Por Roberto Elenes
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| José Inocente Lugo |
Un Distrito Norte en efervescencia social y
política
Desde 1921, durante
los gobiernos municipales de Manuel Roncal, en Mexicali, y de David Zárate, en
Ensenada, empezaron los jaloneos con el gobierno federal (el del Distrito
Norte) debido a los problemas de interpretación en torno a las leyes plasmadas —en 1917— en la Constitución y
lo dicho en la Ley Orgánica para el Distrito y Territorios Federales,
en lo concerniente a la autonomía del municipio y el papel político que le
correspondía jugar como orden de gobierno.
La
Constitución de 1917 reconocía la existencia del municipio libre,
asumiendo que éste tenía la facultad de hacerse cargo de su propia hacienda y
del mando de la fuerza pública; sin embargo en la Ley Orgánica para
el Distrito y Territorios Federales, la práctica de juegos de azar quedaba bajo
la jurisdicción de los ayuntamientos, en tanto que confería a los gobernadores
la dirección de la corporación policíaca dentro de los distritos territoriales.
Entonces ¿cómo estaba eso de que los casinos quedaban bajo jurisdicción del
municipio no teniendo bajo su cargo una policía municipal para controlar
el orden en los mismos, no obstante que la propia Carta Magna le otorgaba al municipio
ese derecho?
Desde tiempos
de Epigmenio Ibarra (1921), el munícipe ensenadense David Zárate y su comisionado
de Hacienda Ramón Moyrón, hijo, en lo que atañía al control de casinos y su
vigilancia, habían organizado la contraofensiva legal cuestionando al Gobierno
Federal las normas que ponían en entredicho lo que ordenaba la
Constitución y lo que estaba plasmado en la Ley Orgánica para el
Distrito y Territorios Federales. Así que, con el apoyo de José Inocente
Lugo, en ese momento subsecretario de Gobernación, se adjudicarían el otorgamiento de
permisos para la apertura de casinos de juego dentro de su municipio. El de
Mexicali habría valerse de eso para hacer lo suyo propio. En su tiempo de
gobernador, esta acción legal agarró a Lugo de los dedos con el pesado portón
de la Carta Magna, cuando el gobierno de Álvaro Obregón retiró dichas
facultades a los gobiernos municipales de Ensenada y Mexicali, transfiriendo
ese derecho a la Secretaría de Gobernación cuyo titular era Plutarco
Elías Calles.
Hacia finales
de 1922, después de las percepciones fiscales generadas por las aduanas dentro
del Distrito Norte, el dinero grande se encontraba en el otorgamiento de
permisos para la apertura de casas de juego, contando con los magros impuestos
que producían éstas al mes. En cuanto a los recursos fiscales recabados por las
tres aduanas bajacalifornianas, en tiempos del gobernador Lugo, el gobierno
federal pasaría a otorgar a los municipios de Ensenada y Mexicali del
1.5% al 2% de los derechos percibidos por el tráfico internacional de géneros y
mercaderías, además de hacerse cargo la Federación, a través de sus
aduanas, de solventar la manutención de la planta magisterial y del aparato
judicial.
Con el fin de
no trastocar más los ingresos de las aduanas, desde la época de Cantú había
quedado establecida la costumbre de que las presidencias municipales se
encargaran del pago de la alimentación de las guarniciones militares asentadas
en los municipios de Ensenada y Mexicali. Esta costumbre seguiría vigente con
los gobiernos de la Revolución hasta la llegada de Inocente Lugo al
gobierno distrital, que al suspender el suministro de provisiones al ejército a
costa del erario público municipal, se distanciarían el jefe de
operaciones militares y el presidente municipal de Mexicali con el gobernador.
Tras una aparente reconciliación entre los aludidos, después, como en tiempos
del porfiriato, las aduanas volvieron asumir el gasto de la manutención de la
tropa. Para 1924, ese problema se acabaría con la llegada de Abelardo L.
Rodríguez al gobierno.
Iniciada la
década de los veinte, lo señalado en el artículo 115 de la
Constitución de 1917, estuvo muy a tono con lo vertido por el general
Álvaro Obregón durante el desarrollo de los trabajos del Primer Congreso de
Ayuntamientos —en mayo de 1921— en donde el presidente de la república concedió el 50% de los impuestos
provenientes de la industria y el comercio recabados por los estados para
canalizarlos hacia sus municipios; acuerdo que comprometía, también, a las
administraciones de los distritos en los territorios federales para otorgar al
Municipio el 10% de lo obtenido de impuestos aplicados a los dos sectores
mencionados. Pero llegado ese momento en el Distrito Norte, de donde emergiera
una fuente muy rentable de recursos provenientes de los casinos, de las casas
de placer, del tráfico y consumo de estupefacientes, esto de otorgarle el 10% a
los ayuntamientos pondría en un verdadero predicamento al Gobierno Federal
desde el gobierno de Epigmenio Ibarra, hijo, hasta hacer crisis con el de
Abelardo L. Rodríguez en que el gobierno central mejor optó por anular dentro
del Distrito Norte al municipio como orden de gobierno.
Otro problema
que vendría a afectar de manera sensible al gobierno de Lugo dentro del
Distrito Norte, fue que en la Constitución de 1917 el punto
concerniente al principio de sufragio efectivo, no reelección obtendría rango
de fundamental.
Desde Cantú
(1915-1920), la corporación edilicia había quedado conformada por 15 regidores
propietarios y su equivalente de suplentes, y de entre éstos era elegido el
presidente municipal, pero basados en la Constitución de 1857 que
permitía la reelección. No en balde, Francisco Bórquez Félix,
consecutivamente, llegaría a ser presidente municipal de Mexicali por tres
ocasiones, estando vigente ya la Constitución de 1917.
A partir de
1921, conforme la Ley Orgánica para el Distrito y Territorios
Federales, la duración del cargo de presidente municipal en los territorios
seguiría teniendo la modalidad de un año de duración, pero sin derecho a
reelegirse ni incluso habiendo sido interino, en tanto parcialmente los
regidores eran elegidos por dos años, pues al año una mitad de los miembros que
conformaban los cuerpos edilicios de Ensenada y Mexicali salían junto con los
presidentes municipales que terminaban su gestión, tomando su lugar un igual
número de regidores acompañados de un nuevo presidente municipal, con calidad
de primer edil.
Para esto,
desde tiempos de Cantú, en el municipio de Mexicali se realizaba entre los
regidores un sorteo de los números del 1 al 14, y a quienes le tocasen un
dígito non en un año non de gobierno, sabían de antemano que su gestión
edilicia tan sólo duraría un año, lo mismo sucedía en torno a los que les
tocase por suerte escoger un número par en un periodo en que el gobierno
municipal iniciaba en año par. Sin derecho a reelección de parte
del primer edil, esta forma de conformar los cuerpos edilicios seguiría vigente
entrados los gobiernos de la Revolución, no obstante, habría de causar
graves problemas políticos a la hora de acuerdos sustanciales cuando al bando
del Partido perdedor en las elecciones municipales, como parte de una nueva
fórmula de siete regidores, le tocaba formar parte del Cabildo el año en que
ingresaba al gobierno un munícipe del Partido ganador.
Esta situación
se agravaría gradualmente más y más en el municipio de Mexicali, a partir
de 1921, con el surgimiento de un fuerte movimiento agrario
(anarco-sindicalistas) cuya problemática fuese trasladada al pleno de un
cabildo municipal compuesto por regidores con intereses políticos muy
divergentes; por un lado, se encontraba la fracción de regidores radicales
defendiendo la tesis del reparto agrario y, por el otro, estaba el ala de
regidores rentistas y propietarios de terrenos comerciales y de tierras
agrícolas, reclamando a la Compañía Regulizadora de Mexicali, S.A. y
a la “Colorado River” sus derechos de propiedad del suelo en el que desde
hacía años venían comerciando o cultivando la tierra. A esto habría que
agregarle el hecho de que, en 1923, en el municipio de Mexicali quedaría
vulnerado el principio de la no-reelección al permitir el gobernador Lugo que
Juan Loera se reeligiera como presidente municipal.
