jueves, 10 de abril de 2014

VI. Rey Sol (Parte II)


Por Roberto Elenes


El gobierno de Estaban Cantú

En enero de 1915, Esteban Cantú inicia el proceso de integración y transformación de Baja California en dos modestas estancias situadas contra esquina del terreno baldío de lo que iba a ser la “Escuela Mixta Elemental y Superior Cuauhtémoc”, por décadas plantel prototipo en materia de infraestructura escolar en el Noroeste del país, e indiscutible pilar de la educación en Baja California. 

Este edificio de dos plantas, estilo neoclásico, ubicado en el centro histórico de Mexicali,
es la verdadera Alma Mater de la Educación en Baja California
Con Cantú, en el Distrito Norte de 1916, se inaugura en esta escuela la modalidad de planteles mixtos, donde niños y niñas podían asistir a un mismo salón de clases. A nivel educación elemental, oficialmente eso ocurriría en el resto del país hasta 1957, cuando se reformaron los planes de estudio en educación primaria, aplicándose en el salón de clase una forma de trabajo mixta, globalizada y sistemática.

Jefe político y militar de una región que había sido para las autoridades del país una especie de ínsula Barataria, lo más alejado del centro de decisiones, sobrada de territorio y con una nimia población en pésima situación económica, diseminados en un inmenso páramo que, por su cercanía a California y el potencial de sus recursos naturales, era y sigue siendo poseedor de una tremenda importancia estratégica; Esteban Cantú, junto con sus aliados felixistas y huertistas, aprovechando que el resto del territorio nacional estaba en guerra y que Venustiano Carranza se consolidaría en la Presidencia de la República hasta mayo de 1917, con gran tino supieron desarrollar un proyecto alterno de gobierno autonómico, basado en la creación de un arbitrario pero singular sistema de recaudación fiscal, aplicado al  comercio del opio, la fabricación de aguardientes, al otorgamiento de permisos para la apertura de casas de juego y cantinas, de las que, por parte del gobierno cantuista, el sindicato norteamericano del vicio obtendría la concesión para cobro por la venta de piso, sin omitir la expedición de permisos de internación al país de extranjeros, especialmente de chinos y entretenedoras, ni tampoco la aplicación de impuestos a la exportación de cabezas de ganado y los aranceles al algodón por cada kilo producido; todo bajo jurisdicción de sus municipios, de sus aduanas y de la Dirección de Contribuciones Directas.

Camino Nacional inaugurado en 1918
La meta del gobierno cantuista, era comunicar un territorio dividido por dos enormes sierras para unificar a los bajacalifornianos del litoral del golfo de California con los del litoral del Océano Pacifico. En un lapso de cinco años y meses, Cantú, como frenético, mandó a construir a lo largo y ancho del Distrito Norte una obra formidable: vías de comunicación como “Camino Nacional”, es decir, la antigua carretera Mexicali-Tijuana funcionando hoy día, así como diversos caminos vecinales en el Valle de Mexicali, en Ensenada, Tijuana y Tecate; levantó el tendido de las redes telefónica e inalámbrica para conectar a la gente del mediterráneo bajacaliforniano con la del desierto del Colorado; edificó hospitales como el civil y el militar, la casa de gobierno y metió el  drenaje a la primera sección de Mexicali. Construyó cuarteles, estación de bomberos, parques, edificios gubernamentales y 26 planteles educativos en aquel alejado territorio. En contraste, Abelardo L. Rodríguez, en sus seis años de gobierno revolucionario (1923-1929) en el Distrito Norte, tan solo levantó 13 planteles escolares, aumentando, ciertamente, la cobertura, atención y nivel educativo en beneficio de 5,000 niños y jóvenes.

El pacto Baltasar Avilés-Harry Chandler

En febrero de 1915, los del Buró Federal de Investigaciones (FBI), aprehendían, en Los Ángeles, a Baltasar Avilés, a Jerónimo Sandoval y Francisco Ayón, acompañados de Harry Chandler —accionista principal de la “Colorado River”—, de Charles Guzmán —agente de bienes raíces en la frontera—, de Walter Bowker, gerente de la Colorado River Land Co. (CRLC), y del general retirado B. J. Viljoen —ex asesor militar de Francisco I. Madero y subgerente del Rancho “La Cien”—, acusados por el gobierno carrancista de violar el tratado de neutralidad por estar organizando una supuesta conspiración desde los Estados Unidos contra México. En realidad los agentes carrancistas acusadores, trataban de evitar el regreso de Avilés a la jefatura política no por apoyar al gobierno de Esteban Cantú, sino con el fin de inhibir en un futuro el posible suministro de armas al villismo desde el Distrito Norte. Al parecer Baltasar Avilés, a cambio de apoyo, le había prometido a Chandler la condonación de impuestos a la exportación de cabezas de ganado, en tanto el grupo Chandley-Gray Otis finalmente había optado, entre los maleables villistas y los carranclanes  reformistas que amenazaban con quitarles las tierras, por dar el aval a los primeros.

Harry Chandler jamás pisó la cárcel, pero Baltasar Avilés y acompañantes, habiendo salido de prisión bajo fianza, se vieron obligados a permanecer en Los Ángeles y enfrentar un juicio penal que se prolongaría por dos largos años. Bowker fue sustituido por Harry H. Clark en la Colorado River Land Company (CRLC).

