pago de débitos del gobierno a los bancos, y éstos, por consecuencia lógica, le retiraron el crédito dejando a la burocracia distrital sin salario durante el mes de octubre, dado que las arcas del distrito estaban vacías.

A principios de noviembre de 1930, González Montero —administrador de la Aduana Fronteriza de Mexicali—, le hizo efectiva al gobierno del distrito una multa de 1 mil 367 pesos con 72 centavos porque su recién estrenada agencia aduanal había suplantado 4 pedimentos de importación con el fin de birlar al fisco federal.

           

El día 7 de noviembre, el gobernador Bernal enviaba al director general de Aduanas la siguiente petición:

«El ciudadano jefe de la Aduana de este Puerto Fronterizo viene exigiendo de la Agencia Aduanal dependiente del Gobierno a mi cargo, el pago de multas provenientes de expedientes instruidos por la propia Oficina en relación con irregularidades cometidas en diversas importaciones de materiales que la Agencia citada ha llevado a cabo, para la atención de diversos servicios encomendados a esta Dependencia del Ejecutivo Federal».

«Para que este gobierno pudiera hacer frente al pago que se le reclama, en el presente caso, se ve imposibilitado para hacerlo en virtud de que carece de fondos que pudiesen destinarse a ese objeto».

«Por otra parte y de manera muy atenta, me permito llamar la consideración de usted, el artículo 592 de la Ley Aduanal vigente, que expresa: Las mercancías que importe el Gobierno Federal con objeto de utilizarlas en los servicios públicos que le corresponden, y cuyo despacho se gestione por alguna de sus dependencias, no causarán derechos adicionales ni podrán ser objeto de multas».

«Ruego a usted que instruya a esta Aduana Fronteriza, a efecto de que en el caso particular que me ocupa, así como en los subsecuentes, se observe por lo que hace al Gobierno del Distrito el citado artículo 592 de la vigente Ley Aduanal. Sufragio Efectivo-No Reelección.  Rubrican: Arturo Bernal, gobernador del Distrito. Antonio A. Bannuett, Oficial Mayor».

La razón de la multa había sido que el agente aduanal Coronel, conociendo el espíritu del artículo 592 de la Ley Aduanera, había tratado de pasarse de listo tramitando pedimentos de importación para materiales de construcción, cuando lo que quería introducir por la aduana era algo parecido pero no precisamente eso: lo que hoy conocemos como contrabando técnico.

           

En los cuatro meses que Bernal duró gobernando el Distrito Norte, llegaron a Mexicali una legión de jornaleros expulsados de los Estados Unidos, clamando por un trozo de pan a una población mexicalense que estaba en circunstancias similares. Durante ese tiempo la ciudad se extendía hasta casi llegar a lo que hoy es el ex Mercado Braulio Maldonado. En torno a ello, Pérez y Ramírez un día escribiese:

«Por el año de 1930, en el extremo Sur de la Calle Aldama (Avenida Ignacio Zaragoza), se establecieron las dos primeras familias: los Anguiano y los Sotelo, más o menos donde está el actual Mercado Braulio Maldonado. Esa zona era de barrancos y chamizales, basurero público, después de haber sido panteón clandestino de los ajusticiados por la Policía Fiscal y de Campo al mando de Alberto García».

A principios de diciembre de 1930, el general Bernal por dejar de gobernar aquel lejano distrito, pedía su limosna al presidente Ortiz Rubio, siendo complacido el día 27 en que llegó a sustituirlo Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, de 48 años de edad −un ex subsecretario de Educación de la administración orticista, además de ex embajador plenipotenciario de México en Sudamérica y Cuba−. Ese mes, González Montero, protegido del ex gobernador Rodríguez Luján, dejaba de ser administrador de la Aduana Fronteriza de Mexicali, ocupando su lugar Jesús S. Salcido.  

“Que vivan en Mexicali quienes viven de Mexicali”

Carlos Trejo y Lerdo de Tejada

Carlos Trejo y Lerdo de Tejada —autor del libro “Revolución y Nacionalismo. Todo para todos” — a su arribo lo primero que hizo fue colgar una manta del balcón principal del palacio de Gobierno con el letrero arriba expuesto. Con su presencia en el Distrito Norte, ahora sí, de veras, dio empiezo la ejecución del proyecto callista de “mexicanizar” la región, expulsando sin cortapisas a la élite de potentados chinos y obligando al empresariado y a la alta burocracia federal a regresar a Mexicali y Tijuana de sus lugares de residencia en las ciudades y pueblos fronterizos de Estados Unidos. Para pronto se echó al empresariado de enemigo.