Distrito Norte: políticos
de ligas mayores
En la década de
los veinte del siglo pasado, la trascendencia adquirida por el Distrito Norte
de la Baja California como zona estratégica en lo político y
económico, se advierte desde el momento de la llegada de José Inocente Lugo, a
esas alturas ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Guerrero, que
venía del centro del país a gobernar un entorno territorial que aún no tenía la
categoría de entidad federativa. A Lugo, abogado y militar con lazos políticos
con los dos redactores del Plan de Agua Prieta —con Adolfo De la Huerta y
Gilberto Valenzuela Galindo—, en el transcurso de su estancia en el distrito le
acompañarían en el ejercicio de su mandato una serie de militares ligados
directamente con el grupo Sonora-Sinaloa (Son-Sin), de los que buena parte de
ellos —siendo jefes de operaciones militares en distintos lugares del
territorio mexicano— se habían adherido, en 1920, al Plan de Agua Prieta apoyando a Obregón;
privilegio del cual no gozaba el gobernador Lugo, a pesar de haber sido,
incluso, dirigente del comité nacional del Partido Liberal Constitucionalista
(PLC).
El general
Abelardo L. Rodríguez —el jefe militar que hubo marchado de Mexicali con el arribo del gobernador
Lugo— se había aglutinado al plan obregoncista contra Carranza, siendo jefe
de operaciones militares en Tehuantepec. El general Pablo Macías Valenzuela,
jefe militar que sucedería a Rodríguez Luján, fue un hombre del grupo Son-Sin
al que años después le sorprendiera la rebelión Escobarista de 1929, fungiendo
como titular de la I Jefatura de Operaciones Militares de Sonora; más
tarde, en 1940, sería Secretario de la Defensa y gobernador de
Sinaloa, en 1945.
En octubre de
1922, el sinaloense Pablo Macías habría de ser reemplazado de su cargo en el
Distrito Norte por el general Jesús M. Ferreira que, estando como jefe de
operaciones militares en Colima ese año de 1920, se había declarado partidario
del Plan de Agua Prieta. Éste llegaría a Mexicali ostentando el doble título de
jefe militar de la I y II Jefaturas de Operaciones Militares de
Sonora y del Distrito Norte de la Baja California. A su llegada,
Ferreira ya había sido gobernador provisional del Estado de Nayarit, del 1 de
mayo de 1917, al 1 de enero de 1918. El propio Gilberto Valenzuela, en su
calidad de subsecretario de Relaciones Interiores y Gobernación, quien, en
1922, se había hecho cargo del manejo político de la defenestración de Otto
Möller, era un pieza clave del grupo obregoncista, y en mucho menor rango
también lo fue Daniel Benítez, un comerciante metido en la política muy amigo
de Obregón, que siendo oficial mayor de la subsecretaria de Gobernación,
en 1923, le tocase enfrentar la difícil situación política suscitada por el
pleito, a primera vista, entre la dupla Ricardo Covarrubias-Juan Loera y
el gobernador José Inocente Lugo.
Ante ese
espectro de figuras políticas ligadas directamente con Obregón y Calles, el
guerrerense José Inocente Lugo llegaría a gobernar el Distrito Norte literalmente
copado por los revolucionarios sonorenses, además de haber cometido el error de desdeñar a los grupos locales, imponiendo en los puestos de primer nivel
a un equipo de trabajo compuesto de fuereños, totalmente desconocedores de la
situación relacionada con el complejo fenómeno político-social
bajacaliforniano.
Lugo gobernador
 |
| Gabinete de gobierno del gobernador Lugo |
Rosa Lugo,
hermana del gobernador, pasaría a ser secretaria del gabinete de gobierno. José
Navarrete llegase de México como su secretario particular. En un segundo nivel
serían colocados Leopoldo Verdugo, Carlos Brando, Manuel Dueñas, Raymundo
Landgrave e Isidro Castanedo.
Si bien Lugo
logra aglutinar en torno a sí todas las posiciones importantes del ámbito
distrital, no tenía bajo control a los titulares de las alcaldías de Ensenada y
de Mexicali, a cargo de Ramón Moyrón, hijo, y de Otto Möller, un hombre cercano
al general Abelardo L. Rodríguez y, como empresario de un antro de postín, muy
ligado a la férula de mafiosos propietarios de empresas relacionadas con el
juego de azar, el entretenimiento y presuntamente con el tráfico de
estupefacientes.
Cuando, en
1922, se da abiertamente la controversia constitucional entre los munícipes de
Ensenada y Mexicali y el gobierno del distrito en torno a la autonomía
de la Hacienda municipal, el trasfondo real del pleito entre los
grupos locales de poder y el gobernador guerrerense era por el control de la
expedición de permisos de trabajo a entretenedoras, por el manejo de licencias
para el establecimiento de casinos de juego, de casas de placer y todo lo
relativo a la aplicación de multas a narcotraficantes y adictos a la marihuana
y al opio; fuente de recursos monetarios para cuya explotación antes era
imprescindible obtener el dominio del aparato policial y del departamento de
Sanidad Municipal, encargado del cobro de cuotas o permisos de trabajo a
entretenedoras. La corporación policial, además, era la encargada de ejercer
una vigilancia estricta para que las mujeres públicas permanecieran
recluidas en las casas de asignación, ya que, al menos en Mexicali, no
les era permitido el libre tránsito por el pueblo a no ser que portasen
autorización expresa del gobernador Lugo; atribución que Cantú, en su época,
delegaba a los presidentes municipales.
Con Otto
Möller, como alcalde, para enojo del gobernador, seguirían otorgándose a las
chicas ese tipo de permisos aunque sólo fuese por debajo de la mesa. En esos
tiempos el reglamento de sanidad vigente desde 1915, tipificaba también como
mujeres de la vida galante a las pobres afanadoras de los congales, de tal modo
que tampoco éstas podían sustraerse a la aplicación de una norma atentatoria
contra las garantías individuales ya contempladas en la
Constitución de 1917.
El gobernador y el jefe de operaciones
militares
El abogado Inocente Lugo —un
hombre que alcanzaría el rango de general de brigada hasta 1938— que había
llegado al Distrito Norte con el título de gobernador civil pero no con el de
jefe de operaciones militares, no tanto a raíz de su posible ignorancia sobre
cómo corría el agua en torno a la alimentación de la tropa, sino más bien con
el fin de imponer nuevas reglas del juego y manifestar su autoridad sobre el
general Pablo Macías y los alcaldes Otto Möller y Ramón Moyrón, desde el 15 de
febrero de 1922, de seguro inspirado en el apotegma “divide y vencerás”, trata
de enemistarles al enviar a los alcaldes la orden siguiente:
«Este Gobierno
tiene conocimiento que los H. Ayuntamientos del Distrito, están autorizando
órdenes de pago para alimentación de la tropa, he de merecer a usted, se sirva
disponer que ese H. Ayuntamiento que dignamente preside, no continúe autorizando
más pagos por tal concepto. Sufragio Efectivo, No Reelección.
Rúbrica: J. I. Lugo, Gobernador del Distrito Norte».
Siete días más
tarde, el 22 de febrero, Otto Möller da acuse de recibido al oficio del
gobernador, contestando —con copia al general Pablo Macías— de esta forma:
«Por el atento oficio de Ud. Fechado el 15 de este
mes, girado por la sección primera y con número 11241, que enterada esta
presidencia a mi cargo de que ese superior gobierno tuvo a bien disponer no
continúen autorizando más órdenes para la alimentación de la tropa por H. H.
Ayuntamiento de este Distrito».
«Lo que a su vez se
transcribió al c. Jefe de Operaciones en este
Distrito para su conocimiento y efectos. Protesto las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración. Rúbrica: Otto Möller, Presidente Municipal de Mexicali».
El 27 de
febrero, en alusión a las órdenes dadas a Otto Möller, el gobernador Lugo
acabaría por retractarse ante el general Pablo Macías enviándole este otro
oficio:
«Al C. General Brigadier.
Jefe de las Operaciones
Militares del Distrito.
Presente.
Hoy digo al C. Presidente
Municipal, lo que a continuación se expresa»:
«Por la Prensa correspondiente
al sábado último, me he informado con extrañeza de que el H. Ayuntamiento que
usted preside ha dado una interpretación torcida a mi circular 11241 de 15 de
febrero último, asegurando que este Gobierno ha ordenado suspender los pagos
que ese mismo H. Cuerpo, hace por concepto de alimentación a soldados enfermos;
como aclaración debo manifestar a usted que el único objeto de la
indicada circular es el de evitar que se hagan pagos sin conocimiento del
mismo, por dar esto margen a incontables abusos; que por lo que hace a la
erogación de que se trata el Ejecutivo de cargo lo seguirá reportando».
«Lo que me permito
transcribir a usted [al general
Macías] para su conocimiento, reiterándole mi atenta y distinguida
consideración. Sufragio Efectivo-No Reelección. Rúbrica. J. I.
