Por Roberto Elenes
 |
| Abelardo L. Rodríguez |
Sin la
anulación del orden de gobierno municipal, la gestión Lugo demostró al gobierno
federal la imposibilidad de controlar eficazmente dentro del Distrito Norte las
enormes sumas de dinero provenientes de la expedición de permisos de trabajo a
extranjeros, de las singulares aportaciones fiscales de la industria del
entretenimiento y del juego de azar, de las cuantiosas multas aplicadas a
narcotraficantes y a adictos a la droga y de la confiscación de droga, la cual
una vez incautada era susceptible de revenderse, sin omitir el contrabando de víveres,
mercaderías, materiales para la construcción, licor y droga; razón más que suficiente
para controlar también las aduanas.
Con Inocente
Lugo se desencadenó el refrenamiento político del orden municipal de gobierno y
durante el periodo gubernamental de Abelardo L. Rodríguez se dio la coyuntura
para la supresión del municipio, creando en sustitución los gobiernos
administrados por consejos municipales.
Abelardo L.
Rodríguez entendió esto y a los cinco meses de estar como gobernador −en marzo de
1924− de manera abierta propuso al presidente Obregón lo que a continuación
sigue:
«Yo estimo que sería conveniente gestionar las
reformas legales correspondientes, a fin de suprimir los ayuntamientos libres
en los territorios de la federación, dejando en su lugar consejos municipales
formados por el número de miembros que se juzgue necesario, de acuerdo con la
densidad de la población, dejando a los respectivos gobernadores la facultad de
nombrar esos consejos».
Se infiere que
el presidente Álvaro Obregón de principio rechazó la idea, de ahí que el
radicalista Ramón A. Pesqueira haya salido avante con su administración
municipal de 1924. Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, las cosas
cambiaron y como consecuencia Abelardo obtuvo el visto bueno presidencial,
tumbando al joven Miguel Vildósola (1925) de la presidencia municipal para
luego imponer sus reales en el manejo del ayuntamiento de Mexicali a través de
un consejo municipal. Sin llegar a esos extremos, Cantú —con más salidas
políticas que un cerco viejo— había mantenido para sí el control de la Hacienda
de los ayuntamientos, conservando en teoría el orden de gobierno municipal.
A partir de
noviembre de 1923, aquel que siendo jefe de operaciones militares se había dado
a conocer como acérrimo persecutor del cantuismo, ahora como gobernador
amnistiaba a los cantuistas autoexiliados en Estados Unidos, exonerándoles de
la acusación de peculado hecha por el ex gobernador Luis Salazar. Dos
años más tarde, Abelardo L. Rodríguez —se dice— haría lo mismo con el propio Esteban
Cantú.
Así fue como
Epitacio Macedonio, Narciso Trujillo, Hipólito Barranco, Donaciano Calvo, y el
pagador de gobierno Antonio A. Bannuett, regresaron a Mexicali. A Bannuett, connotado masón al igual que
Rodríguez Luján y Esteban Cantú, en un par de años lo haría oficial mayor de su gobierno
sustituyendo a Fernando Sansalvador. La buena voluntad del gobernador para con
Antonio A. Bannuett se extendería hasta el gobierno de Olachea Avilés que
abandonara el ya Territorio Norte de la Baja California hasta 1934. Bannuett
fue por antonomasia el oficial mayor de los gobiernos abelardistas, exceptuando
el corto periodo en que fungió como vicepresidente del consejo municipal
presidido por Alberto V. Aldrete y Carlos Dávila en 1927.
Al mismo tiempo
su relación con los aliados políticos en su época de jefe militar, casi por completo
pasó al olvido. Ricardo Covarrubias, tratando de hacer su lucha por reelegirse
como diputado en 1924, terminaría enfrentándose a Rodríguez Luján, quedándose
con la peleada diputación federal Enrique Ballesteros, el ex agente del
Ministerio Público Federal encargado de aprehender al “Indio” Loera y
asociados, pero también piedra de toque para su posterior liberación.
Sin embargo,
los ex presidentes municipales Otto Möller y Juan Loera, cual cartuchos
quemados, no tuvieron mayor prerrogativa dentro de las posiciones importantes
del nuevo gobierno. Möller sólo volvería a la administración en calidad de
subdelegado político de Los Algodones en 1929, y Loera ingresaría a la plana de
funcionarios de consejería municipal de Mexicali, en 1926, durante la actuación
de Alfonso B. Valencia como presidente de dicho consejo.
 |
| Antonio Múrua Martínez |
Abelardo y su manejo de las aduanas
En cuanto a las
aduanas bajacalifornianas, supervisadas desde Palacio Nacional por el
presidente Álvaro Obregón, Abelardo empieza a establecer sus mecanismos de
control —muy al estilo Cantú— propiciando que el presidente ratificase a M. L.
Cubillas, en la Fronteriza de Tijuana, y promoviendo a Guilebaldo Elías —administrador
de la Aduana Marítima de Ensenada— para que sustituyese, en diciembre de 1923,
a Antonio Flores, como administrador de la de Mexicali; Elías, iniciado febrero
de 1924, sería remitido de vuelta a Ensenada con el mismo cargo que tenía en
Mexicali, a causa de que había intercedido ante el propio presidente Obregón a
favor de Crescencio Jaime —su contador principal en Ensenada y en Mexicali— a
raíz de que un mes antes por orden presidencial había sido removido del puesto
y acusado de corrupción. Guilebaldo Elías, defendiendo al hombre de todas sus
confianzas, se defendía a sí mismo enviando al general Álvaro Obregón este
telegrama:
«Mexicali, B. Cfa. a 7 de febrero de 1924.
Al Co. General Álvaro Obregón.
Presidente de la República.
Celaya, Guanajuato».
«Con fecha 12 de enero último cesó a Contador de
esta Aduana C. Crescencio Jaime por orden expresa de usted a Secretaria de
Hacienda, respetuosamente ruégole re-considerar acuerdo ordenando esta vía
expresada a Secretaría repóngase empleo a dicho Señor por tratarse de persona
competente, honrada y adicto al Gobierno constituido, como lo es todo el
personal a mis órdenes. Respetuosamente. El administrador de la Aduana,
Guilebaldo Elías».
Abelardo,
habiendo tenido conocimiento extraoficial de que el general Obregón iba a
transferir a Guilebaldo Elías a otra plaza fuera del Distrito Norte, el 16 de
febrero intercede por su protegido, haciendo llegar al presidente de la
república el telegrama siguiente:
«Num. 311. Noticia extraoficial será removido a
otra Aduana Guilebaldo Elías, cuya labor en esta oficina ha sido muy eficaz,
según comprueban los datos oficiales obran en Dirección de Aduanas y Secretaría
de Hacienda, su gestión en este Puerto ha sido benéfica para habitantes de esta
región, y este gobierno en las actuales circunstancias considera necesarios sus
servicios en el actual cargo que desempeña dentro del Distrito Norte. Abelardo
L. Rodríguez».
Con este
mensaje seco, conciso, sin endosar a su nombre el título de gobernador o la
categoría de general brigadier, Rodríguez Luján se sale con la suya ante
Obregón, logrando que Elías permaneciera en su puesto de Ensenada.
En ese ínter,
se da la coyuntura para imponer como administrador de la aduana principal del
Distrito Norte —la Fronteriza de Mexicali— a su amigo Octavio Gaxiola,
emparentado con el Francisco Javier del mismo apellido que fuese secretario de
gobierno en el distrito durante el mandato de José María Tapia Freyding, y
secretario particular de Abelardo al llegar éste a la Presidencia de la
República.
Aun siendo las
aduanas piloteadas desde Presidencia, el presidente de la república no tenía
del todo el control operativo de éstas. Sobre este punto, para Abelardo L.
Rodríguez era de vital importancia imponer a su gente en el control de las
aduanas con el propósito de hacer suyo lo que se hacía dentro y fuera de las
mismas. Así fue.
En cuanto a la
recaudación fiscal a casas de juego, con Lugo el Distrito Norte obtenía o se
quedaba con el 25% de las contribuciones que los casinos tijuanenses pagaban al
gobierno federal; sin embargo, a finales de 1923 cuando la Federación otorgó a
la empresa ABW la primicia fiscal sobre derechos de piso, a partir de entonces
el gobierno distrital fue compensado con un subsidio de 900 mil pesos para
solventar los gastos del aparato gubernamental, no pudiendo disponer el gobierno
abelardista del dinero generado por la expedición de licencias para el establecimiento
de cantinas, facultad que la Secretaría de Gobernación se había arrogado desde
1922.
A raíz de la
salida de Cantú del gobierno en 1920, se dio una lucha de fuerzas entre el
gobierno del Distrito Norte y los municipios en aras de agenciarse el producto
de la aplicación de multas a narcotraficantes y adictos y demás, prevaleciendo,
a inicios de 1924, la extorsión ejercida a estos sujetos por parte de las
corporaciones policíacas.