         

Pero siendo Trejo y Lerdo de Tejada un liberal radical, un nacionalista a ultranza, eso de “mexicanizar” a los bajacalifornianos lo aplicaría a rajatabla, haciendo extensiva su política hacia otros sectores de la población que siempre habían vivido en el terruño, como lo eran el magisterio y la planta de empleados del aparato judicial, la baja burocracia y otra gente que desempeñaba menesteres ajenos a los de la clase gobernante. ¿Cómo era posible “mexicanizar” a una población que por su condición de habitantes fronterizos aislados del resto del país, estaban obligados a refrendar a diario su mexicanidad frente al pueblo destinado a convertirse en el más poderoso de la tierra: los Estados Unidos? Una mexicanidad que no podía quedar en entredicho cuando se recuerda las diversas invasiones extranjeras a territorio mexicano en el Siglo XIX, los habitantes del macizo continental no las habían enfrentado con tal entereza como sí lo hizo el pueblo bajacaliforniano, solo y su alma, sin ningún apoyo militar, aislado del resto del país y con una densidad poblacional catalogada como nimia.

El diputado federal José María Dávila, en el ínterin de la llegada del gobernador Trejo en el mes de diciembre de 1930, por el día 9, había subido al pleno de la Cámara del Congreso de la Unión la iniciativa para condecorar a los patriotas bajacalifornianos que enfrentaron la invasión de 1911 del presunto filibustero Ricardo Flores Magón y su pandilla de anarquistas extranjeros. Días adelante —el 18 de diciembre— la Cámara del Senado aprobó su iniciativa que tomaría un sesgo reivindicatorio justo por las fechas en que el gobernador Trejo, a tambor batiente, lanzaba su campaña de “mexicanización” de los habitantes del Distrito Norte.

           

El radical Trejo y Lerdo de Tejada, quien en lo personal no consideraba a los Flores Magón filibusteros invasores sino ideólogos revolucionarios, con la aprobación de aquella iniciativa por parte del Senado, muy a su pesar se vio obligado a condecorar a 400 bajacalifornianos que a su juicio no merecían tal distinción. 

Basta recordar que Tijuana, en 1911, tan solo tenía una población de 733 habitantes, resultaba ahora que más de la mitad de tijuanenses habían combatido durante la defensa del pueblo, cuando R. Velasco Ceballos asienta en su libro que eran 53 hombres los que enfrentaron a los invasores, mientras que Lowell L. Blaisdell en su "Revolución del Desierto" deja claro que fueron entre 100 y 110 los pobladores que encararon al galés Caryl Ap Rhys Pryce y su hueste de más de 200 soldados profesionales. Años después el gobernador Juan Felipe Rico Islas (1944-1946) se vería obligado a repetir el mismo númerito condecorando a otro bonche de "héroes" tijuanenses. Lo cierto es que fue una minoría de lugareños los que dieron a los intrusos un golpe de muerte el día 8 y una resistencia heroica esa mañana del 9 de mayo de 1911, en Tijuana.

           

Todavía en 1956 el gobierno de Braulio Maldonado Sández promueve un Congreso de Historia con el fin de analizar las diferentes épocas de la vida regional de Baja California e invita, entre tantas otras personalidades, al Senador Esteban Baca Calderón; maestro revolucionario que había hecho periodismo en Mazatlán en el célebre “Correo de la Tarde”, al lado de su paisano Amado Nervo y Heriberto Frías, en vísperas de aquel acontecimiento organizado por el gobernador bajacaliforniano, envía el siguiente telegrama:

La iniciativa de 1930 del diputado Dávila, aprobada por el Poder Legislativo, para condecorar a los lugareños que lucharon contra la asonada magonista de 1911, tenía como cometido congraciarse con el abelardismo descalificando la creciente influencia del magonismo sobre el sindicalismo anarco-comunista que afloraba muy fuerte dentro del Valle de Mexicali, aunque el oportunismo del diputado  José María Dávila quedaría al desnudo dos años después, cuando intentado ser gobernador, en 1932, hacía suyas dos de las premisas fundamentales de la plataforma política del P.L.M., expropiación de tierras y reparto agrario, subiendo a la Cámara de Diputados una siguiente iniciativa de ley para llevar a cabo una Reforma Agraria dentro del Distrito Norte. Pero con Abelardo L. Rodríguez en la Presidencia, su iniciativa y su candidatura se derrumbarían como castillo de naipes.