Lugo, gobernador del Distrito Norte».
Este incidente
cuya resonancia llegaría hasta la presidencia de la república, fue lo que
dio pábulo para que las aduanas, como desde tiempos del porfiriato, de nueva
cuenta absorbieran los gastos de manutención de la tropa, ahora a través de una
triangulación hecha entre el gobierno del distrito, la Dirección de
Aduanas y la Presidencia de la República, que con periodicidad
recibía de parte del gobernador Lugo un aviso expedito y luego un reporte
pormenorizado en torno a los dineros canalizados para gastos de la tropa
federal, pagados por las aduanas, con la salvedad de que ahora era el gobierno
distrital, en bonanza, el que se daba el lujo de prestar emolumentos a la
Aduana Fronteriza más importante de la comarca, la de Mexicali. Así
lo constata este telegrama fechado el 22 de septiembre de 1922:
«Al Presidente Obregón:
Hónrame participar que hoy
prestóse a Aduanas 10 mil pesos oro nacional para haberes de la tropa,
completándose suma de 25 mil proporcionada por este mes. J. I. Lugo,
Gobernador del Distrito».
El suceso
relacionado con la desautorización del gobernador en torno a las órdenes de
pago para alimentación de la tropa, pagadas por el municipio, marcaría un
derrotero entre la relación tirante que prevalecería de ahí en adelante entre
el gobernador Lugo y Otto Möller, en coalición con el general Pablo Macías.
A los días,
para sorpresa del gobernador, el general Macías Valenzuela, en cumplimiento de
la presunta misión moralizadora para la cual la presidencia de la república le
había enviado al distrito norteño, cerraba el Casino Chino sin la anuencia
previa de Inocente Lugo. Ante esto, la reacción del gobernador fue virulenta,
enviando una nota reclamatoria al presidente Obregón en la que, celoso, acusaba
al militar sinaloense de haberse brincado las trancas al cerrar el famoso
casino:
«Yo pienso que si usted hubiera ordenado esta
disposición habría sido a mí a quien hubiese comunicado para su cumplimiento,
pues tengo el firme propósito de seguir la línea de conducta que usted me
indique para el mejor suceso de esta administración».
Fuera de la
renovación de contrato para el funcionamiento del Hipódromo de Tijuana, la
realidad era que desde 1920 el gobierno de Obregón venía clausurando los
grandes casinos del Distrito Norte, poniendo hoy en duda si esto fue con un fin
moralizador o con la intención última de renegociar las concesiones otorgadas
por el cantuismo a los barones del juego en Mexicali y Tijuana, tal y como
sucedió en 1924 al otorgarle el Gobierno Federal a la Compañía A.B.W. los
derechos por venta de piso —tan en boga hoy día entre
los grupos criminales— a los establecimientos de esa naturaleza, asentados
dentro del Distrito Norte.
Siendo el juego
de azar y la industria del entretenimiento las únicas fuentes disponibles y
seguras para que el Gobierno Federal obtuviera los suficientes recursos para el
sostenimiento del aparato gubernamental y el fomento del desarrollo económico
regional, lo más prudente hubiera sido no cerrar los casinos en tanto los
gobiernos de la Revolución no contaran con fuentes alternas para
subsanar el vacío que produjo en las arcas públicas la medida emprendida desde
1920 por la presidencia obregoncista.
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| Hotel Imperial, ubicado sobre la Av. Madero, en cuyo sótano se encontraba el Casino Club Meridional |
Al retiro de
Abelardo L. Rodríguez, ex jefe de operaciones militares, si bien pudo imponer a
Otto Möller, como presidente municipal de la capital del Distrito Norte, este
paso no logró hacerlo en el municipio ensenadense, logrando tan sólo colocar a
Tiburcio G. Ruiz, como delegado político de Tijuana; un sitio que ya avizoraba
mayor potencial económico que la propia cabecera municipal, al generar la mitad
del ingreso tributario de las arcas de la tesorería municipal de
Ensenada. Tiburcio G. Ruiz que desde un principio habría de confundir la
oficina de la delegación con los bares de Tijuana, muy poco sobreviviría en el
puesto estando Moyrón y Zárate manejando el municipio de Ensenada, además,
pronto el mismo pueblo tijuanense exigió su renuncia.
Al final, a
pesar de la experiencia política de la facción identificada con Zárate, el
gobernador Lugo acabaría por maniatar a los del cabildo ensenadense quitando
una serie de derechos que él, personalmente como subsecretario, había
contribuido a su reconocimiento frente al orden federal de gobierno, como eran
la atribución del gobierno municipal de expedir permisos para el establecimiento
de nuevos casinos en su jurisdicción y la autorización para elegir a sus
propios comisario de policía y a su jefe de inspección sanitaria
municipal. Poco después, éstos serían sustituidos por comisionados del gobierno
distrital tanto en los municipios de Ensenada como en el de Mexicali.
Sin embargo, en
Mexicali este asunto presentaba un mayor grado de complejidad política, por la
presencia dentro del cabildo de cantuistas y de radicales del agrarismo. Había
un presidente municipal —Otto Möller— ligado al general Rodríguez (en retiro forzado) y
a los propietarios de casas de juego y sus derivados, teniendo en contra a un cabildo
formado entre gente proveniente del cantuismo —Manuel Roncal, Nemecio
Chávez (vicepresidente)— representando a comerciantes y propietarios de
tierras en litigio, a un Guillermo Z. Lugo —pariente del gobernador y
líder del Partido perdedor en las elecciones pasadas—, así como una fracción de
regidores radicalistas comandada por Miguel Olave, Juan B. Ríos y Juan Loera,
dirigentes de los Partidos Liberal Laborista y del Nacional Cooperativista, que
tenían bajo su control al grupo de delegados municipales encargados del Valle
de Mexicali, como lo eran: Cruz R. Villavicencio, de Cerro Prieto, protagonista
de la asonada cantuista de 1921; Jesús B. Monje, de Bataquez; Elogio Cabrera,
de Hechicera; Concepción García, de la Colonia Sonora; y José Romo,
de la Colonia Zaragoza.
 |
| Francisco J. Múgica, un hombre fundamental en la consolidación de la Reforma Agraria en México |
También ese año
de 1922, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dos años antes llevara
a la presidencia al general Obregón, sucumbiría electoralmente frente al
Partido Nacional Cooperativista (PNC), perdiendo en esa ocasión los peleceros la
batuta dentro del Congreso de la Unión, para pasar el Nacional
Cooperativista (PNC) a ser el fiel de la balanza de la futura elección presidencial
de 1924.
Lugo y su agenda política
inmediata
Arribando a
Mexicali el gobernador Lugo —oficialmente un pueblo con 10 mil habitantes—, de inmediato
daría marcha a los trabajos relacionados con el decreto presidencial del 6 de
julio de 1921, publicado por el Diario de la Federación hasta el 19
de enero de 1922, en el que se autorizaba la expropiación de un terreno rústico
cuya extensión era de 389 hectáreas, 9 áreas y 90 centiáreas para dotar al
municipio de Mexicali de un fundo legal y así terminar con la
zozobra de más de 1000 propietarios de casas y terrenos amenazados de despojo
por la Compañía Regulizadora de Mexicali, S.A., que esgrimía dudosos
derechos sobre el suelo del primer cuadro de la ciudad capital del Distrito
Norte.
Después del
autoexilio de Cantú, desde el alcalde suplente Enrique Mérida (agosto-setiembre
de 1920) hasta Manuel Roncal (1921), es decir ya con los gobiernos de la
Revolución, los alcaldes —actuando cual prefectos del pretorio cantuista— seguían
ejerciendo el control policial y sanitario a la vieja usanza, habiéndose hecho
uso común durante el cantuismo que el municipio como orden de gobierno rebasase
sus facultades constitucionales, sustituyendo las funciones del Poder Judicial
al otorgar a presos la libertad bajo fianza; allanado, de paso, facultades inherentes
al Poder Ejecutivo Federal (Gobernación), al extender desde la
municipalidad permisos de permanencia en el país, especialmente a mujeres
extranjeras dedicadas al negocio de la entretención.
Con el
gobernador Lugo las cosas cambiarían por completo. Esto habría de pararle los
pelos de punta a los alcaldes Moyrón y Möller cuando, de pronto,
empezaron a llegar los apercibimientos procedentes de la Secretaría
General de Gobierno del Distrito Norte, aparejados con el arribo a los municipio
de Ensenada y Mexicali de los comisionados de policía, de sanidad, de juegos y
diversión venidos con nombramientos en mano expedidos por el gobernador; es
decir, con la bendición del Gobierno Federal. Esto desataría una controversia
en Gobernación entre los alcaldes Moyrón y Möller y el gobernador, la cual
culminase hasta el 18 de octubre de 1922, día en que Plutarco Elías Calles —secretario de
Gobernación— le diese la razón a Inocente Lugo, conminando a los munícipes a la
obediencia y al respeto para el gobernante guerrerense.