En lo que
atañía al control de narcotraficantes y al tráfico de estupefacientes dentro
del Distrito Norte, a la llegada de Abelardo, se había producido un vacío que
había sido de inmediato allanado por las bandas de traficantes chinos.
 |
| Al centro, sentado, el coronel Francisco S. Peralta |
El ahora
coronel Francisco L. Peralta —quien a instancia de Rodríguez Luján le había
sustituido en el cargo de jefe de la Policía de Nogales cuando, en marzo de
1913, el general se adhirió al carrancismo—, era muy amigo de Abelardo; éste
con el fin de apuntalar la casi nula vigilancia ejercida por la exigua
plantilla de celadores de la aduana sobre una amplísima superficie territorial,
refuerza en el Distrito Norte la intervención de la Policía Fiscal y de Campo, sostenida por José Inocente Lugo en el Distrito Norte con el fin de controlar el contrabando.
Se trataba de una institución
que era versión sui generis de la antigua gendarmería fiscal sonorense,
operando durante el porfiriato, dependiente del gobierno del distrito y no de
Hacienda; corporación que Abelardo pondría bajo control de Pancho Peralta —inspector de
Policía—, nombrando como jefe operativo de la misma el temido Alberto
García: era un ex-coronel villista que había
cometido terribles asesinatos en Sonora y otras regiones del país en tiempos de
Cantú. Las autoridades norteamericanas lo habían deportado hacia
el Distrito Norte y entonces el coronel Cantú terminó por confiarle la
Comandancia de Policía de Mexicali. García era un conocedor de la zona de
trabajo además del ramo aduanero pues estuvo trabajando un tiempo en la sección
aduanera de Los Algodones. Este tipo de hombres fue, en parte, la clave
del éxito de Abelardo en cuanto al control ejercido sobre los dineros
producidos por el contrabando de toda especie, emolumentos que en parte
acabarían por quedarse en los bolsos de la élite gobernante del distrito y no
en las arcas de la Nación.
La gendarmería
distrital de Cantú, acompañada de su dichoso regimiento, sí hacían la
vigilancia de campo dentro del Distrito Norte, pero no tenían atribuciones de
fiscalización sobre mercancía en tránsito entre ambos lados de la frontera.
Para dicho fin, Esteban Cantú (haciendo a un lado los criterios legales de
Hacienda para asignar personal de fiscalización en las aduanas del país), del
peculio distrital dispuso aumentar la plantilla de celadores de Aduanas, a caballo, a cargo de diversos puestos
fiscales a lo largo de la frontera; plazas que fueron aumentando conforme los requerimientos
de sus administradores, concentrados en mejorar cada vez más y más el cuerpo de
fiscalización aduanal.
 |
| Sentado, Leopoldo Verdugo, jefe de resguardo aduanal |
Con la llegada
de los gobiernos de la revolución, la plantilla de celadores dentro de las
aduanas bajacalifornianas, retornaron a sus cauces institucionales, habiendo en
la Aduana Fronteriza de Mexicali, para 1924, un jefe de resguardo aduanal —Leopoldo Verdugo, ex funcionario durante el gobierno de José Inocente Lugo— con tan solo una plantilla autorizada de poco más de una
decena de celadores adscritos a la garita. Imposible de controlar el
contrabando con ese personal dependiente de una Aduana Fronteriza de Mexicali
cuya jurisdicción comprendía un segmento de línea fronteriza internacional que
se alargaba desde Los Algodones hasta Tecate; es decir que atravesaba más de
media Península.
Echado a andar
su efectivo plan para controlar el contrabando indiscriminado que se hacía a través
de la línea fronteriza entre California y el Distrito Norte, a mitad de 1924,
el gobernador Rodríguez Luján rechazó recibir el subsidio de 900 mil pesos,
solventados por las aduanas, para cubrir el pago de los salarios de la planta
magisterial y del aparato judicial así como los gastos de la tropa acantonada
en el distrito. También ese año, el gobierno abelardista le facilitó 1 millón
de pesos al general Obregón para los gastos de campaña emprendida contra los
rebeldes delahuertistas.
Abelardo mantendría
con firmeza la decisión de rechazar el subsidio federal a lo largo de su gestión
gubernamental (1923-1929). Incluso, su gobierno se daría el lujo de obsequiar
dinero al gobierno federal para la compra de dos barcos guardacostas destinados
a vigilar las aguas territoriales de la Península de Baja California.
A raíz de
aquellas medidas del gobierno abelardista, la Aduana Fronteriza de Mexicali
quedó supeditada solo a hacerse cargo del pago a trabajadores del ferrocarril
Mexicali-San Felipe, cuyos trabajos empezaron desde 1923. Francisco Pérez
estuvo a cargo de realizarlos hasta noviembre de 1924 en que fueron
suspendidos. Tiempo después, la “Colorado River” retomaría aquel proyecto para
tratar de revivirlo sin éxito.
Desde sus
inicios como gobernador, el control férreo ejercido por Abelardo sobre el contrabando
y sobre los traficantes —especialmente de droga y alcohol—, así como una
peculiar visión en los negocios y su amistad inquebrantable con el jefe máximo
Calles que lo llevó a la Presidencia de la República en 1932, fueron factores
suficientes para situarle durante la década de los treinta como uno de los
hombres más ricos y poderosos de México.
Abelardo destraba la crisis de vivienda en el
Distrito Norte
En febrero de
1924, Abelardo vuelve a contraer nupcias y se casa con la poblana Aída Sullivan
Coya, estabilizando el renglón relacionado con sus fracasos matrimoniales
anteriores y con quien habría de procrear tres varones: Juan, Fernando y Abelardo.
 |
| Harry H. Clark |
El 21 de abril
del año en cuestión, la Secretaria Particular de la Presidencia, recibe el
veredicto firmado por el subdirector de la Dirección General de Aduanas:
«Con referencia al asunto de que tratan los
telegramas que me permito devolver a usted, tengo la honra de informarle, por
acuerdo de la Secretaría de Hacienda, que con fecha 7 de los corrientes y en
oficio número 4223, esta oficina manifestó al Administrador de la Aduana de
Mexicali que no es posible permitir la importación libre de derechos del
material para un edificio que va a construir la Colorado River Land Company,
por oponerse a ello las disposiciones legales vigentes».
El gobernador
Rodríguez Luján hace suyo el asunto, solicitado la intervención de Gobernación
(de Plutarco Elías Calles) para que la Colorado River Land Co. consiguiera el
otorgamiento de la exención de impuestos a la importación de materiales para la
construcción de sus instalaciones. No sólo logra eso, sino que replantea al
gobierno de la República la imperiosa necesidad de hacer traer hacia Tijuana,
Ensenada y Mexicali a los funcionarios federales radicados en San Diego,
Nacional City, Garbo y Calexico, objetando para eso el altísimo costo de los
materiales para la construcción de vivienda a raíz de los elevados impuestos de
importación y derechos consulares aplicados a esos productos.
Después de
medio siglo de estar el pueblo bajacaliforniano machacando al gobierno central
sobre este problema, el habilidoso gobernador conseguía la condonación del pago
de derechos consulares y aduanales a la importación de materiales para
construir en el Distrito Norte. Dado este paso trascendental para el desarrollo
regional, Abelardo convoca públicamente a los funcionarios federales a venirse
a radicar a suelo mexicano.
 |
| Boom de la edificación de residencias en el Mexicali de 1924 |
Para eso,
Antonio Múrua —secretario general de Gobierno— envió a los funcionarios
federales el siguiente aviso:
«Este gobierno ha tenido a bien prorrogar hasta el
día 29 de abril, el plazo concedido a los empleados de la Administración Pública
del Distrito con residencia aún en el extranjero, para que se trasladen a
Territorio Nacional».
«Lo que se comunica por acuerdo del C. Gobernador
para los efectos consiguientes. Sufragio Efectivo-No Reelección. Antonio Múrua,
Secretario de Gobierno».
Lo cierto fue
que Abelardo obtendría un éxito muy parcial en cuanto a eso de convencer al
empresariado y a la burocracia federal para que se vinieran de los Estados
Unidos a radicar a su tierra. Y mire que por esos días aún quedaba muy remota
la fecha para que se inauguraran los Mcdonald´s con sus Happy Meals.
 |
| Tradicional Escuela Primaria Benito Juárez |
.jpg) |
| Abelardo L. Rodríguez y Juan F. Brittingham |
Gobierno abelardista contra Magaña Mejía
 |
| Ramón A. Pesqueira |
El 1 de enero de 1924, Ramón A. Pesqueira asume la presidencia municipal, acompañado de los regidores Anacleto Luna —como vicepresidente—, Evaristo Villarreal —representando a Tecate—, Miguel Vildósola, Benito Gómez, Cesáreo Méndez, Luis Ángeles y otros. Durante ese lapso, el coronel Marcelino Magaña Mejía que había vuelto a interponer ante el gobierno federal solicitudes de reparto agrario de las tierras de “La Progreso”, en posesión de Víctor Caruso, recibe de parte de José G. Parres —subsecretario de Agricultura— la contestación siguiente:
«Respecto a los Terrenos arrendados a Víctor
Caruso, me he permitido informarle que han sido cedidos al gobierno del
Distrito Norte de la Baja California para que los colonice».