Durante el año de gobierno de Trejo y Lerdo de Tejada, salieron del Distrito Norte alrededor de 2 000 chinos, su estrategia desde el principio fue obligarlos a que contrataran a mexicanos no en un 80 sino en un 100% dentro de sus establecimientos comerciales, clausurando las empresas extranjeras que no acataran tal disposición.

Tres meses después del arribo del nuevo gobernador, 12 comercios chinos, de los más importantes, estaban cerrando sus puertas, iniciando el capital asiático su éxodo hacia los Estados Unidos. Este acontecimiento fue lo que vino a dar en la puntilla a lo último que quedaba de las agencias aduanales —de corte binacional— que aún habían pervivido en el Distrito Norte al decreto carrancista de 1918. Gente como Maurilio Magallón, con empresas de este tipo en sociedad con extranjeros y además empleados de Aduanas, se vieron doblemente afectados: «Si quieres seguir trabajando en Aduanas, de ningún modo puedes ser dueño o socio de una agencia aduanal».

Las Choyas de Trejo

Con la baja del precio del algodón de 8 a 4 centavos la libra, el gobernador Trejo, a guisa de compensación a la economía local, consiguió rebajas de un 33% a las tierras de arrendamiento y de un 25% a los pagos de tarifas eléctricas y de ferrocarril, incluyendo estímulos para la compra de combustible. No bastó.

Con la salida del capital chino del Distrito Norte, la crisis económica se agravó de forma tal que —para el domingo 4 de enero de 1931— el gobernador Trejo y Lerdo de Tejada vivió uno de los episodios más aciagos y dramáticos de aquellos días, encarando uno de los instantes más difíciles de su vida al tener que disuadir con argumentos un multitudinario conato de rebelión fuera de palacio, cuando los exaltados desempleados, exigiendo comida, amenazaron con obtenerla de ser preciso a sangre y fuego. En realidad solamente había 8 sacos de maíz en todo el pueblo.

Ese día, la situación llegó a tal grado de tirantez que el gobernador Trejo, pasando por alto al consulado de México en Calexico —exigiendo su factura consular— y al administrador de la aduana Salcido y sus celadores con su cantaleta de siempre: pedimento de importación o mordida, por sus pistolas metió de Calexico a Mexicali un furgón de ferrocarril lleno de maíz y fríjol para dar de medio comer a 2 mil personas en estado de indigencia en los meses de enero y febrero de ese fatídico año de 1931, en que murieron de hambre algunas personas en Mexicali.

El 7 de febrero de 1931, en plena hambruna, entró en vigor la Reforma Constitucional que dividía a los Distritos Norte y Sur en dos Territorios separados por el Paralelo 28. Veintiún años después —el 16 de enero de 1952— saldría publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que daba pie a la conformación del futuro Estado 29, el de Baja California, quedando incluido como otro más de los 31 y un Distrito Federal que en la actualidad integran esta Nación.

Trejo en su cruzada mexicanizadora y en pro de una educación de mejor calidad para los bajacalifornianos, echó mano de maestros que hizo traer del sur del país para reemplazar a los que ya impartían enseñanza dentro del distrito, tachándoles de “buenos pa´nada”. Esta medida ocasionó virulentas críticas del P.N.R. y de un magisterio afiliado a ese Partido, concitando el gobernador el apoyo de los cromistas. La C.R.O.M. estaba dominada por una línea ideológica de corte socialista, con la cual Trejo y Lerdo de Tejada comulgaba.

Los enfrentamientos entre los miembros del P.N.R. y la C.R.O.M., provenían desde principios de año en que Trejo y Lerdo de Tejada se había reunido con los integrantes de la Comisión del Salario Mínimo para establecer un acuerdo que propiciase el aumento del Salario Mínimo de 1 a 2 pesos con 40 centavos las 8 horas de trabajo, incluyendo un plus de 60 centavos por hora extra. Los del P.N.R. —liderados por el diputado Dávila— habían mostrado su inconformidad posicionándose a favor del sector patronal, mientras que la C.R.O.M. —dirigida por Juan Loera— había apoyado a Trejo contra un empresariado cuyas políticas salariales eran contrarias a la visión del gobernador.