Con sendas
notificaciones para Plutarco Elías Calles y a Gilberto Valenzuela Galindo —subsecretario
de Relaciones Interiores— hacia el alcalde Möller, sobrevendrían una
andanada de apercibimientos acusatorios de parte del gobernador, cuya tónica
por lo regular era la siguiente:
«Telegrama Oficial.
Mexicali, 9 de junio de 1922.
C. Secretario de Gobernación.
México, D. F.
1127.- Hónrome manifestar haber quedado
enterado trascripción mensaje del C. Visitador de Servicios de Migración
relativo a mujeres de mal vivir; respetuosamente comunico a esa Superioridad ya
ordené a Presidente Municipal se abstenga de extender permisos a esas mujeres
para cruzar la frontera. Respetuosamente. J. I. Lugo, gobernador del Distrito.
José Félix Enciso, secretario de gobierno».
De todos modos
a Otto Möller los regaños del gobernador y las notas reclamatorias de la
Secretaría de Gobierno y del coronel Francisco Dávila —inspector
general de Policía—, le entrarían por un oído y le saldrían por el otro, sin saber el
alcalde que éstas estaban avaladas por Plutarco Elías Calles.
A principios de
abril de 1922, Otto Möller habría de confrontar con el gobernador las
acusaciones vertidas por el coronel Francisco Dávila —inspector general de Policía—, contra su hermano
Federico Möller —delegado municipal de La Bomba— en torno a sus
presuntos nexos con el narcotráfico. En lo tocante a ese asunto, en aquella
ocasión el presidente municipal aprovecharía para plantearle al gobernador el
punto relativo a qué autoridad le correspondía calificar a los individuos que
traficaban con enervantes, patentizándole que el ayuntamiento era el encargado
de suministrar alimentación a ese tipo de detenidos mientras permanecían
internados en la cárcel municipal, sin recibir nada a cambio de las
multas que la tesorería del distrito les aplicaba a dichos infractores del
reglamento del bando policial del municipio.
En respuesta a
eso, el día 7 de ese mes de abril, Inocente Lugo expediría un oficio dirigido
al alcalde Möller con copia a Miguel Rodríguez Galeana, tesorero del Distrito
Norte, girando órdenes para que a partir de esa fecha el 40 % del monto total
de multas impuestas a traficantes de drogas y adictos pasara a las arcas
municipales. Siete meses después, llegado el 4 de noviembre de 1922, Otto
Möller enviaba un comunicado formal al gobernador, reprochándole el que aún no
llegara a las arcas del municipio de Mexicali la participación del 40%
prometido sobre el total de multas aplicadas a narcotraficantes y a viciosos.
La embestida de los
radicales
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| Antonio I. Villarreal, junto con los Flores Magón, fundador del Partido Liberal Mexicano (P.L.M.) |
Entrando mayo
de 1922,
el coronel Marcelino Magaña Mejía —uno de los tantos villistas
exiliados en el Distrito Norte—, presenta ante la Comisión Nacional Agraria
(CNA) 200 solicitudes para reparto agrario de los terrenos de la Hacienda
Progreso en beneficio de jornaleros expatriados de los Estados Unidos, con
el argumento de que esas tierras estaban siendo arrendadas a extranjeros (al
italo-norteamericano Víctor Carusso). El gobernador Lugo intervendría ante las
autoridades federales para que esas solicitudes fuesen rechazadas por ser
promovidas por grupos anarco-sindicalistas.
 |
| Víctor Carusso |
Como respuesta,
Magaña Mejía y los solicitantes invadirían no la Hacienda
Progreso pero sí los terrenos de la Compañía del Cerro del
Centinela (Signal Mountain Co). Fue el villista jalisciense Marcelino Magaña
Mejía el primero en encabezar en Baja California la toma de tierras con fines
expropiatorios.
Esto también demarcó
el inicio del movimiento social que cuatro años más tarde hizo estallar la
primer huelga generalizada de trabajadores agrícolas de la “Colorado River”,
llevada a cabo en 1926, por los grupos de radicales exigiendo el aumento de
salarios y la aplicación de los preceptos del artículo 123 de la
Constitución de 1917.
En tanto, para
el 24 de mayo de 1922, el gobernador ordenaba al jefe de operaciones
militares que interviniese para romper con aquella manifestación de
inconformidad laboral. Para el 2 de julio, con 806 votos, Ricardo Covarrubias,
dueño de periódicos, representando al Liberal Rojo, a un partido local, ganaba
las elecciones para diputado federal por el Distrito Norte, habiendo competido
contra Ricardo Romero, ex diputado federal por el Liberal Constitucionalista;
Luis Pinal, del Partido Nacional Cooperativista de Tijuana; Gustavo Appel, del
Partido Agrarista Ensenadense, y de Alfonso Alcocer —primer secretario del
Ayuntamiento con Möller y al poco delegado municipal de Hechicera—.
De esta justa
cívica, a nivel nacional, el Partido Nacional Cooperativista había salido
vencedor obteniendo el control absoluto del Congreso de la Unión, del
Ayuntamiento de la Ciudad de México y de otros municipios
importantes, además de posesionarse de buena parte de las gubernaturas,
quedando a la zaga el Liberal Constitucionalista de los generales Obregón y
Hill así como el del propio gobernador del distrito norteño. Las legislaturas
XXIX y XXX, controladas por los radicales, habrían de jugar un papel
fundamental para empujar las iniciativas del presidente Obregón en torno a las
enmiendas del Artículo Tercero Constitucional en materia educativa.
Ricardo
Covarrubias, un oportunista diputado federal proveniente de un Partido local
radicalista del Distrito Norte, no le habría de dar mucho trabajo adherirse, en
México, a una bancada Cooperativista dueña del voto mayoritario dentro
de la Cámara baja; además, se trataba de un partido progresista que
defendía los postulados del cooperativismo, la nacionalización de la tierra y
de las grandes empresas adueñadas de los servicios públicos, de la autonomía
universitaria e interesado en vencer el rezago salarial como la solución más
viable para abatir la abismal desigualdad económica entre la población
mexicana. Un ideario muy ad hoc con algunos puntos de la corriente agrario-magonista
que poco a poco iba adueñándose de la atmósfera política prevaleciente en el
Valle mexicalense.
Para 1923, en
el preámbulo de la elección presidencial los partidos Liberal Constitucionalista
y Nacional Cooperativista se escinden en su interior, proclamándose sus
respectivos miembros ya fuese a favor de Plutarco Elías Calles, apoyado por
Obregón, o bien en pro de Adolfo De la Huerta, como candidatos
para la Presidencia de la República; Covarrubias —con agudo
olfato político— opta por ser partidario del primero, convirtiéndose en aliado de los
generales Calles y Rodríguez en el entorno bajacaliforniano, y, por
consecuencia lógica, en el líder natural del Nacional Cooperativista en el Distrito
Norte, enemistándose doblemente con el gobernador y dirigente pelecero José
Inocente Lugo, ex colaborador de Adolfo de la Huerta cuando fue
presidente provisional de México, en 1920.
Interesado más
que nada en presionar al gobierno de los Estados Unidos para que reconociese al
de México, el presidente Obregón con el fin de que Magaña Mejía —apoyado por
periódicos como “El Monitor”, de Covarrubias— no fuese a estropear sus
planes, afectando con sus intenciones expropiatorias los intereses de la “Colorado
River” en el Valle de Mexicali, el 15 de julio de 1922, expide el decreto
presidencial en donde reconocía que la “Laguna de los Volcanes” era
terreno natural y por tanto zona federal. Para diciembre de ese año
Obregón va aún más lejos con su presión hacia los Estados Unidos, al anular los
títulos de propiedad de Guillermo Andrade en el Valle de Mexicali, lo que
significaba desconocer la legalidad de los títulos de propiedad del grupo Gray
Otis-Chandler. En aquella ocasión Harry Chandler, alarmado, parte de Los
Ángeles hacia la capital del país con el fin de entrevistarse con el general
Álvaro Obregón, logrando anular esta última resolución presidencial con la
promesa de estimular nueva inversión dentro del Distrito Norte.