Magaña Mejía —con
fines expropiatorios— también había organizado a los arrendatarios de tierras
desde tiempos de Esteban Cantú, como lo eran los habitantes de las colonias
Sonora, la Zaragoza, la Herradura, la Castro, la Álamo Mocho, la Abasolo y la
Rivera, formada ésta última entre 1920 y 1921.
El gobernador
Rodríguez Luján, conociendo los alcances de Magaña Mejía, viola el marco
constitucional vigente hasta esa fecha, y compra a la Compañía de Terrenos y
Aguas de la Baja California, S. A., 10 mil hectáreas con el fin de rentar
parcelas a los pequeños agricultores por espacio de un año. Luego haría lo
mismo que ya había hecho antes Inocente Lugo, refacciona a los pequeños
productores con 150 mil pesos para que
pudieran empezar a sembrar en el ciclo algodonero en puerta.
Este tipo de
modelo de tenencia de tierras por arrendamiento, iniciado por la Colorado River
Land Co. desde 1912, y proseguido por Esteban Cantú a inicios de 1916, era
congruente con la visión obregoncista y callista siempre y cuando los
posesionarios de aquellas pequeñas fincas agrícolas fueran mexicanos. Con los
gobiernos de la Revolución, entre 1922 y 1923, el gobernador Inocente Lugo
había empezado a promover este modelo con gente de las colonias, obteniendo
resultados favorables para ambas partes. Esta acción de Obregón y Calles
dirigida a refrenar el manifiesto influjo de los radicales sobre el campesinado
del Valle de Mexicali, era incompatible con lo que pensaba el villista Magaña
Mejía en torno al reparto agrario.
Con las tres
emes de Marcelino Magaña Mejía inicia el movimiento que diera cauce a la
expropiación de tierras en Baja California, siempre en deuda con este villista
jalisciense con tanto o mayor mérito que Marcelino Velásquez Calleros, Benjamín
Magaña, Leonardo Prado, Ignacio Sánchez Campos, Miguel Llano, David Rubio,
Benigno Lamas, Florentino Domínguez, Macario Sández, Manuel Aguilar, Francisco
López, Rosalío Montes, Zeferino Huerta y que la propia Felipa Velázquez
Vda. de Arellano, líderes del Comité Ejecutivo Agrario de la organización Rojo
y Negro en 1930, o incluso de cara a los que participaron en el “Asalto a la Tierra” de 1937,
apoyados enteramente por el gobierno cardenista.
Al villismo,
Mexicali debe que haya sido convertido en municipio el año de 1915, y son
también villistas identificados con el anarcosindicalismo magonista y con la
C.G.T., los que, entre 1921 y 1922, empiezan en el Distrito Norte de la Baja
California el movimiento en pos de la Reforma Agraria de 1937.
Fin de la rebelión delahuertista y del caso Covarrubias
A mediados de 1924, por fin sofocaron la rebelión delahuertista,
iniciando la carrera electoral Plutarco Elías Calles y Ángel Flores con sus
candidaturas a la Presidencia de la República, lo que degeneró en la fractura
del grupo Son-Sin siendo asesinados la mayor parte de los generales sinaloenses
con mando de tropa como Rafael Buelna Tenorio, Juan Carrasco, Benjamín G. Hill,
Salvador Alvarado Rubio y Juan M. Banderas, incluyendo los asesinatos
de los ex candidatos presidenciales Ángel Flores y del antirreleccionista
Francisco Serrano, quedando fuera de esta lista los generales Pablo Macías así
como el obregoncista José Gonzalo Escobar y el carrancista Ramón F. Iturbe,
parte de la plana mayor de militares sinaloenses.
Los mazatlecos
Escobar e Iturbe, al lado de otros obregoncistas como el gobernador de Sonora,
Fausto Topete, con el Plan Hermosillo (La Renovadora), elaborado por el
ideólogo Gilberto Valenzuela Galindo, se levantarían en armas, en 1929, contra
Plutarco Elías Calles y su maximato: la rebelión escobarista. Los divisionarios
Obregón y Escobar, por su reconocido talento militar fueron dos hombres muy
respetados dentro de las filas del Ejército Mexicano. Ambos se encuentran entre
los pocos que pudieron derrotar a Francisco Villa.
Ricardo
Covarrubias, presunto radical, sin la altitud de miras ni dueño del tipo de
decisiones que era capaz de tomar su paisano Marcelino Magaña Mejía, con el
propósito de volver a reelegirse, el 27 de abril de 1924, funda un Partido
local: el Radical Agrarista (PRA).
Ese día,
durante la asamblea inaugural del P.R.A. efectuada en el Teatro-Carpa, instalado
en la confluencia de las calles del Ferrocarril (López Mateos) y Azueta
(Juárez), el periodista Heriberto Villarino —también empleado de la oficina de
Migración— lanza diatribas contra el gobierno distrital asegurando que sus
principales funcionarios se dejaban sobornar por los potentados chinos. A la
mañana siguiente, Villarino iba a dar con sus huesos a la cárcel por órdenes
del gobernador.
Tres días
después, los señores José E. Araiza y Fernando Navarro Aguinaga, presidente y
secretario del instituto político fundado por el diputado Covarrubias, le
envían un telegrama de protesta al presidente Álvaro Obregón y para el 3 de
mayo publicaban su queja en el periódico “El Monitor”, en el que se daban hasta
el lujo de acusar al licenciado Arturo Guajardo de usar doble cachucha al
hacerla de consultor del gobierno y a la vez de apoderado de las principales
empresas, con el fin de despojar a los pocos pequeños propietarios de tierras
de cultivo como lo eran Eustaquio Castro y José I. Pérez de la Colonia Castro.
Obregón se
concretó a reenviar la acusación al gobernador Rodríguez Luján, ordenándole explicaciones.
En la contestación el gobernador —independientemente de aclarar que el abogado
Guajardo no era ningún consultor de su gobierno, sino una especie de buen
samaritano con los menos favorecidos— descalifica al periodista Villarino de
ser un borrachín, irredento, acusando a Araiza de agitador radical implicado en
el homicidio de Pedro Reyes —comisario de San Luis, Sonora—, dejando claro que
no le había gustado el tono con que el presidente Álvaro Obregón le pedía explicaciones,
si se observa el texto de su “Carta Abierta” publicado en el bisemanario
“Mercurio” contra la dirigencia del Partido Radical Agrarista, en cuyo segundo
punto remacha:
«A pesar de que el Gobierno a mi cargo ayudó al
General de la República con más de un millón de pesos para los gastos de la
campaña emprendida contra los infidentes que encabezaban De la Huerta y socios,
cantidad muy respetable si se toma en cuenta la crisis que indefectiblemente
hubo de originar la revuelta, estancando el comercio y la industria y sembrando
la muy natural desconfianza en el capital extranjero que dejó de afluir al
país, originado el consiguiente trastorno económico».
«El Gobierno del Distrito ayudó a todos aquellos
agricultores que supieron cumplir con sus compromisos contraídos
anteriormente [con el
gobernador Lugo, en 1923], con una cantidad mayor a CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS, con los que se les ha estado refaccionando en el corto periodo que tengo
de estar actuando como gobernador».
La lectura real
de este recuento que Rodríguez Luján dirige con dedicatoria al general Obregón,
bien se puede interpretar así: Y después de todo lo que he hecho por usted
señor Presidente al regalarle un millón de pesos en apoyo a su campaña contra
de De la Huerta y sus compinches, y lo que he realizado por las colonias
agrícolas al dotar a más gente de terrenos —arrendados por un año—,
otorgándoles crédito para sembrar como es su soberano parecer, aun así
desconfía de mí al punto de pedirme explicaciones, en lugar de darme su apoyo
contra los radicales.
Tras el
préstamo de tierras a campesinos con posibilidad de recibir algún día títulos
de propiedad si cumplían con los empréstitos pactados, Abelardo había dotado de
tierras a algunos otros colonos como los de Hechicera, Paredones y Cucapá; al
mismo tiempo, acicateado por la dura presión de los radicales, promoviendo
solicitudes de tierras, se vio obligado a darle cauce al funcionamiento de la
Comisión Agraria local.
Todo indica que
en el Distrito Norte durante los gobiernos de Obregón y Calles, el gobierno
federal trataría de suplantar a la “Colorado River” y a la “Compañía de
Terrenos y Aguas” como arrendador principal de tierras del Valle de Mexicali,
después de adquirir los terrenos con dinero de las arcas del Distrito Norte y
de apoyar el despojo de tierras a los antiguos rancheros establecidos por los
días en que Guillermo Andrade obtuviera títulos de propiedad de la mayor parte
del Desierto del Colorado.
Desde el Siglo
XIX, esas tierras en litigio formaban parte del patrimonio de Bernardo Meléndrez,
Santiago Castro, Ángel González, Chuy Loroña, Agustín Botrón, Manuel Cabrera,
las familias Moreno y Fonseca. A Guillermo Andrade el gobierno porfirista le
había otorgado un contrato de colonización, en 1878, de un amplísimo territorio
y diez años después —el 8 de marzo de 1888— hasta le extendió títulos de
propiedad de casi la totalidad de los Valles de San Luis y de Mexicali, exceptuando
los bienes de los propietarios antes citados. Sólo bastaba con que el gobierno
de la revolución hiciera buena la amenaza de desconocer los derechos de
propiedad otorgados por la dictadura porfirista sin previo pago, para
deslegitimar la posesión de tales tierras, expropiándolas. A eso era a lo
que le temían los accionistas de la “Colorado River”, cuya inversión a esas alturas
ya había sido recuperada pero con creces.