Palacio de Gobierno, rememorando con su entorno los días de "Las Choyas de Trejo"

Con el fin de mantener ocupado a tanto desempleado, Trejo lanzó un programa de Obras Públicas y Empleo encaminado a servir como un bálsamo de consuelo para desesperados, cuyo verdadero objetivo era tratar de despresurizar un exacerbado malestar social, dando empleo a los desocupados en pequeñas obras de gobierno. Hoy se les enviaba a arreglar las calles y los bordes de banquetas poniendo cordones de piedra o plantando eucaliptos en los jardines de palacio de Gobierno, o bien al día siguiente las cuadrillas de trabajadores partían a Sierra de Picachos a traer pinos salados y choyas para arreglo de parques y pabellones públicos. Años más adelante cuando los mexicalenses rememoraban aquellos días tan difíciles, de guasa solían aludir esos tiempos llamándoles como los de las “Choyas de Trejo”.

Sin embargo, para ese 7 de noviembre de 1931, en que Carlos Trejo y Lerdo de Tejada hubo de partir y ser sustituido por el general Agustín Olachea Avilés, después de nivelar calles, construir banquetas e instalar focos del alumbrado público y plantar 50 mil arbustos, aquellos desempleados habían levantado un teatro al aire libre a un costado de palacio de Gobierno, así como reparado los caminos que iban a San Luis, Sonora, y hacia Los Algodones, construyendo, además, una fabriquita para surtir al pueblo de ladrillos y tejas de adobe, con el consiguiente malestar de los comerciantes madereros de Calexico instalados en Mexicali.

            

Sea cual sea la manera en que los bajacalifornianos de hoy valoren los avatares de Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, como gobernador del Territorio Norte, al marchar el señor cumplió con creces dos objetivos esenciales del plan “mexicanizador” callista: la desarticulación del gran capital chino con la expulsión de los asiáticos, dominando abrumadoramente el comercio regional y la producción de algodón en el Valle, logrando al fin que el empresariado local y una burocracia federal harto comodina vinieran de los Estados Unidos a radicar a su tierra; puntos que no lograron cabalmente consolidar los gobernadores desde tiempos de José Inocente Lugo.

            

Viéndose los aduaneros obligados a residir en Mexicali, procede de aquella época la tradición impuesta entre el gremio de iniciar las transacciones desayunando en Calexico, para luego proseguir sus actividades en los bares aledaños a las oficinas de la Aduana, reubicada desde 1928 en Avenida Madero (actualmente Hotel del Norte). Para el antiguo gremio aduanero de Mexicali, aquella fue una época de oro en que los pedimentos de importación y exportación se conseguían en los bares y cantinas del primer cuadro de la ciudad y no en las oficinas de Aduanas.  

En 1930, en lo más álgido de la depresión económica mundial, Juan F. Brittingham decide vender su parte de las acciones de “La Jabonera del Pacífico” a la compañía  Anderson & Clayton, lo que representaba dos terceras partes del negocio, el resto pertenecía a la Fundación Mary Street Jenkins. Un año después, la Anderson & Clayton Co., contrataba a James W. Stone, como gerente general de “La Jabonera”. Stone era un joven arizonense que había llegado a Mexicali en 1925 para trabajar en el ferrocarril Inter-California. La Jabonera, en ese entonces en bancarrota, bajo la dirección de Jimmy, a finales de los años cuarenta, llegó a controlar el 40% del volumen de la producción algodonera del país, gracias a los ejidatarios mexicanos, trabajando para sí las tierras del valle mexicalense.

Olachea Avilés: política de despresurización social

General Agustín Olachea Avilés

En noviembre 7 de 1931, llegaron el sudbajacaliforniano Agustín Olachea Avilés, con su tocayo Agustín Tena, como gobernador y jefe militar del Territorio Norte de la Baja California, uno, y como tesorero, el otro; a su arribo se encuentran con que no eran del agrado de la población cachanilla, especialmente el general Olachea al que luego luego le colgaron el mote de “Administrador de Abelardo”.