Hecho que
vendría a ser incuestionable realidad hasta 1924, teniendo como principal
beneficiado de aquella acción zorruna de Obregón, al gobierno del general
Abelardo L. Rodríguez. Con la firma del Tratado de Bucareli, al año
siguiente —el 31 de agosto de 1923—, el gobierno de los Estados Unidos reconocía
oficialmente al gobierno del general Álvaro Obregón. Un año después, el presidente
Obregón derogaba el decreto en el que la Laguna de los Volcanes hubo
sido declarada zona federal, volviendo aquellas tierras desecadas a recaudo de
los más aferrados en tomar posesión de ellas: la Colorado River Land Co.
Primer intento de cese
del alcalde Möller
Como en 1919,
en que la influenza había aniquilado a 900 orientales, a mediados de ese año de
1922, volvería a desatarse en Mexicali otro brote de influenza española, y
entonces Möller —con una administración municipal maniatada presupuestalmente y sin el
apoyo del gobierno del distrito— habría de enfrentar el problema con la ayuda del
médico hidalguense Manuel Monter, organizando entre ambos un comité de ayuda
civil, el cual después de un saldo de 23 muertos y un mes de zozobra saldrían
avante de aquella pesadilla colectiva. Este suceso en que el presidente
municipal no recibió la más mínima ayuda del gobierno del distrito, ahondaría
mayormente las diferencias entre el alcalde y el gobernador.
El 18 de julio
de 1922, el presidente municipal Otto Möller recibe una fuerte advertencia de
parte del gobernador en el sentido de que dejase de otorgar la libertad bajo
fianza a delincuentes juzgados por el Poder Judicial. A principios de agosto,
Möller contesta al gobernador, diciendo:
«Al Ciudadano
Gobernador del Distrito.
Presente.-
Con referencia al superior oficio de usted fechado
el día 18 del mes próximo pasado, girado por la Sección Primera con
el número 18998, en el cual manifiesta que no es de las atribuciones de esta
Presidencia otorgar la gracia de libertad baja fianza a preso alguno por ser
sólo facultad del Poder Judicial, me permito manifestarle que quedo enterado de
lo anterior. Reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.
«SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, Baja Calif., a 3 de agosto de 1922. Rubrican: Otto Möller, presidente municipal. Carlos Robles Linares, Secretario».
Es muy difícil
pensar que este tipo de acciones hayan sido simples inocentadas de Otto Möller
y no actos deliberados para vulnerar facultades propias del Poder Judicial,
teniendo como secretario del Ayuntamiento al ex juez Carlos Robles Linares.
Líos con la declaración
consular sobre importaciones
A fines de
agosto de 1922, llegaba a Mexicali procedente de México, Antonio Flores,
consultor técnico de la Secretaría de Hacienda, con el fin de
investigar un lío verificado el pasado mes de mayo en torno a declaraciones
consulares realizadas por la “Cía. Comercial de la Baja California”, del
agente aduanal Miguel González, que había metido por Mexicali 230 barricadas de
whiskey (scotch) y otras 131 más por Tijuana, presuntamente sin las debidas
facturas consulares extendidas por los consulados de Calexico y San Diego.
A pesar de que
buena parte de los administradores de Aduanas eran protegidos o amigos del general
Álvaro Obregón, con el fin de extremar el control sobre estos funcionarios, el
presidente habría de tomar como catecismo lo prescrito en el artículo 20
del Decreto de 11 de noviembre de 1893, que versaba sobre los tortuosos
trámites que obligaban a los agentes aduanales en las franjas fronterizas
a gestionar, primero, ante los consulados de México una factura consular
para acreditar después un pedimento de importación frente a Aduanas. De no ser
así, esto significaba para los agentes aduanales tanto como echarse encima no
sólo a los de Hacienda, sino también a la propia Presidencia de la
República.
Resulta que
desde el 15 de mayo pasado, Enrique Ferreira, cónsul de México en San
Diego, desde sus oficinas en el Edifico Spreckels había enviado al general
Obregón un telegrama poniéndole al tanto sobre las operaciones de importación
de la mentada Comercializadora, en tránsito por Estados Unidos, las cuales —según el cónsul— se habían
hecho sin la factura consular correspondiente y a la mitad del monto de lo
clasificado por la tarifa arancelaria que era de 15 dólares por galón. Al día
siguiente, el presidente Obregón prevenía a Adolfo De la
Huerta —secretario de Hacienda—respecto a este asunto.
Por ese hecho,
Francisco Díaz Velazco, administrador de la Aduana de Mexicali,
fue detenido y de inmediato se comunicó telegráficamente con la señora
María T. de Obregón —esposa de su amigo el presidente— solicitando su intercesión de la manera siguiente:
«Ha de merecer usted informe sr. Presidente que,
habiendo [yo] solicitado
Amparo ante autoridad competente por irregularidades cometidas, con motivo de
mi detención y habiéndolo obtenido hoy entregué la
Administración de la Aduana por exigirlo así el Inspector
Flores, y he dado aviso a Hacienda que el Amparo no fue solicitado para rehuir
responsabilidades que pudiera tener, pues sólo fui víctima de un mal empleado,
el contador.- Solicito su aprobación [Sr. Presidente] para ir
a vindicarme ante quien corresponda, pues hombre que ha sabido cumplir con
honradez deberes impuestos no debe temer cuando se ha cumplido…
Respetuosamente. Francisco Díaz Velazco».
 |
| Manuel Roncal y Maurilio Magallón |
De este lío de
la “Comercial de la Baja California”, sucursal Mexicali, en el que
estuvieron inmiscuidos los poderosos agentes aduanales Miguel González y
Arnulfo Liera, encargado de manejar los pedimentos de los comerciantes
afiliados a la Cámara de Comercio de Mexicali, los señores habrían
de salir sin rasguños y sin despeinarse.
 |
| Palacio de Gobierno del Distrito Norte de Baja California |
Maurilio Magallón:
sorpresas que da la vida
Félix Bosquet,
administrador provisional de la Aduana de Mexicali, a principios de
octubre de 1922, quedaría de una sola pieza en sus oficinas, al ser informado
que el regidor Maurilio Magallón Vargas, en compañía de otros ediles había sido
apresado por el general Pablo Macías, siendo reunidos en el Cuartel
General del 21º Batallón y llevados de inmediato al atracadero de la “Bomba”,
para ser embarcados en uno de los steamers del agente
aduanal Arnulfo Liera y ser trasladados luego a la Prisión
Militar del Puerto de Mazatlán.
Ese día, el run
run de que esto había obedecido a una orden fulminante del general Ángel
Flores, jefe de la Primera División del Noroeste, asentada en
Culiacán, correría como un reguero de pólvora por todo Mexicali; no obstante,
la gente del pueblo aún desconocía las causas. Pero de que se trataba de algo
muy serio, no había duda. En un par de días los mexicalenses supieron la
verdad a través de los periódicos, pero no los prisioneros que iban ya por
altamar con el alma en vilo. ¿Cuál era, entonces, esa grave acusación que se
cernía sobre aquellos prisioneros cuya causa habíase mantenido en el más
absoluto secreto? Pues casi nada: la de organizar desde Mexicali una sedición
armada en Sinaloa y Sonora contra el gobierno.
 |
| Muelle fiscal de la Aduana Marítima de Mazatlán |
Así como aquel
puñado de hombres habían sido aprehendidos en Mexicali por la máxima autoridad
militar de la zona, por lo grave de la acusación que pesaba sobre sus hombros,
así también sólo un jefe militar del mismo orden habría de recibirlos en
Mazatlán, procedentes del Distrito Norte. Y en ese tiempo, en Mazatlán, éste no
era otro más que el general Abelardo L. Rodríguez —jefe militar de aquella
plaza—, pero también el principal protector del alcalde Otto Möller, causante
directo de la desgracia de aquel puñado de mexicalenses.
Seguramente
después de conocer los prisioneros de boca del general Rodríguez el tipo de
acusación que recaía en su contra, comprendieron que sólo Dios podría salvarles
del fusilamiento. Y así fue, mediante la oportuna intervención emprendida por
el gobernador Lugo directamente ante el presidente Obregón, junto con las
airadas y enérgicas protestas del pueblo mexicalense y de la gente de la prensa
local, al fin serían liberados.