Pero la crisis
económica mundial de 1929 y la derogación de la Ley Seca en los Estados Unidos
el año de 1933, aunado a la llegada al poder de Lázaro Cárdenas el 1 de
diciembre de 1934, dieron un vuelco inesperado a todo este asunto de la
tenencia de la tierra dentro de la Baja California.
El pateador de periodistas
Por los días
cercanos a los festejos conmemorativos al Día de la Independencia del año 1924,
en Ciudad de México, algunos titulares de los periódicos de la capital del
país, reseñaban un suceso bochornoso acaecido en el lejano Distrito Norte de la
Baja California, entre un desquiciado gobernador y jefe militar en contra de un
par de viejos periodistas, uno cojo y otro manco, llamados José Esperón —del
“Monitor” — y José Cayetano Zepeda —del “Eco del Distrito” — directores de dos
medios informativos de Mexicali.
Sucede que el
día 10 de septiembre, Esperón, animado seguramente por su paisano el diputado
Covarrubias —dueño de ambas publicaciones—, había publicado otra de esas
“Cartas Abiertas” en contra del gobernador Rodríguez Luján, muy acorde con el
tono de la que había hecho antes Araiza, el dirigente del Partido Radical
Agrarista.
Al día
siguiente, durante la mañana el gobernador sale de palacio, caminando, en compañía
de Ramón A. Pesqueira —alcalde de Mexicali—, de Pancho Peralta —inspector de
Policía—, de Alberto García, a cargo de la Fiscal y de Campo, de Octavio
Gaxiola —administrador de la Aduana—, de Alfonso Pellegrín, intérprete del
gobierno distrital, del capitán Ramón Rodríguez Familiar y otros dos
ayudantes, y se dirigen a las instalaciones situadas al sureste del edificio de
gobierno, al Campo Deportivo Militar recientemente inaugurado, con la misión de
presidir un evento en el que participarían invitados del vecino país.
Terminada
aquella ceremonia oficial, la tertulia se prolonga hasta eso de la 10.30 de la
noche, en que la comitiva gubernamental, rodeada de polizontes, decide visitar
el Molino Rojo, regenteado por Carmen Cantua, con el fin de echarse la del estribo. Estando allí,
enfrascado en amena charla con su anfitriona “La Bicicleta”, al general le
informan que los pilluelos de Covarrubias, de Esperón y Zepeda se encontraban
en la “Botica Mexicana” —de Simón Anguiano— curándosela en salud. El general se
encabrita, y le ordena a su asistente Rodríguez Familiar que, a como diera
lugar, los trajese en presencia suya. Rodríguez Familiar y sus ayudantes llegan
a la botica, encontrándose con la novedad de que Covarrubias había cruzado la
línea rumbo a su casa en Calexico y que sus acompañantes habían hecho lo propio
yendo a la suya, en el Edificio Verdugo y en el Hotel Mazatlán. Finalmente el
capitán va y saca a Esperón y a Zepeda de sus aposentos y les lleva,
empijamados, en presencia del general Rodríguez y su comitiva.
El gobernador
les recibiría con un hijos de tal por cual, ¿quieren que les conteste su carta?
A lo que Esperón le respondió cómo usted quiera, mi general. Y, a manera de
entremés, Rodríguez Luján le dio al pobre José Esperón una zarabanda de perro
bailarín con la cacha de su pistola hasta dejarlo tendido en el suelo. Zepeda,
que si bien era manco pero no cojo, trataría de poner pies en polvorosa
impidiéndoselo una lluvia de balas al piso. Paso seguido, el general comprobaría
que Zepeda no era tan cabeza dura como Esperón, pues al primer cachazo en la
testa, lívido, rodó por el piso. Ambos periodistas, desmayados sobre el piso,
recibieron patadas a granel. Esta fue
otra de las ocasiones en que a Abelardo le ganara su natural daltonismo, viendo
moros con tranchetes.
Con la
intervención de la prensa norteamericana, este suceso se convertiría en un
escándalo mayúsculo, el mismo que el gobernador del Distrito Norte trató de
aminorar al obligar a Alfonso Pellegrín, o sea al traductor del gobierno
—imagínese— a echarse la culpa de ocasionar tan salvaje agresión en contra de
dos ex villistas fatigados por la edad y discapacitados físicamente por los
embates de una guerra civil. Con esa treta, Abelardo logró aminorar el enojo de
Obregón y Calles —presidente en funciones y presidente electo— en contra suya,
por aquella paliza infringida a dos viejos revolucionarios.
Covarrubias al
siguiente año estaba vendiendo sus periódicos para marcharse a su tierra,
Jalisco, donde tiempo adelante volvería a ser diputado federal por aquella
entidad. El callismo, prolongándose con Abelardo L. Rodríguez en la
presidencia, desaparecería —en 1933— del marco constitucional la reelección
consecutiva de diputados y senadores, con el brete de diezmarle fuerza al Poder
Legislativo.
El comandante Leopoldo Verdugo: Censor “de
película”
A eso de la 9 de la mañana del viernes 19 de diciembre de 1924, frente a la garita fiscal de la calle Melgar se filmaba una escena de uno de tantos churros hollywoodenses que se realizaron durante la década de los veinte, intitulado “Los Caballeros del Condado”. La escena consistía en que una dama, medio crápula, salía hasta las trancas del Mexicali Beer Hall de la Avenida Madero, entre Melgar y Zorrilla, para tomar rumbo a la línea donde se encontraba un pastor negro tratando de convertir con su prédica a los borrachos irredentos que transitaban por el lugar de ida hacia los Estados Unidos. Al paso de la mujer por el sitio donde el reverendo entornaba los ojos al Cielo, conjurando el auxilio divino, el buen hombre se percata de la presencia de aquella oveja descarriada y la aborda pero con tan mala pata que al ver ésta al canijo negrote, se cisca y corre a pedir ayuda al primero que encuentra: un tipo moreno, sombrerudo, mostachón, muy mal encachado, que, erigiéndose en defensor de la fulana, con tamaño cuchillote, mandaba al afanoso predicador a chupar Faros. Pero no acababa aún el actor de azotar en el suelo, fingiéndose muerto, cuando en eso llega don Polo Verdugo y se le adelanta al director Steel con la voz de ¡corte!, suspendiendo la filmación con el pretexto de que estaban filmando la garita fiscal sin permiso.
Al rato
arribaría a la escena del crimen fílmico Pancho Peralta y en calidad de
inspector de Policía le solicitara a Steel su permiso de filmación. Todo estaba
en regla, ya que un mes antes los ejecutivos de la productora de Arthur Mix
desde Los Ángeles habían contactado con “El Corellón” —con Rafael Corella,
gerente del Cine Iris— para que les echara la mano gestionando ante las autoridades
del municipio permiso para filmar y además que los ayudase en la contratación
de algunos extras con cara de pocos amigos. Para eso, “El Corellón” le encomendó
a Aurelio “Yeyo” Velasco —vecino de la colonia Pasadina— que reclutara a
reconocidos beodos del pueblo. Así fue como el caritativo “Yeyo” —en vez de
darles el último empujón hacia el abismo— acabó por hacerlos artistas, lanzando
a los borrachitos de Mexicali al estrellato de la cinematografía mundial.
No sin antes de
tachar en público a Ramón A. Pesqueira —al presidente municipal— de ignorante;
Pancho Peralta le decomisa la cinta a Steel, y, por consiguiente, anula el
permiso de filmación con otro argumento muy diferente al que pretendía filmar
el cineasta gringo en Mexicali, declarando a los chicos de la prensa:
«Con esta película sólo se trata de denigrar al
país, mediante una campaña de desprestigio que intencionalmente han dado en
realizar algunas compañías cinematográficas norteamericanas, haciéndonos
aparecer en la pantalla como seres capaces solamente del pillaje y adoradores
eternos del vicio».
Hollywood era
el menos indicado moralmente para venir a remover el agua al llamado sindicato
del vicio norteamericano y afiliados mexicanos, obteniendo pingüe ganancia con
sus negocios turbios operando dentro del Distrito Norte.
Como director
de películas realizadas en Mexicali, “El Corellón” correría con mejor suerte
que Steel, pues —en 1926— se saca la espina filmando su “Raza de Bronce”, un
libreto escrito por Alfonso Tovar —alias “Tobarich”— que bien podía
interpretarse como una apabullante respuesta al desangelado culebrón de Arthur
Mix; cinta en la que Corella estrena sus dotes de director fílmico, haciendo
aparecer en primer plano a gallardos soldados federales —como el gobernador y el
jefe de policía del Distrito—, luchando en el campo de batalla contra una turba
de aguerridos alzados en armas (como los delahuertistas), a los que, como
corolario, el ejército y el pueblo se los echaban al plato, yendo luego el
muchacho de la película —un apuesto oficial del Ejército mexicano que bien
podía ser Rodríguez o Peralta— a reencontrarse en brazos de su amada. Todo un
orgasmo interplanetario con visos propagandísticos que sería exhibido, incluso,
en algunas salas de la capital del país.