Cierto, las carreras militares de ambos soldados habían crecido bajo el amparo de Plutarco Elías Calles; Abelardo L. Rodríguez se convirtió en general brigadier, en 1920, siendo Elías Calles Ministro de Guerra y Marina durante el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, y pudo alcanzar el grado de general de división en 1928, cuando Calles era Presidente de la República; Olachea Avilés, por lo consiguiente, Obregón lo había hecho general brigadier en 1924, y Calles gobernador de su tierra natal, Baja California Sur, en 1929; cinco años después Abelardo L. Rodríguez —considerado una extensión de Elías Calles en el poder—, el último día de su mandato presidencial le dio a Olachea Avilés el nombramiento de general de división; otorgamiento que le tocó ratificar al general Lázaro Cárdenas, como nuevo presidente de la república, el 1 de diciembre de 1934.

           

En 1929, Olachea Avilés, a cargo del 64 Regimiento de Caballería, había participado en la campaña de Naco, Sonora, durante la asonada escobarista, trabajando en estrecha coordinación con el general Abelardo L. Rodríguez. Es decir, Olachea Avilés —siendo protegido de Calles— también lo fue de Abelardo L. Rodríguez, cuando éste llega a la Presidencia de la República.

           

La etapa del plan callista que a Olachea le toca desarrollar en el Territorio Norte, radicaría en echar andar una “campaña moralizadora” y proseguir combatiendo el hambre a través de la instauración del programa de Colonias Agrícolas Militares. El manejo nacional de este programa estaba a cargo del general Gildardo Magaña y tenía como cometido producir una parte de los alimentos para la tropa sin que tuviesen que afectar con más cargas a un endeble erario público y al raquítico abasto de alimentos de las poblaciones. En ambas cosas fallaría.

           

Olachea es quien emprende el desarrollo de estos núcleos de producción agrícola en el Territorio Norte, pero realiza este cometido a guisa de coto particular de su oficialía militar y de él mismo, acaparando grandes extensiones de tierra cuya explotación se haría a costillas de los lugareño sorprendidos en casas de juego o en las cantinas ingiriendo bebidas alcohólicas, dado que de inmediato eran remitidos por la Policía Militar a los campos agrícolas a purgar una pena de 15 días de trabajos forzados. Para eso sirvió la “campaña moralizadora” de Olachea en el Territorio Norte de la Baja California. Por otra parte, colonias agrícolas militares las del Territorio Norte, manejadas totalmente fuera del esquema institucional contemplado por el Ejército.

           

Otro de los cometidos del general Olachea como gobernador fue el de ampliar una recaudación fiscal más acorde con la pingüe ganancia producida por casinos y cantinas, con la finalidad de aumentar su presupuesto de ingresos y por ende de egresos. Pero el tesorero Tena resultaría un fiasco como recaudador de impuestos del Territorio, dejándose sobornar por los propietarios de casinos que seguirían como siempre, evadiendo sus obligaciones tributarias con el fisco federal.                       

En cuanto a eso de la recaudación fiscal, Olachea quedaría doblemente a la zaga porque so pretexto de estimular el turismo, disminuyó en un 25% a los propietarios de bares, cantinas y casinos del pago habitual de impuestos.

En febrero de 1932, Olachea pactó con la “Colorado River” para que le facilitara 15 mil acres (6 mil 070 hectáreas) de terrenos para sembrar algodón, mientras que la Jabonera del Pacífico pagaba el financiamiento para que el gobierno diera empleo a 1 300 hombres de campo, de a peso diario el jornal, con ropa de trabajo y provisiones de boca, de cuya cosecha vendida a través de “La Jabonera” un 30% iba a ser para la “Colorado River” y el 70% restante sería utilizado para que Olachea pagara a la gente.

            

Mexicali nevado (1932), por segunda ocasión durante el Siglo XX

En el ciclo 1932-1933, sólo se sembraron 10 mil 800 hectáreas de algodón, pagadero a 4 centavos la libra. Para colmo de males, para el 12 de diciembre de 1932 una fuerte nevada azotó los valles Imperial y de Mexicali.