Después de mes
y medio de cautiverio en aquella prisión militar, el 25 de noviembre de 1922,
Maurilio Magallón y sus acompañantes retornarían al pueblo en calidad de
héroes; para su satisfacción, llegando al embarcadero de “La Bomba”, los ex
presidiarios se enterarían de que ese día el gobernador Lugo había dado de
machetazos al caballo de espadas, pues Otto Möller, como presidente municipal
de Mexicali, estaba ya desaforado y el general Pablo Macías había perdido la
chamba como jefe militar de aquella plaza e iba a ser sustituido por el también
general Jesús M. Ferreira.
Entre tantas
sorpresas, con un Juan Loera como presidente municipal interino, Maurilio
Magallón deja la regiduría y se reinserta en su trabajo en la
Aduana y los negocios, encontrándose con que Antonio Flores —el inspector
de Hacienda llegado de México— había relevado a Félix C. Bosquet, como
administrador de la Aduana Fronteriza de Mexicali, desde el 9 de
noviembre de ese año de 1922.
El cese de Otto Möller
Ya para finales
de septiembre de 1922, el prurito de las elecciones municipales del próximo diciembre
había levantado ámpula entre los actores de la política local. Se daba como
hecho que el gobernador y Manuel Roncal lograrían imponer en la presidencia a
Guillermo Z. Lugo. Entre otras cosas, esta había sido una de las causas
principales de la detención de los regidores Roncal, Magallón, Z. Lugo y
Chávez; presunción que el general Abelardo L. Rodríguez le daría visos de
verdad inobjetable luego de que el alcalde Möller —su protegido— le informara
sobre cómo masticaría la iguana en las elecciones en puerta.
El 9 de noviembre de 1922, el gobernador Inocente
Lugo recibió un oficio enviado por su amigo Gilberto Valenzuela Galindo, subsecretario
de Relaciones Interiores, en el que a solicitud de la Contaduría
Mayor de Hacienda a Gobernación, le pedían el informe anual sobre
la glosa de cuentas de los
ayuntamientos del Distrito Norte. De esto, Inocente Lugo encontraría la
oportunidad para deshacerse de Otto Möller, dándole a una orden de rutina todo
el celo fiscalizador de la Federación en el sentido de querer
auditar, a toda costa, las cuentas del municipio de Mexicali.
Con esta
triquiñuela, el gobernador imbuye de paranoia a la administración municipal,
suspendiendo provisionalmente de sus funciones a Roque J. Ibarra, tesorero
municipal, y a Francisco A. de Icaza, encargado de la glosa, ordenando una
semana después una auditoria de las finanzas públicas del Ayuntamiento a través
de una comisión revisora organizada por el gobierno distrital.
 |
| Permiso de salida núm 110, expedido por el alcalde Otto Möller a sus pupilas |
En dicha
ocasión, recordando que los comandantes de las policías municipales eran
comisionados en los ayuntamientos por la Inspección General de
Policía del Distrito Norte, el coronel Francisco Dávila le comunicaba al gobernador
lo siguiente:
«El C. Comandante de Policía hace llegar a esta
Inspección, los permisos otorgados y autorizados por la Presidencia
Municipal a personas de su confianza, para que las mujeres en los
prostíbulos salgan de las casas de asignación donde se encuentran asiladas,
presentándose en los parajes públicos, en contravención con lo dispuesto por el
Bando de Policía vigente; encontrándose la Policía incapacitada para
reprimir los atentados que se cometen contra la moralidad pública».
«Lo que tengo el honor de poner en el superior
conocimiento de usted para los efectos a que haya lugar, acompañándole los
permisos referidos. Protesto a usted mi atenta consideración y respeto.
SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCCIÓN. Mexicali, Baja California, a 10 de noviembre
de 1922. Rúbrica: Francisco
Dávila, Inspector General de Policía».
Nemecio Chávez,
a la par, habíale puesto el dedo flamígero a Otto ante el gobernador respecto a
la asignación de policías especiales en los casinos de juego, lo que obligó a
Inocente Lugo a volver a enviar otro apercibimiento al cuerpo edilicio,
haciendo una interpretación por demás tergiversada sobre el espíritu que
animaba al artículo 7, fracción II, de la Ley Orgánica del Distrito y
Territorios Federales, relacionado con la concesión y expedición de permisos
para juegos.
Por esas
fechas, también, el primer edil de Mexicali se enteraba de que gracias a Lugo,
Gobernación lo había sacado de la jugada en torno a las negociaciones hechas
con George M. Pratt para la instalación de un casino de juego en el subterráneo
del Hotel Imperial, desconociendo los pormenores del contrato con la nueva
empresa a punto de entrar en operaciones en el municipio donde él gobernaba.
Ese mismo día
10 de noviembre, el coronel Dávila, inspector de Policía, emitía un nuevo
parte al gobernador haciendo referencia que durante la madrugada el tesorero
Ibarra, a escondidas, habíase introducido a la municipalidad hasta penetrar a
su oficina, metiendo mano en la caja fuerte de la Tesorería del
Ayuntamiento. Lugo ordenaría que no se interviniera aún al municipio en tanto
él no enviase su informe de la situación a Gobernación. Ahora sí, para el 16 de
noviembre de 1922, el gobernador recibía de parte del subsecretario Valenzuela
la autorización de auditar al Ayuntamiento de Mexicali. A la mañana siguiente,
personal de finanzas del gobierno del distrito estaba auditando las arcas
públicas del erario municipal.
También ese
día 16, a Otto Möller le vuelven a llegar otras dos amonestaciones
vinculadas con los permisos a entretenedoras y con su policía especial, en este
último el gobernador Lugo le reprochaba al munícipe su persistencia en seguir
brincándose las trancas, al designar por motu proprio al señor Rómulo Brambila
como guardia privado de la cantina «El Cañón de Oro».
Para el 23 de
noviembre, Refugio H. Lizárraga y Manuel Páez, ex empleados de Aduanas y ahora
funcionarios de finanzas del gobierno distrital comisionados para revisar los
libros de contabilidad del Ayuntamiento de Mexicali, reportan al gobernador la
resultante de un primer arqueo del erario municipal en el que Otto Möller,
Roque J. Ibarra, Francisco A. De Icaza y otros funcionarios más, al parecer no
salían muy bien librados.
Ese mismo día
23, Carlos Robles Linares renuncia como secretario del Ayuntamiento y pasa a
ser asesor del gobernador; en su lugar el gobernador envía a Juan Ojeda Melsson
—delegado político en Tijuana, en tiempos del gobernador Balarezo—, ahora funcionario de la Tesorería General del distrito; pero también esa
mañana, por causas fuera de todo precepto legal, el regidor Juan Loera —además,
interventor de Juegos y Diversión por parte del gobierno distrital— firma su
primer oficio en calidad de presidente municipal de Mexicali, no siéndolo aún:
«C. Gobernador del Distrito.-
Con referencia al superior oficio de usted número
112432 de fecha 16 del actual girado por la Sección I. en el que
recomienda no se expidan permisos a las mujeres públicas para que salgan de los
prostíbulos, por ser este asunto de la competencia de ese Gobierno, según lo
expresa el artículo 17 del Reglamento de Sanidad vigente, me es honroso
manifestar a usted que se cumplirá con lo dispuesto y que, respecto a los
permisos que se han expedido por esta Presidencia a las mujeres de que se
trata, son para que salgan únicamente a tomar sus alimentos o para hacer sus
compras en la vecina Calexico, Cal. Reitero a usted mi atenta consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, Baja California, noviembre 23 de 1922. Rubrican: Juan Loera, Presidente
Municipal. Juan Ojeda Melsson, Secretario».
Día 24: máxima tensión en
la municipalidad de Mexicali
Durante la
mañana del viernes 24 de noviembre, el regidor y síndico municipal Nemecio
Chávez, arma una trifulca en la oficina del presidente municipal, al negarse
éste a firmarle unas órdenes de pago de una tesorería municipal intervenida por
el gobierno distrital; gresca que alcanzase su grado máximo de algidez en el
instante en que el regidor saca la pistola para hacerle pagar a Möller deudas
pendientes, como la de la encerrona en la prisión militar de Mazatlán;
Otto Möller, todo asustado, trataría en vano de darle órdenes a la policía para
detener a aquel energúmeno resuelto a darle de balazos. De no haber sido por la
oportuna intervención de los propios empleados del Ayuntamiento, sepa Dios cómo
le hubiera ido ese día al presidente municipal.
Después de ese
delicado incidente, Nemecio correría hacia Palacio de Gobierno para pedirle garantías
al gobernador, de quien se supone, dado la gravedad de la falta, le aconsejara
fuera —él— el primero en encargarse de aparecer como víctima, enviando dicha
petición directo a Presidencia de la República, porque —de seguro— Otto Möller
también haría lo mismo.