Fin del orden de gobierno
municipal
Al final de la
administración Pesqueira, el antiguo edificio de Madero y Azueta que había
servido de subprefectura después de la asonada magonista de 1911, y luego como
presidencia municipal y aduana a partir de 1915, cerraba su ciclo vital para
que el nuevo alcalde tomara presunta posesión de las nuevas instalaciones
municipales.
 |
| Miguel Vildósola |
Sus oponentes
dentro del cuerpo edilicio se hacían llamar “los librepensadores”,
presuntamente ateístas y también masones, liderados por el comerciante Adolfo
B. Valencia, este grupo estaba integrado por Alfredo Pradis, el tecatense
Eufrasio Santana, Rafael F. Gastélum, José Pérez y Carlos Lambarén.
En aquella
sesión inaugural de cabildo de un cuerpo edilicio de arrevesados —radicales
católicos contra liberales tradicionalistas ateos, como el gobernador—, incompresiblemente, a un hombre de la experiencia del secretario Robles Linares
se le olvida levantar el acta constitutiva del nuevo cabildo; pero lo más
inverosímil de todo fue —¡tamaña estupidez!— que a los regidores del nuevo cuerpo edilicio, también se les olvida exigirle al secretario del Ayuntamiento el levantamiento de
esa acta para firmarla y así legitimar sus funciones como ediles de la nueva
administración municipal.
Al final de aquella sesión inaugural, el alcalde
Vildósola cita a los regidores a otra asamblea para el día siguiente con el fin
de designar las Comisiones del Ayuntamiento. Llegada la hora, sucede que
los “los librepensadores” no se presentan y por falta de quórum se suspende la
reunión de cabildo. Después del caso Loera en 1923, el gobierno de Lugo había
introducido una enmienda al artículo 20 del Reglamento Interno del
Ayuntamiento, la cual, anulando la participación de los suplentes, prescribía
que cuando un presidente convocaba hasta por tres veces y no lograba quórum por
parte de los regidores propietarios, entonces era facultad del gobierno del
distrito intervenir para la desintegración del Ayuntamiento.
Entre salidas
fuera de la ciudad y declaración adversas contra los “confederados”, los
regidores, autoproclamados “librepensadores”, dejan pasar los meses de
enero y febrero no acudiendo a las sesiones de cabildo, en tanto el presidente
municipal se abstuvo de seguir convocando a tales asambleas, concentrándose en
el amueblado del nuevo palacio municipal. A mediados de marzo de 1925, Miguel
Vildósola le enviaba un telegrama al presidente Plutarco Elías Calles con la siguiente
petición:
«Este Ayuntamiento Hónrome
presidir, ha emprendido obras materiales de consideración, entre ellas acaba de
construirse palacio municipal con costo mayor de 150 mil pesos, estando por
inaugurarse primeros días abril próximo».
«Muebles para el mismo
comprados en Los Ángeles, costaron 6 mil pesos, más o menos, obras invertidas
muy fuertes cantidades, con algunos sacrificios, por esta ciudad en formación».
«Muy respetuosamente suplícole,
conceder a este Ayuntamiento exención derechos importación: muebles ya
comprados, así como implementos y combustible nueva planta de agua potable que
surte ciudad y cuyo costo asciende ya a cerca de 200 mil pesos. El presidente
Municipal, Miguel E. Vildósola H».
A fines de ese
mes de marzo, era un secreto a voces que el gobernador desaparecería al Ayuntamiento
de Mexicali. El 1 de abril, Heriberto Borunda —jefe de la glosa municipal— que
ya se sabía muy bien el caminito, interpone ante el licenciado Plutarco
Gallegos —Agente del Ministerio Público del Fuero Común—, una demanda en contra
de los regidores “confederados” Miguel Vildósola, Ramón A. Pesqueira, Luis G.
Valdés, Cruz R. Villavicencio, Benito Gómez, Cesáreo Méndez y Evaristo
Villarreal, bajo la acusación de que en tesorería municipal existían una serie
de vales autorizados por el presidente municipal sin comprobación alguna, cuyo
monto ascendía a cuantiosa suma. Para el día 4, Alberto García y su “Policía
Montada” aprehendían a los regidores acusados de abuso de autoridad,
exceptuando al comerciante tecatense Evaristo Villarreal que había logrado
pegar carrera hacia Calexico.
Empezando la
semana, el lunes 6 de abril de 1925, el gobernador Rodríguez Luján
desconocía al cuerpo edilicio en pleno y daba por desaparecido a un
Ayuntamiento de Mexicali que —constitutivamente— jamás existió de manera legal
gracias a Robles Linares, a quien —para 1928, con sede en Tijuana— el
gobernador Abelardo L. Rodríguez otorgaría patente como notario público.
En lugar del
cabildo, L. Rodríguez nombró un Consejo Municipal de “gente preparada”, según declaraciones
del gobernador –o sea, no ignorantes como los radicales Pesqueira y Vildósola,
si parafraseamos a Pancho Peralta–, presidido por Federico Palacio y cuyos
integrantes eran el doctor Manuel Monter, el coronel Miguel Rodríguez Galeana,
Francisco Lamarque y el periodista Alfonso Tovar.
.jpg) |
| Palacio de Gobierno Municipal |
Con el tiempo,
consciente Rodríguez Luján de que un día había llevado al baile a Miguel
Vildósola, habría de mandarle llamar varias veces al cabo de su vida con la
idea de hacer las paces, las mismas ocasiones en que Vildósola rechazó sus
llamados. Fue hasta la década de los cuarenta, cuando Abelardo se hizo gobernador
de Sonora, que volvieron a toparse en Hermosillo, quedando aquel asunto
saldado con un buen apretón de manos y el consabido abrazo con manoteo de
espaldas. Para eso tuvieron que pasar casi veinte años.
Con el
indiscutible apoyo del gobernador, el consejo de notables con Federico Palacio
encabezando la administración de Mexicali, en sólo 8 meses culminaron un
conjunto de obras que quizá jamás se hubieran hecho por falta de consensos
básicos entre los ediles. Para el día 26 de agosto de 1925, Federico Palacio,
acompañado de Octavio Gaxiola –administrador de la Aduana cachanilla–, de
Manuel Fernández Guerra, ingeniero de la ciudad, estaban inaugurando un puente
de madera bautizado con el mote de
“Puente Blanco” que conectaba a Mexicali con Pueblo Nuevo, atravesando
el Río a la altura de la terminación de Avenida Teniente Guerrero –prolongación
Reforma–.
A Federico Palacio, durante su gestión le toca expedir los títulos de propiedad relacionados con los terrenos del fundo legal. Instala la iluminación de las Avenidas Obregón y Reforma, dotándolas de unos arbotantes hechos de granito con capelo de nítido cristal sobre armadura de hierro decorado. Sobre la Calle Oriente inaugura la Biblioteca Pública con sus 24 estantes traídos de Los Ángeles; asimismo, arrancan los trabajos para la construcción de una nueva Estación de Bomberos a un costado del edificio, recién hechecito, de la sede del consejo municipal.
Después de
haber desaparecido el orden municipal de gobierno en la capital del Distrito
Norte; Abelardo L. Rodríguez, a cambio, el 15 de octubre de 1925, creaba el
municipio de Tijuana, bautizando a la ciudad con el nombre de Zaragoza. Cuatro
años adelante los lugareños mandarían a la fregada el nombrecito de Zaragoza y
el poblado volvería a ser la Tijuana que hoy conocemos. Tecate, por aquellos
días pasó a ser sección municipal de Tijuana. Al poco tiempo, el gobernador se
arrepentía de su anterior iniciativa, corriendo el municipio de Tijuana la
misma suerte que el de Mexicali, al ser gobernado por otro consejo municipal.
Todavía a
finales de 1926, M. L. Cubillas –el administrador de la Aduana Fronteriza de
Tijuana– renunciaba al cargo con el propósito de competir en la elección
municipal para el periodo de 1927. Las elecciones de pronto se suspendieron,
quedando Cubillas por órdenes del gobernador como presidente del consejo
municipal. Dos años más tarde, Rodríguez Luján lo haría delegado municipal de
Tijuana.
El agente
aduanal Luis H. Del Río sería otro de los afortunados al que el gobernador
nombrara presidente de consejo municipal, en este caso de Ensenada.
Visita de Obregón y retorno de Cantú a Mexicali
Cuando
procedentes de Los Ángeles, el 2 de abril de 1925, los hermanos José y Esteban
Cantú llegaron al vecino poblado a hospedarse en el Hotel Calexico, y que José
atravesó la línea fronteriza con objeto de entrevistarse con el
gobernador Rodríguez Luján para pactar ese mismo día el regreso al país de su
hermano Esteban, parte de la gente encargada de revivir aquella época ha
sostenido un juicio que resulta un tanto temerario al asegurar que Abelardo por
voluntad propia aceptó de vuelta a Cantú en Mexicali, omitiendo la firme
oposición del presidente Calles para aceptar de regreso a Cantú en territorio
nacional.