Otra parte del plan callista que Olachea desarrolló fue la integración de los miembros del P.N.R. a la nómina de gobierno; pero como no había presupuesto para crear nuevas plazas, dio inicio a un presunto adelgazamiento de la burocracia y de la corporación policíaca, recortando personal, destinando luego las vacantes no a la gente del incipiente instituto político, sino al aparato militar bajo su tutela, conformando con la soldadesca una nueva corporación policíaca que vino a allanar el vacío dejado por la desaparecida Policía Fiscal y de Campo.

Con el arribo de Arturo M. Elías el 18 de agosto de 1932, para sustituir a Olachea Avilés, el pueblo mexicalense pegaba gritos de júbilo, pero poco les duró el gusto, pues el 3 de septiembre de ese año, Abelardo L. Rodríguez —Ministro de Guerra y Marina— sustituía a Pascual Ortiz Rubio en la presidencia, enviando de vuelta a Olachea Avilés al Territorio Norte a reemplazar a Elías en el puesto de gobernador. 

           

De inmediato Olachea y sus subalternos volvieron a las andadas, organizando razzias. Al respecto, la prensa local callaba. Sólo el “Nuevo Mundo”, de Ángel Zaldívar, publicaría un artículo de Emignio Robinson Bours, intitulado “Un Ensayo Soviético”, en el que dejaba entrever la serie de atrocidades que se estaban cometiendo en contra de los mexicalenses detenidos y puestos a chambear gratis dentro de las colonias militares agrícolas. Por la publicación de aquel artículo, Zaldívar y Robinson se echaron de enemigos al gobernador Olachea Avilés y sus milicos, logrando salvar el pellejo gracias a la oportuna intervención de algunos connotados amigos suyos y también del general sudbajacaliforniano. Sin embargo, entre la población era bien sabido de la desfachatez de los militares pidiendo favores sexuales a las mujeres que acudían a ellos procurando la liberación de sus consortes.   

Un diputado federal desquitando el sueldo

El 6 de noviembre de 1933, se derogaba en los Estados Unidos la “Ley Seca”, cimbrando de golpe las finanzas de los establecimientos dedicados a la venta de vinos y licores dentro del Territorio Norte, cuantimás a los contrabandistas de licor. De la industria turística, ni hablar de su desmoronamiento. Por esos días, procedente de Los Ángeles, uno de los diputados federales por San Luis Potosí perteneciente a la XXXV legislatura del Congreso, llegaba a Mexicali yendo a hospedarse al Hotel Comercial, para luego salir a la calle y meterse al bar “La Ilusión” a tomar unas copas. El paroxismo del diputado, bebiendo y jugando cubilete en la barra, fue interrumpido por el rondín militar que, sin más, le halaron del cuerpo y en vilo lo echaron a la caja de un camión de redilas al lado de una veintena de personas. El tipo, desconcertado, llegó al campo agrícola, discutiendo que tenía fuero por ser diputado federal, buscando en sus bolsillos unas credenciales pérdidas durante el forcejeo. Tachado de beodo y marihuano, el diputado en tan sólo 15 días de trabajos forzados en los campos militares agrícolas, hubo desquitado, solito, el equivalente a toda la chamba rezagada ahorita dentro del Congreso de la Unión. Ya estando en México, con Abelardo L. Rodríguez en la Presidencia, las protestas del diputado en contra de Olachea Avilés y sus gorilas pronto fueron acalladas.

También durante ese periodo, la agencia aduanal ligada al gobierno territorial a cargo de José María Coronel, amparado en el artículo 592 de la Ley Aduanera, seguiría dándose vuelo con Olachea esquivando multas de la Aduana Fronteriza de Mexicali, con el fin de introducir al país una variadísima gama de productos destinados a las aborrecidas colonias agrícolas militares, por no decir a los ranchos de Olachea y su cuerpo de oficiales. Nada sin desconocimiento de la Presidencia y todo con autorización expresa de la misma.

La sustitución de Polo Verdugo, en Resguardo Aduanal

Para el 4 de marzo de 1933, Benjamín R. Hill —hijo del malogrado general sinaloense— por esos días trabajando en el Consulado de México en San Diego, a guisa de comisionado de la Dirección General de Aduanas, para asesorar al personal de Relaciones Exteriores en eso de la clasificación arancelaria a las importaciones, solicita al ingeniero Alberto J. Pani —secretario de Hacienda— la plaza de jefe de resguardo aduanal ya fuese en Nogales o bien Tijuana.