Dicho y hecho, pero con la diferencia de que Möller, en su acusación, no sólo hacía responsables de tales sucesos a los regidores y a la policía ante el general Obregón, sino que vía telegráfica señalaba al gobernador Inocente Lugo como primer causante de promover su debacle personal:
Dicho y hecho, pero con la diferencia de que Möller, en su acusación, no sólo hacía responsables de tales sucesos a los regidores y a la policía ante el general Obregón, sino que vía telegráfica señalaba al gobernador Inocente Lugo como primer causante de promover su debacle personal:
«Con pena obligado a insistirle ordenarle al jefe
de operaciones militar impártame garantías, regidores reincidentes, policía y
gobernador tratan de destituirme de mi cargo de presidente municipal, reducirme
a prisión arbitrariamente.- Ataque fui objeto esta mañana, consignase agente de
Ministerio Público, que violentamente ausentóse de ese lugar por disposición
del gobernador y así no proceder como impone la ley, ruego informarse con jefe
de operaciones militares. Hoy encontrándome despacho Regidor Nemesio Chávez por
negarme firmarle órdenes pago tesorería municipal, injuriarme de palabras,
sacándome pistola, apuntándome para herirme o matarme, impidiéndolo empleados
que estaban presentes. Ordené al comandante de policía y este dijo ser orden
del gobierno de este distrito no aplicarla. Delito fue in fraganti,
comandante de policía, un cabo de la misma y otras personas siguieron injuriándome.
Pido con urgencia libre la persona siguiente a la jefatura operaciones
militares darme garantías pues Policía por órdenes de Gobernador no me obedece.
Otto Möller, Presidente Municipal».
Después de
esto, el inspector de policía Dávila pone en alerta al gobernador y le informa
lo que sigue:
«En oficio número 2053 de esta fecha, digo al C.
Comandante de Policía [de Mexicali] lo
siguiente»:
«Di cuenta a la superioridad de su nota 1006 de
esta fecha [día 24], en la que participa que el C. Presidente Municipal, ha
ordenado la concentración de toda la Policía de las Delegaciones de
su mando. Como supone el Gobierno que tal movimiento será con objeto de cuidar
de que el orden público no sea alterado, esta Inspección por acuerdo del propio
Gobierno recomienda a usted que procure por todos los medios posibles evitar
que el orden sea alterado por cualquier motivo».
«Lo que tengo el honor de transcribir a usted para
su conocimiento y efectos, protestándole mi atenta consideración y respeto.
SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCCIÓN.
Rúbrica: Francisco Dávila, Inspector General de Policía».
Ese día 24,
Otto Möller, por su parte, logra que el regidor Juan B. Ríos (inspector de
Sanidad encargado de controlar el registro de pupilas), en calidad de
presidente del Partido Liberal Laborista, junto con Mariano Castellanos,
mandamás del Partido Obreros y Campesinos, líderes del anarcosindicalismo
obrero-campesino, alzasen airada protesta ante Gobernación por la salvajada cometida
por Nemecio Chávez contra el alcalde, quejándose también de la no existencia de
garantías, de parte del gobernador, para la realización de las elecciones
municipales en ciernes.
A eso de las 7
de la noche, de ese crucial viernes 24 de noviembre de 1922, se reúnen en el
auditorio de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la
Avenida Madero y calle Altamirano, los señores regidores Manuel Roncal,
Guillermo Z. Lugo, Juan Loera, Quirino Luna, Fulgencio Gallego, Jesús B. Monje,
Pedro G. Martínez, Pedro Benítez, Nemecio Chávez y el nuevo secretario del Ayuntamiento,
Juan Ojeda Melsson, para defenestrar a Otto Möller y hacer la faramalla
de que el cuerpo de concejales designaba a Guillermo Z. Lugo, como presidente
municipal.
En resumidas
cuentas, entre el 23 y el 25 de noviembre de 1922, Mexicali tuvo la friolera de
tres presidentes municipales en funciones: Otto Möller, Juan Loera y Guillermo
Z. Lugo.
Al día siguiente de los acuerdos pactados en la reunión de Cabildo —en la Escuela Cuauhtémoc—para desaforar al alcalde Möller, salía publicado en la prensa local un Manifiesto en el que se anunciaba el cese del munícipe Otto Möller, al tiempo que el gobernador José Inocente Lugo enviaba al presidente Álvaro Obregón este telegrama:
«Hónrame acusar recibo de su telegrama de ayer que
me transcribe mensaje de presidente municipal Otto Möller, pidiendo garantías
por supuestos hechos que expone. En respuesta satisfáceme informar a usted. Que
mayoría de regidores de este ayuntamiento acordó revisar contabilidad Tesorería
Municipal, por tener conocimiento de malos manejos de Presidente Möller y de
Tesorero Ibarra, resultado comprobadas algunas graves irregularidades al
hacerse la inspección, por lo cual temió Möller con fundamento que fuese
destituido en la sesión que debería celebrarse ayer, y consignado al ministerio
público, siendo ésta la verdadera causa principal de la adulteración de los
hechos que comunico a usted, pues mi actividad ha sido imparcial dejando
absoluta libertad a ministerio público. Es falso también que jefes policía
hayan injuriado a Möller y éste disfruta plenas garantías, no obstante que ha
estado excitando a sus partidarios a cometer desorden. José Inocente Lugo,
Gobernador de Distrito».
Sin duda que el
gobernador Lugo hubo mandado este telegrama al presidente de la República,
inspirado en el cuento de Pinocho.
Loera: presidente
sustituto
Ese mismo día
25, para no obviar sus intereses particulares en aquel enjuague político, el
gobernador Inocente Lugo daría marcha atrás en la designación de su primo
Guillermo Z. Lugo como presidente municipal, reconociendo oficialmente ante
Gilberto Valenzuela —subsecretario de Relaciones Interiores— y ante el general
Jesús M. Ferreira —nuevo jefe de operaciones militares— a Juan Loera como
presidente interino del Municipio de Mexicali. Al tiempo que alertaba al nuevo
alcalde Loera de que los policías de las delegaciones municipales seguían
acuartelados en sus respectivos recintos, obedeciendo órdenes de Möller y de
sus aliados los regidores radicalistas Juan B. Ríos y Miguel Olave,
quienes el sábado 25 habían desconocido los acuerdos del día anterior
realizados en la Escuela Cuauhtémoc por la mayoría de los miembros
del Cabildo.
Ante aquella
amenaza potencial, Juan Loera se aprestaría por medio del gobernador a
solicitarle a Antonio Flores —administrador de la Aduana de Mexicali—
las carabinas de esa institución con el fin de hacerle frente a la gente de
Möller. El gobernador desistió dar cabida a tal petición.
Al no ser
aprobado su requerimiento, el “Indio” Loera nada tonto, se erige en juez y gira
una orden de detención al jefe de los Servicios Migratorios para que
aprehendiera a Otto Möller, junto con Roque J. Ibarra, Francisco de Icaza, Adán
Torres, Joaquín Ramírez y Serapio Huerta en caso de que asomaran las narices
por la línea fronteriza. El tamaño de su miedo dictaminaba que valía más
aprehender a sus enemigos antes que hacer frente a una embestida armada estando
dentro del Palacio Municipal sin el armamento apropiado que, para su
infortunio, estaba en manos del resguardo aduanal de Mexicali.
 |
| Heriberto Borunda |
Se sobreentiende
que la recompensa a los servicios de Juan Loera prestados a Lugo como interventor
de la Comisión de Diversiones Públicas del municipio fue grande,
cuando el gobernador le informaba sobre lo que aparece en el contenido del
oficio enviado con antelación al coronel Francisco Dávila, titular de la
Inspección General de Policía:
«Al C. Presidente Municipal.
Presente.-
Hoy digo al C. Inspector General de Policía, lo que
sigue»:
«Este Gobierno ha tenido a bien acordar, que a
partir de esta fecha, los traficantes de drogas heroicas y opio, así como los
viciosos de dichos narcóticos que sean aprehendidos, se pongan a disposición
del C. Presidente Municipal».
«Lo que transcribo a usted [a Loera] para su conocimiento y fines
consiguientes, reiterándole mi atenta consideración. SUFRAGIO EFECTIVO-NO
REELECCIÓN. Mexicali, Baja California, diciembre 1 de 1922. Rúbrica: J.