No solo eso, más
tarde Rodríguez Luján le devolvería a Esteban Cantú sus propiedades que comprendían desde la esquina de la Avenida Madero, yendo por la Calle Pedro F. Pérez y Ramírez
hasta la Avenida Reforma del actual Mexicali, así como las tierras que partían
de la línea fronteriza, abarcando a lo ancho desde la Calle 11 hasta el Bordo
Wisteria de la Colonia Santa Clara para ir a dar a “Camino
Nacional”: salida a Tijuana.
 |
El anecdotario cuenta que cuando le preguntaron al genial Daniel Sandez porqué se
reían tanto el gobernador Abelardo L. Rodríguez y el ex presidente Álvaro Obregón cuando
estaban con él en esa foto, decía que fue tomada en el momento que exclamaba: “¡Heme
aquí, como Cristo, en medio de dos ladrones”!
|
Obregón, el
hombre fuerte de la revolución, estuvo en Mexicali por las fechas en que Cantú llegó
al país con el fin de hacer las paces no precisamente con el callismo, sino con
el obregonismo al que hacía sólo unos añitos había tachado de gobierno usurpador. Con otra, tras el asesinato de Carranza en 1920, José Cantú Jiménez se adhirió a Obregón y Calles, y para 1925 ya era general dentro del Ejército del Noroeste.
Resulta muy extraño, pues, que José Cantú no haya obtenido antes el visto bueno de su jefe, del general Obregón, para entrevistarse con el general Rodríguez Luján; lo mismo éste, se entrevista con Esteban Cantu sin contar con la autorización de su amigo el presidente Plutarco Elías Calles, cuya autoridad todavía no estaba por encima de la de Álvaro Obregón. Antes tuvieron que matarle.
Resulta muy extraño, pues, que José Cantú no haya obtenido antes el visto bueno de su jefe, del general Obregón, para entrevistarse con el general Rodríguez Luján; lo mismo éste, se entrevista con Esteban Cantu sin contar con la autorización de su amigo el presidente Plutarco Elías Calles, cuya autoridad todavía no estaba por encima de la de Álvaro Obregón. Antes tuvieron que matarle.
El retorno de
Esteban Cantú al Distrito Norte tuvo que obedecer a una decisión de Estado y no
a la de un gobernador poderoso por estar al mando de un distrito territorial
que por sí solo producía más dinero que algunas regiones del país con calidad
de entidades federativas. En cuanto a la idea de que el reingreso de Estaban
Cantú a territorio mexicano fue gracias a una decisión de Estado, lo
confirmaría el ex gobernador Luis M. Salazar en una entrevista concedida —en
1930— a José Castanedo para su revista “Minerva”, apreciada hoy por las gentes
que realizan investigación histórica sobre Baja California.
La verdad fue
que Esteban Cantú después de gobernar al Distrito Norte con la Constitución de
1857, incluso estando ya vigente la de 1917, y de causar serios problemas de
seguridad nacional a los gobiernos de la revolución, jamás fue enjuiciado por
traición a la Patria —el equivalente a ser fusilado—, lo que quiere decir que
el gobierno de la República no llegó a considerarle un vendepatrias, como lo
acusó el periodista Aurelio L. Gallardo en un libelo publicado en 1920 y
revivido por “Mercurio” en 1935, a raíz de que el neoleonés lanzara su
candidatura para una diputación federal contra una aplanadora llamada Partido
Nacional Revolucionario (PNR). Al esquema cantuista de gobierno mucho le
debieron Rodríguez Luján, Obregón y Calles como para que lo fusilaran. Al contrario,
lo exoneraron y a la larga el sistema político lo rehabilitó haciéndole senador
por Baja California en 1953.
Con Cantú, una
cosa fue segregar a Baja California del proceso revolucionario con el fin de velar
por los intereses económicos de los norteamericanos en la región y así
salvaguardar los suyos, y otra muy distinta hubiera sido vender el territorio
bajacaliforniano con el fin de anexionarlo al de los Estados Unidos. Comprobado hasta ahorita. Eso
jamás sucedió no obstante su desconcertante pirotecnia política.
A los gobernantes hay que juzgarlos partiendo del
impacto social que producen sus obras en la colectividad, la máxima obra de
Cantú en el Distrito Norte fue su “Camino Nacional”; la de Abelardo habría de
ser la construcción del magno complejo turístico Agua Caliente, inaugurado el
23 de junio de 1928, del cual era socio; obra considerada importantísima dado
que representó una especie de referente para la apertura de otros tantos
balnearios, como el Hotel Casino Playa en el puerto de Ensenada, fortaleciendo
en la región a una lucrativa industria turística basada en los juegos de
azar y demás; así también Abelardo inició la edificación de la presa tijuanense
que hoy lleva su nombre, sin omitir lo realizado muy especialmente dentro del
renglón educativo.
En el Distrito
Norte, durante el gobierno abelardista, con la creación de la Bancaria del Pacífico
y de la Productora de Vinos y Hielo de Mexicali, S. A., por parte de la red
empresarial, vinculada al capital extranjero, a la que pertenecían Miguel
González, Heraclio Ochoa, Arturo Guajardo como socio del propio Abelardo Rodríguez Luján, y con la instauración de la
Compañía Bancaria Peninsular cuyos fundadores fueron los hermanos Próspero y
Aurelio Sandoval: La plutocracia proveniente del porfiriato de aquel distrito territorial se montó en el caballo de los gobiernos de la revolución.
Por cosas del
destino personal y de tiempos históricos y políticos, Cantú —el porfirista— habría de morir en la sana medianía juarista, Rodríguez —el revolucionario— en
la opulencia del porfiriato. Cantú es quien hace de Mexicali el centro político del actual
estado de Baja California, y Abelardo L. Rodríguez el que impulsa a Tijuana
hasta transformarla en el verdadero centro financiero de la región bajacaliforniana.
Hasta la fecha.
La Cámara Agrícola China del Distrito Norte
 |
| Rafael Maffey |
Sólo que a
Rafael Maffey —representante en el Distrito Norte de la “ganga” china
de San Francisco— se le olvidaron dos detallitos, que ya no estaba en tiempos
de Cantú y que en México había habido una revolución con una nueva Constitución
(1917) donde quedaban derogadas ese tipo de disposiciones favorables a
extranjeros.
Esto último
había sido la argumentación del coronel Francisco Rivas —enviado del
gobernador— para desacreditar la mencionada certificación; aunque lo cierto fue
que los chinos, controlando ya la Cámara de Comercio a través de aliados
financieros como Arnulfo Liera, Miguel González, Heraclio Ochoa, Manuel
Santaella y otros, al crear una Cámara Agrícola propia y ser los principales acaparadores
del algodón, estarían ya en condiciones de imponerle o negociar precios con la
“Colorado River” so pena de cortarles el suministro del producto. Así de
fuertes estaban para entonces los capitalistas chinos.
Carlos Lambarén y su Comité Nacionalista Pro-Raza
Los chinos de
San Francisco dos años después de la instauración de la Aduana de Villagrana,
en 1876 iniciaron la venta masiva de productos comerciales en el Partido Norte
de la Baja California; empezando el Siglo XX, tras la construcción del Sistema
de Irrigación y con el levantamiento del Ferrocarril Inter-California en el
Valle de Mexicali, paulatinamente fueron llegando procedentes de Sinaloa y
Sonora hasta 1915 en que gracias a Esteban Cantú se produjo un éxodo masivo del
Continente Asiático hacia el Distrito Norte; diez años después, con la campaña
racista dirigida en Mexicali por el regidor Carlos Lambarén a través del Comité
Nacionalista Pro-Raza, los chinos empezaron a ser expulsados luego de la
aplicación del artículo 33 Constitucional.
Tanto en
Sinaloa como en Sonora las campañas de corte discriminatorio contra los chinos
habían empezado de manera intermitente a finales del Siglo XIX e inicios del
XX. La burguesía china de Sinaloa, aun siendo fuerte en su conjunto, jamás tuvo
el poder económico acumulado por los comerciantes europeos de Mazatlán, como
tampoco la fuerza financiera de empresas chinas asentadas en Sonora, como la de
Juan Lung Tain —fundada en Guaymas en 1890— o las compañías de Fon Quim, de On
Chong y de Francisco L. Yuen, uno de los que controlaban el comercio de Nogales;
no obstante, en el Mexicali de 1925, la alta burguesía china del Distrito Norte —compuesta de dueños de casinos y hoteles, banqueros, agricultores acaparadores
del algodón, comerciantes poderosos, mafiosos dedicados al tráfico del opio— con la mano en la cintura lograron manejar estándares financieros de mayor
envergadura que los que manejaban el reducido grupo de potentados chinos en
tierras sonorenses. Ni en Sinaloa como tampoco en Sonora sus respectivas Cámaras
de Comercio jamás estuvieron bajo control del capital chino, en el Distrito
Norte de la Baja California sí.