El ingeniero Pani ordena a su vez a Ignacio De la Torre —su secretario particular— para que diera premura al asunto del influyente vástago del extinto general Benjamín G. Hill. Al poco, el hijo del general recibe en San Diego su nuevo nombramiento de comandante del resguardo aduanal, pero no de la Aduana Fronteriza de Nogales, ni tampoco de la de Tijuana, sino de la de Mexicali.

           

Así fue como Leopoldo Verdugo —jefe del resguardo aduanal en Mexicali a partir de 1922— tuvo que sacrificarse y ser removido del puesto para cederlo a Benjamín R. Hill, que desde el momento de su llegada al pueblo cachanilla, quejándose del calorón, le escribió al presidente de la República, solicitándole que al menos lo hiciera comandante del resguardo aduanal de Tijuana, puesto que ocupaba desde 1931 el entonces mayor José Pérez Tejada Gómez.

           

Pero el mayor Pérez Tejada Gómez, habiendo pertenecido al Estado Mayor de la II Jefatura de Operaciones Militares desde 1925, era un hombre cercano al general Rodríguez. De tal modo que la Presidencia le dio palo a la petición de Hill, hijo. Fue hasta finales de 1934, cuando por fin Benjamín R. Hill conseguía su traslado a Nogales, para ostentar por aquellos lares el codiciado puesto.

Saliendo Hill de Mexicali, Leopoldo Verdugo recuperó su antigua posición. A finales de 1935, fue acusado por el celador Raúl Aceves Carmona ante el presidente Cárdenas, de haberse quedado con un nutrido lote de llantas incautadas. Verdugo fue removido a Ciudad Juárez, siendo sustituido en el puesto por el comandante Francisco P. Monteverde. Esa vez, el administrador de la Aduana, Jesús S. Salcido, también fue apartado del cargo, ocupando su lugar Federico Campillo, hermano de Francisco Campillo, presidente de la Asociación Agrícola de Mexicali.

Adelante, el segundo de izquierda a derecha,  senador Esteban Cantú, le sigue la diputada federal Aurora Jiménez de Palacios, primera mujer  en México en  llegar a la Cámara Baja, y luego el senador Leopoldo Verdugo, en los años ´50

Leopoldo Verdugo y Esteban Cantú, en 1953, fueron los primeros senadores en representar a Baja California en la Cámara Alta,  siendo ya el otrora territorio el Estado número 29.

La expulsión de connacionales del Territorio Norte

Entre 1933 y 1934, con un fuerte apoyo presupuestal de la Presidencia, Agustín Olachea se da a la tarea de despresurizar política y socialmente al Territorio Norte, expulsando a los jornaleros expatriados de los Estados Unidos, pero no del modo tan feo como fueron expulsados los chinos, sino de manera más sutil, en esta ocasión a los paisanos les brindaban todo género de facilidades monetarias para que regresaran a sus lugares de origen. Durante este lapso salieron por barco 3 mil 300 connacionales del Territorio Norte.

           

General Gildardo Magaña,
 fue quien enseñó a leer y escribir
al General Francisco Villa

Un año después, para el 7 de septiembre de 1935, cuando el presidente Lázaro Cárdenas destituyó a Olachea Avilés, poniendo en su lugar al general Gildardo Magaña, al ex responsable de dirigir el programa Colonias Agrícolas Militares, quien sólo llegó al Territorio Norte con la consigna presidencial de desaparecerlas del mapa bajacaliforniano.

           

Para 1935, con la expulsión de chinos y connacionales, la población de Mexicali había sido reducida a 14 mil 842 habitantes; cifra que adquiere un sesgo dramático, partiendo de que esta ciudad, en 1920, oficialmente era un poblado de 10 mil almas; o sea, en 15 años el poblado tan solo contaba con 4 mil 842 habitantes adicionales. Un dato que resulta irrisorio si observamos que esta ciudad en los primeros veinte años del Siglo XX, había venido cuadriplicando su índice poblacional entre una década y otra. A pesar de los funestos días de la asonada magonista y principalmente de la revolución, época en que no poca gente llegó del sur al antiguo Distrito Norte, escapando de la guerra civil y en búsqueda de trabajo.

roberelenes@gmail.com

SEP—INDAUTOR

Título original:

Aduanas bajacalifornianas

Registro público:

03-2003-110615022600