I. Lugo, Gobernador del Distrito».
Si bien para
Inocente Lugo su ex interventor de Juegos y Diversión, como presidente
interino, le aseguraba el control de entretenedoras, adictos y traficantes de
drogas en Mexicali, esta acción también enmarcaba el sino de su derrumbe
político porque Loera era un líder cooperativista aliado a un diputado
Covarrubias vinculado —a su vez— con el general Abelardo L. Rodríguez.
El reporte de la comisión
revisora
Fue hasta el 15
de diciembre de 1922, estando Loera en su oficina de palacio municipal, acompañado
de Nemecio Chávez y de Heriberto Borunda —nuevo tesorero municipal—, cuando
reciben la visita de Refugio H. Lizárraga y de Manuel Páez quienes como
encargados de la comisión revisora por parte del gobierno distrital, presentan
el reporte final de la auditoria ejercida sobre las finanzas de la
administración municipal del ya defenestrado Otto Möller.
En aquel
documento, dicha comisión revisora de la cuenta pública del municipio,
concretamente, acusaba al ex presidente municipal no tanto por sustraer de
manera expresa caudales del erario público en aras del estricto beneficio
personal, falta tipificable aquí y en China como delito de peculado, sino por
haber violado el artículo 37, fracción IX, del Reglamento Interior que
estipulaba que el presidente municipal no podía autorizar erogación alguna de
la Tesorería Municipal sin previo acuerdo de la corporación edilicia, como
tampoco le estaba permitido excederse en el gasto previo presupuestado por el
gobierno distrital para tal o cual partida por ejercer dentro del ámbito
municipal.
En ese sentido
quedaba comprobado que el señor Otto Möller como alcalde municipal, había violado
97 partidas presupuestales, cuyo monto ascendía a la cantidad de 9 mil 612
pesos oro nacional, de los cuales el mayor usufructuante había sido su ex
Inspector de Sanidad, el arrepentido regidor Juan B. Ríos, al recibir en un año
1 mil 680 pesos (840 dólares) de viáticos para el cumplimiento de tan
entretenida comisión. Algo así como el 10% de lo derogado indebidamente por
Möller. El dinero restante había sido ejercido en el pago de un sin fin de
minucias al cabo de todo un año.
Para dimensionar
el poder adquisitivo de los 840 dólares recibidos por Juan B. Ríos de viáticos,
antes es pertinente recordar que durante aquella época la paridad entre el peso
y el dólar era de 2 pesos por dólar, y que un salario mínimo —considerado
desde entonces magro— equivalía a 4 pesos oro nacional (2 dólares por jornal);
viáticos con los que el señor Juan B. Ríos hubiera podido pagar 420 salarios
mínimos, de aquel entonces.
Ahora, si
tomamos como base que, hasta el año de 2002, un trabajador, de salario mínimo
promedio, ganaba alrededor de 4 dólares diarios (40,16 pesos), encontramos que, de 1922 a
2002, en 80 años, el salario mínimo promedio del trabajador mexicano tan solo
se incrementó cosa de 2 dólares; o sea, ha crecido a un ritmo proporcional de
2.5 centavos de dólar por año.
Hasta septiembre de 2015, la deplorable situación de los trabajadores de salario mínimo en México persiste, cuando la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasami) fijó un sueldo único de 70,10 pesos diarios (los que comparados con el tipo de cambio actual son otra vez 4 dólares), a raíz de que el salario mínimo estaba repartido en dos áreas. He aquí una pista del tamaño del rezago salarial existente en México a principios del Siglo XXI.
Hasta septiembre de 2015, la deplorable situación de los trabajadores de salario mínimo en México persiste, cuando la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasami) fijó un sueldo único de 70,10 pesos diarios (los que comparados con el tipo de cambio actual son otra vez 4 dólares), a raíz de que el salario mínimo estaba repartido en dos áreas. He aquí una pista del tamaño del rezago salarial existente en México a principios del Siglo XXI.
Con Roque J.
Ibarra, la comisión revisora comandada por el gobernador Lugo fue más benevolente,
al acusarlo de simple y llana negligencia por no ampliar las partidas de
egresos y por no tramitar la autorización correspondiente vía Cabildo, para así solicitar ante el gobierno distrital los gastos
excedentes de partidas tales como la de “Gastos Extraordinarios y Limpieza y
Riego de Calles”, donde las erogaciones rebasaban ya los 33 mil pesos respecto
al presupuesto real programado para ese año.
Se trataba de
una cantidad equivalente a 16 mil 500 dólares, con los que se podía pagar la
fuerza de trabajo de 8 mil 250 trabajadores de aseo y limpia —con salario
mínimo de 2 dólares— para abastecer a una población de 10 mil habitantes.
Dato que, visto así, haría aparecer a Ibarra como un irredento pillo, por eso
es justo aclarar que, para 1922, el municipio pagaba a 1 dólar con 82 centavos
el metro cúbico del vital líquido a las compañías privadas del vecino país que
controlaban el abastecimiento de agua en la región. Una cantidad muy cercana a
un salario mínimo de aquellos días, de lo que se infiere que las compañías
gringas vendían el agua a Mexicali a precio de oro.
Por lo demás,
en cuanto a Möller e Ibarra, si bien el cometido de la administración del
gobernador Lugo y la del alcalde Loera, hubiese sido la de sancionar a dos
funcionarios públicos que habían recaído en actos más bien de negligencia y no
de peculado, el primero de los aludidos había llevado la peor parte al verse
obligado a tener que enfrentar el escarnio público y la persecución, acusado de
ladrón por unos emolumentos que en realidad no había usufructuado del erario
público.
Habiendo la
comisión revisora terminado de presentar su reporte en las oficinas del presidente
municipal interino; Loera —apoyado por el tesorero Borunda—, ni tardo ni
perezoso se dirigiría a Nemecio Chávez, comisionándole para promover un proceso
penal en contra de los aludidos. Proceso penal improcedente que días después
degenerase en la aprehensión de Otto Möller —el 27 de diciembre de 1922— para
ir a parar a la cárcel acusado de un cargo muy diferente: Narcotráfico. Saldría
libre por falta de pruebas.
Durante el gobierno de
Abelardo L. Rodríguez, vetado en lo político por el juicio moral que la población
había ejercido sobre su persona, para 1929, lo máximo que escaló Möller dentro
de la administración pública local fue a la posición de subdelegado de la delegación
de Los Algodones.
Pero los
imponderables del destino nunca faltan, pues un día antes del arresto de
Möller, atendiendo una ordenanza de Álvaro Obregón, presidente de la república,
por instrucciones del señor gobernador el alcalde Loera anunciaba un
simulado acuerdo de Cabildo, de cuyo dictamen los más perjudicados resultaban
ser algunos connotados miembros del cuerpo edilicio:
«La Corporación que me honro en presidir, en sesión
ordinaria verificad el 22 de los corrientes, tuvo a bien dictar los siguientes
acuerdos»:
«PRIMERO.- Se designa “Zona para Establecimiento de
Cantinas” en la Ciudad de Mexicali la porción comprendida desde la línea del
Ferrocarril hacia el Sur; excepción hecha de la parte que a dicho rumbo queda
en el tramo de vía desde la Acera Sur de la Avenida Francisco I. Madero hasta
la línea fronteriza».
«SEGUNDO.- De conformidad con lo que antecede, no
se permitirá el establecimiento de Cantinas en toda la Avenida
Francisco I. Madero, ni en las calles transversales de la población, en el
tramo comprendido desde la Avenida Internacional hasta la vía ferrocarrilera».
«TERCERO.- A los propietarios de Cantinas
actualmente ubicadas fuera de la “Zona para Establecimiento de Cantinas”, se
les concede un plazo que terminará el 31 de marzo del año entrante de 1923, con
objeto que durante ese periodo de tiempo cambien sus establecimientos a lugares
dentro de la Zona señalada».
«Lo que se hace de conocimiento de los interesados
y del público en general para su observancia. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN.
Mexicali, B. Cfa., diciembre 26 de 1922. Rúbrica: Juan Loera, Presidente Municipal».
Justo en marzo
de 1923, la posible aplicación de este dictamen —en realidad presidencial— que
ordenaba la remoción de cantinas de la zona centro del poblado, sería el
detonante que desencadenara una guerra sin cuartel entre miembros del cuerpo
edilicio con intereses políticos y económicos en el área citada contra el
presidente municipal y regidores que le secundaban, valiéndose sus adversarios
de la inconstitucionalidad en la reelección del alcalde Juan Loera. Guerra que
también acabaría por enfrentar directamente al gobernador José Inocente
Lugo y al influyente diputado federal Ricardo Covarrubias.
roberelenes@gmail.com
SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600
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