Con el inicio
de la revolución china, en 1911, y las leyes estadounidense de exclusión contra
los orientales expedidas ese mismo año, desde la China continental empezó a
darse una emigración masiva de chinos a diferentes partes del mundo, tocando a
México ser uno de los países receptores de aquella ola migratoria que ocupara
residencia en este país en zonas aledañas al Golfo de México y los litorales de
la Costa de Pacífico desde Chiapas hasta la Península de Baja California, en
cuya parte sur habían hecho acto de presencia desde 1884. Para 1927, en el
Distrito Sur de la Baja California el 38.2% de sus habitantes eran chinos.
Guatemala y Perú fueron otros de los países receptores de población china con
rango de importancia.
A partir de la
Primera Guerra Mundial (1914-1919) el comercio entre Europa y América se vino
abajo, coyuntura que los comerciantes chinos aprovecharon muy bien para atacar
duro este mercado. De ahí la expansión de la burguesía china asentada en
Tamaulipas, Veracruz, y en algunas entidades de la Costa del Pacífico mexicano,
regiones donde el nivel económico de dueños de tiendas de abarrotes,
restaurantes, panaderías, planchadurías, lavanderías, se elevó considerablemente.
Los dueños de los fumaderos de opio, se cocían aparte.
Iniciado el
gobierno de Obregón en 1920, el gobierno federal cierra la pinza para hacer de
los estupefacientes un lucrativo negocio, prohibiendo el tráfico y uso de la
marihuana. Oficialmente, el tráfico y uso del opio y sus derivados (morfina,
heroína) incluyendo la cocaína, fueron prohibidos en México para 1926.
El boom
económico de las comunidades chinas de Sinaloa y Sonora, empezó a despertar la
envidia del grueso de los comerciantes mexicanos y las ganas de los gobiernos
para despojar a la alta burguesía china de sus fortunas.
Para los
gobiernos emanados de la revolución, la alta burguesía china se convirtió en
fuente de préstamos forzados. Después vendrían las campañas discriminatorias en
contra de los chinos en las distintas poblaciones del país. En Sinaloa y
Sonora, este suplicio chino iría de la mano de las campañas difamatorias y
racistas inmisericordes, del Código Sanitario que les obligaba a bañarse en
público, de las restricciones comerciales que obligaba a los establecimientos
de chinos a sólo vender productos de poca monta o de vender agregando el 80% de
impuestos a la mercancía, prohibiendo a las mujeres mexicanas casarse con
orientales. Al final serían expulsadas de México al lado de sus hijos y de sus
maridos.
En Sonora, la
campaña discriminatoria contra los chinos duró 17 años, empezando en 1915 con
el gobernador Plutarco Elías Calles hasta terminar en 1932 al ingresar a la
gubernatura su hermano Rodolfo Elías Calles. En cambio, en Baja California
empezó en 1925, estando en la presidencia Plutarco Elías Calles para terminar
en el Territorio Norte durante el gobierno de Agustín Olachea Avilés, bajo el
mandato presidencial de Abelardo L. Rodríguez (1932-1934).
Si bien el
magdalenense José María Arana —pequeño comerciante y profesor de escuela— y el
diputado sonorense Alejandro Villaseñor, fueron en Sonora los adalides de las
campañas discriminatorias en contra de los chinos, en el Distrito Norte
vino a serlo el “librepensador” Carlos Lambarén, motivado por las mismas
razones que movieron a los comerciantes y gobernantes de Sinaloa y Sonora a
emprender una cruzada contra los chinos, sumando la desarticulación de la
mafia chino-estadounidense disputándose el control del tráfico de drogas de
Mexicali hacia los Estados Unidos y el control de los fumaderos de opio de la
localidad.
Para pasar la
droga de aquí hacia Estados Unidos, el reto para los narcotraficantes era
burlar la vigilancia de la Fiscal y de Campo del gobierno distrital y a las
autoridades de las aduanas mexicana y norteamericana, por lo regular, a través
de los empleados norteamericanos de la Colorado Land and Cattle Co. a cargo de
la vigilancia del canal del Colorado cuya labor les permitía sin mayor trámite
cruzar de un lado a otro la frontera sin despertar sospecha.
En el contexto
de una guerra librada en las calles entre mafiosos chinos, Lambarén prende con
su movimiento Pro-Raza (una calca de la fascistoide organización sinaloense “En
Defensa de la Raza”), y apoyado en un documento enviado por el diputado
Villaseñor desde Sonora al Distrito Norte, Lambarén publica su “Manifiesto” en
los periódicos de la localidad. He aquí algunos párrafos de dicho documento:
«El monopolio más completo prevalece en todas las
actividades comerciales e industriales en este Estado. Las fuentes de trabajo
están absorbidas por extranjeros perniciosos que son los amarillos, no
solamente por su degeneración social, sino por sus vicios».
«Más de 8 mil mexicanos entre dependientes, agentes
de viajeros, cargadores, que trabajaban en el comercio de esta entidad, en otro
tiempo próspera, haciendo la felicidad de otros tantos hogares, han tenido que
emigrar, arrojados por la competencia de los asiáticos».
«La mujer mexicana humilde, abnegada y
económica [sic], es la principal
víctima del pulpo chino, pues imposibilitada para competir hasta en las labores
más humildes del hogar, cuyas actividades eran su patrimonio, hoy tiene que ser
sierva del tirano que todo lo absorbe; no por amor, sino por apego a la vida,
por hambre».
«Veinte años han bastado para convertir un campo de
trabajo, de actividad y alegría, en un páramo infecundo de tristeza; y si tal
cosa ha pasado en ese lapso, relativamente corto, ¿qué será de esta región en
otros tantos años si no se aplica el remedio al mal?»
La guerra entre mafiosos chinos
Por esa época,
las mafias chinas en Mexicali, utilizando como rescoldo para sus actividades
las Logias Masónicas Chee Kung Tong y la Lung Sin Tong, se produce una ruptura
entre ambas organizaciones desatándose una serie de acontecimientos violentos
que degeneraron en matanzas a plena calle, empezando con el ajusticiamiento de
Francisco Chayoe y José Cam, guardaespaldas de Rafael Maffey.
Después de eso, la mafia china de San Francisco, tiro porque me toca, en la esquina de Avenida Guerrero —Reforma— y Altamirano, se escabecharía al chino-mexicano Pancho Chao, acompañado de tres de sus guaruras de la China continental. Chao era dueño del fumadero de opio situado en la esquina de las calles Morelos y Ocampo, cuya clientela estaba compuesta por la clase marginal china, con el mismo propósito existía otro, el de Azueta (Juárez) y Altamirano; sin embargo había establecimientos de más caché reservados para la elite china y norteamericana, como lo eran el Casino Chino y las tres Casas: La Chiquita, La Blanca y La Colorada.
 |
| Luis L. Siam |
De manera
masiva, la población china llegó a Mexicali en tan sólo una década, de 1911 a
1920, año en que Esteban Cantú sale del gobierno. En 1910, Mexicali tenía poco
más de 1 600 habitantes; para 1920 era
un centro poblacional compuesto de 10 000 almas, según datos oficiales.
1926: año de turbulencia política
En 1926, se
llevaron a cabo elecciones para diputado federal, el periodista Juan B.
Hernández se convirtió en el coordinador de campaña del teniente coronel José
María Tapia Freyding, derrotando a David Zárate y su Club Democrático de manera
holgada.
Ese mismo año,
durante el mes de abril, el gobernador Rodríguez Luján sudaría la gota fría al
tener que enfrentar una huelga general de 3 mil jornaleros agrícolas, suscitada
por la “Colorado River” y los agricultores chinos tras rebajar el jornal de 4 a
3 pesos diarios, pretextando pérdidas de 500 mil dólares durante ese ciclo
agrícola.
Esta medida fue
la respuesta que Harry Chandler y William H. Allen Jr., ahora socio principal
de la empresa, le dieron al presidente Plutarco Elías Calles por haber
rechazado su proyecto de colonización, expuesto al gobierno de la República en
junio del año anterior.
Esta dura
experiencia obligaría al gobernador Abelardo L. Rodríguez a crear la Comisión
del Salario Mínimo en el Distrito Norte, estableciendo para la clase
trabajadora un salario base obligatorio no de 3 pesos sino de 4 diarios.
Radicales y cristeros contra el gobierno de Abelardo
 |
| General Enrique Estrada |
Once días
después de la aprehensión de estos decididos soldados, el 26 de agosto, el
movimiento cristero tomaba fuerza inusitada en los estados de Jalisco,
Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, entidad de donde era oriundo el
general Estrada. Esta guerra se prolongaría hasta 1929.
El solo hecho de pensar que el ex ministro de Guerra —Enrique Estrada— y los coroneles Magaña Mejía y
Armenta andaban coludidos con el clero, tal vez fue lo que hizo que el general
Abelardo L. Rodríguez emprendiera una cruzada sin parangón en contra de curas y
pastores protestantes en el Distrito Norte, expulsándoles de un vivo “Infierno” llamado Mexicali, con 50º c. a la sombra del “pecado”. No en balde el gobernador había montado su casa y de facto sede de gobierno, en el Campo Alaska de la Rumorosa, en plena Sierra.
Por esos días
salieron del Distrito Norte hacia los Estados Unidos, los misioneros italianos
Rossi, Scarpetta y Cotta —llegados a Ensenada a principios del Siglo pasado— y
los pastores chino-americanos de la Iglesia Episcopal de Mexicali. Hasta donde
se sabe de los prelados católicos, sólo quedó en Mexicali el sacerdote
jalisciense Gabino García como mudo testigo de aquellos acontecimientos, al
parecer olvidados sus arrestos en una fosa del Panteón Municipal Número 1 de Mexicali.
Las elecciones presidenciales de 1928
Según registro
del cronista Pedro F. Pérez y Ramírez, de un padrón de 3 000 votantes que
existía en Mexicali —en 1928—, durante la elección presidencial de julio de tal
año, el general Álvaro Obregón sin contrincante por enfrente ganó en esta
ciudad con tan solo 33 votos; en cambio, Celso Aguirre afirmaba en su “Breve
Historia del Estado de Baja California”, que el “Manco de Celaya” ganó la
presidencia en el Distrito Norte con 7 238 votos. Esa vez, Flavio Bojórquez
hizo suya la elección para diputado federal, convirtiéndose en el séptimo
diputado del distrito ante el Congreso de la Unión. Para el día 17 de ese mes
de julio, el general Obregón era asesinado por José León Toral y compañía,
durante la celebración de un banquete en el Restaurante “La Bombilla”, del
pueblo de San Ángel, en el Distrito Federal.
Con la apertura
en Tijuana del Casino Agua Caliente a mediados de 1928 y las salidas de Calles
del gobierno de la República el 30 de noviembre de ese año, y de la de Abelardo
L. Rodríguez del gobierno distrital al año siguiente, el gobierno federal ponía
fin a la concesión otorgada a la compañía A.B.W. por la venta de piso a los
demás casinos, retornado con Emilio Portes Gil —presidente provisional— al
sistema formal de recolecta de impuestos basado en las ganancias manifestadas
por las casas de juego establecidas en el Distrito Norte; un sistema de
recolección tributaría cuya ortodoxia fue muy criticada por José Inocente Lugo
en el análisis presentado en Hermosillo al ministro de la Huerta en 1923, dado
que se prestaba a que los dueños de casinos hicieran de las suyas, evadiendo
impuestos al fisco al por mayor porque la tesorería del distrito carecía de un
cuerpo de auditores suficiente, capaz y confiable.
Esto de la
evasión fiscal de parte de dueños de casinos de juego, regulados ahora por el
sistema tradicional de recaudación fiscal, la hecatombe económica mundial del
´29, la estruendosa caída de los precios del algodón y la expulsión de los
financieros y comerciantes chinos del Distrito Norte, contribuirían a agravar
el déficit presupuestal del gobierno bajacaliforniano entre los años de 1929 a
1933. Con Emilio Portes Gil, como primer mandatario de la Nación, desaparece
también la nefasta Policía distrital denominada Fiscal y de Campo.
Abelardo: su obra como gobernador y presidente
Los apologistas
de la obra de Abelardo L. Rodríguez en el Distrito Norte, pretenden catalogarlo
como el constructor de la Baja California moderna, un mérito que —en honor a la
verdad— le corresponde a Esteban Cantú, porque en estos lares al guaymense Abelardo
Rodríguez Luján más bien jugó el papel de consolidador de la obra social y
económica emprendida por el neoleonés, al promover en la región el
establecimiento de una serie de pequeñas y medianas empresas cuya planta de
trabajadores industriales en cada una no excedía la cifra tope de cien,
exceptuando la “Jabonera del Pacífico”.
Durante la
gestión abelardista en el Distrito Norte, a nivel local, se consolidan
organizaciones financieras como el Banco Agrícola Peninsular —1926— dirigido
por el banquero cantuista Próspero Sandoval; Bancaria del Pacifico —1927—;
Mercantile Banking Company, cuya cabeza visible era Wong Wa Foy, otro
financiero muy vinculado a Cantú y al tráfico de chinos. Ahora, si se
quisiese hablar del artífice de la modernización del Estado de Sonora, ese
hombre se llama Abelardo Rodríguez Luján; obra magna la suya que realizaría en
ese entidad siendo gobernador durante el periodo de 1943 a 1947.
Amén de
la coyuntura política, con Rodríguez Luján en el Distrito Norte se hacen
realidad una serie de eventos rezagados propios de una agenda socio-política
pendiente entre los dueños del capital extranjero en la región y el gobierno
federal. El caso es que, para 1924, se asentaban en Mexicali empresas tales
como las Cervecerías Mexicali y La Azteca —incendiada durante los temblores
de 1927—, de Miguel González y Heraclio Ochoa, una, y la otra, era de los
norteamericanos Edward P. Baker, Herbert Jaffe y William H. Strouse.
Y tal y como Harry Chandler se lo prometiera al presidente Álvaro Obregón en 1923, al año estaban construyendo la oficina matriz de la “Colorado River” e iniciaban la edificación de la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico S. C. Ltda. Esa fábrica en años posteriores, además de jabón, estaría produciendo harinolina para ganado, aceite comestible refinado y exportando la cascarilla de algodón a Estados Unidos. A mediados de la década de los veinte, la Compañía Harinera de la Baja California S. A., de Alberto V. Aldrete, estaba también fincando reales dentro de la población cachanilla, así como las compañías Productora de Vinos y Hielo y la Compresora y Almacenaje de Baja California.
Rodríguez
Luján, como gobernador —a tono con una
de las metas fundamentales de la revolución— se destaca como un impulsor de la
educación en el Distrito Norte; desde la primera escuela subvencionada por los
habitantes de Santo Tomás, que fundase en ese pueblo, en 1867, el educador
sonorense Eliseo Schieroni hasta el gobierno de José Inocente Lugo, es decir en
56 años, en el entorno distrital tan solo habían 41 escuelas de nivel
básico atendiendo a 3 300 alumnos, aproximados; Abelardo L. Rodríguez, en
sus 6 años de gobierno, levanta poco más de 2 planteles escolares
por año —13 en total— a lo largo y ancho del distrito, aumentando la cobertura,
atención y nivel educativo en beneficio de 5,000 niños y jóvenes. Entre
estos planteles se contarían las Escuelas Industrial, Normal para maestros y
Preparatoria, fundadas en 1927.
El haber gobernado al Distrito Norte, a Abelardo L. Rodríguez le serviría a manera de ensayo para su posterior gestión presidencial: Consolida las primeras instituciones financieras, y, en la década de los treinta, convierte a esta región del país en sede de una de las primeras industrias relacionadas con la aeronáutica nacional; asimismo, durante su mandato forma las Juntas de Conciliación y Arbitraje al tiempo que obliga a los empleadores chinos y norteamericanos a utilizar mano de obra mexicana en un 50% por lo menos, fomentando el surgimiento de un sindicalismo, inspirado en el modelo trade unions gringo, como contrapeso político al sindicalismo obrero-radical que por esa época permeaba en el ánimo de obreros y jornaleros agrícolas de la actual Baja California.
Desde el punto
de vista de la geometría política y observando a Abelardo L. Rodríguez dentro
de un contexto histórico delimitado por el autoritarismo, el guaymense fue un
reformador social de centro-derecha. Laicista. Defensor del capital y de la
propiedad privada. Anticomunista pero paradójicamente también anticlerical, lo
que le hacía estar fuera de los cánones del modelo típico fascista: el
franquismo y sus similares, por ejemplo. Fue antidemocrático, correspondiendo a
la esencia de un nuevo sistema más depurado en sus mecanismos de control
político que el del conservador Porfirio Díaz, instaurador de un
presidencialismo autoritario y militarista que se extendió desde la segunda
parte del Siglo XIX hasta la primera década del XX, y vuelto a adoptar en 1920
por Obregón y Calles tras su revolución venida del Noroeste de México. Del
maderismo adoptaron muy poco y del porfiriato dictatorial casi todo,
perfeccionándolo.
Teniendo como
residencia oficial el Alcázar de Chapultepec, el presidente Abelardo L.
Rodríguez —último de los presidentes revolucionarios en residir allí—, pone en
marcha su ensayo bajacaliforniano y funda Nacional Financiera (NAFINSA), el
Banco Hipotecario y de Obras Públicas (BANOBRAS) y la institución Crédito
Central Mexicano; crea, además, el organismo estatal Petróleos Mexicanos
(PETROMEX), y el día 20 de enero de 1934, decreta la creación de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), así también establece un salario mínimo nacional
para todo el país, y, basado en el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo,
se apresta a expedir el acuerdo sobre la Organización y Funcionamiento del
Servicio Civil; a la par, emite la Ley de Beneficencia Privada que derogaba la
suscrita en enero de 1926, creando el denominado Fondo de Distribución de
Riesgos, con el fin de evitar que las actividades sociales de la instituciones
filantrópicas se vieran suspendidas por falta de financiamiento.
 |
| Escuela Industrial de Mexicali |
roberelenes@gmail.com
SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600
No hay comentarios.:
Publicar un comentario