Fuentes de ingresos y mecanismos de control del gobierno de Cantú

Si en 1914, los Estados Unidos había promulgado el Acta Harrison de Narcóticos, en la que declaraba como ilegal la producción, manufacturación, distribución, posesión del opio y  cocaína en ese país; para el 12 mayo de 1915, Esteban Cantú, en respuesta, legalizaba en el Distrito Norte la comercialización del opio, mediante el Impuesto de patente a fábricas de opio y pago de derechos por importación del narcótico:

«Tomando en consideración este Gobierno Político, que en este Distrito Norte se están estableciendo varias casas de ciudadanos chinos que se dedican a purificar el opio en greña ya condensándolo o extractándolo en cierta forma y empacándolo de nuevo en latas especiales, con cuyo procedimiento el precio del opio alcanza un valor casi cuádruplo, obteniendo de esta manera los fabricantes una pingüe ganancia y teniendo en cuenta que es imposible suprimir dicha traficación en la raza amarilla, y a fin de combatir de algún modo eficaz el desarrollo de esta clase de comercio y la propagación del desastroso vicio que envuelve, que puede contagiar a nuestros nacionales, mientras no haya un decreto del Supremo Gobierno de la Nación que ordene la expulsión de los traficantes extranjeros y consumidores de la indicada droga; y como por otra parte para suprimirla de plano se necesitaría poner una planta numerosa de policía reservada, que erogaría fuertes gastos y quizá sin resultados satisfactorios, dadas las precarias circunstancias por que atraviesa el Erario; esta Jefatura Política ha tenido a bien reformar las circulares expedidas con este respecto, relativas al expresado ramo, gravándolo desde el día primero del entrante mes de junio, con un impuesto que se llamará de patente a estas fábricas de opio, además de los derechos de importación y adicionales que causa, bajo la siguiente clasificación, equiparadas a las fábricas de aguardientes a que se refiere la ley de Contribuciones Directas vigente»:
«1ª Clase $ 1000.00 pesos oro nacional, por mensualidades adelantadas».
«2ª Clase $ 500.00 oro nacional, por mensualidades adelantadas».
«Se reputan fábricas de primera clase, las que produzcan en su elaboración mensual más de 250 kilos de opio purificado, condensado o extractado».
«Las de segunda clase, las que produzcan en su elaboración hasta 250 kilos de opio en la misma forma anterior».
«También causará el derecho de Patente, el opio que se importe ya purificado, en la forma que sigue:
El opio purificado pagará $ 2.00 pesos oro nacional por cada kilo legal.
El opio medio purificado $ 1.50 un peso cincuenta centavos por kilo legal.
El opio en greña, sujeto a calefacción o purificación, causará el impuesto de Patente en las fábricas en que se condense o purifique».
«Los fabricantes presentarán a la Dirección de Contribuciones Directas que está a cargo de la Aduana Marítima, una manifestación por triplicado, en que se exprese el nombre de la casa o de la fábrica, la cantidad de opio purificado que elaboran en el mes y otra manifestación de la cantidad que tengan en depósito, ya sea en greña o purificado.”
«Los importadores presentarán también a la Dirección de Contribuciones que radica en la misma Aduana Marítima, una manifestación del opio que importen purificado o parcialmente purificado, para que causen los derechos de Patente que les corresponda, según su clase previo reconocimiento del Vista de la Aduana».
«El Administrador en funciones de Director de Contribuciones confrontará las manifestaciones o pedimentos de despacho que presenten en la Aduana los introductores, con las facturas consulares que presenten los importadores, para cerciorarse de su exactitud y encontrándolas conformes, cobrará el derecho de Patente, previo el despacho de la mercancía con los requisitos de ley».
«El Presidente del Ayuntamiento del lugar en que se encuentren las fábricas, será el interventor que las vigile, según las instrucciones que este propio Gobierno le dé, asignándole una gratificación de 10.00 pesos diarios oro nacional por su intervención, cuyo sueldo pagarán las mismas fábricas a prorrata, sean las que fueren, cuya cuota pagarán también por meses adelantados.”
«Si alguna de las fábricas se clausurara en el curso del mes no habrá lugar a la devolución del impuesto de la mensualidad que pagó adelantada, sí a la parte de sueldo que le corresponde al interventor».
«La ocultación en calidad o cantidad, la fabricación clandestina y demás contravenciones a esta disposición, se castigará con arreglo a lo dispuesto para estos casos por la Ley de Contribuciones Directas vigente en este territorio».
«El día primero de junio próximo que se pondrá en vigor esta disposición, el Administrador de la Aduana encargado de la Dirección de Contribuciones Directas, en unión del C. Presidente Municipal, pasará una visita a las fábricas de opio establecidas en esa población y liquidará la existencia de opio purificado conforme al impuesto que con anterioridad hayan pagado, abonándole a cada casa sobre la existencia que tenga, 200 k., doscientos kilos legales de opio purificado, que equivalen a $ 400.00 cuatrocientos pesos oro nacional, valor del impuesto mensual que pagaron por el mes de mayo actual y cobrándoles por el sobrante de opio purificado que tengan, a razón de $ 2.00 pesos oro nacional por cada kilo legal».
«Constitución y reformas. Mexicali, Baja California, a 12 de mayo de 1915. [Rúbrica] El Coronel Jefe Político Esteban Cantú».
El decreto del Supremo Gobierno de la Nación a favor de la prohibición al tráfico de opio vino hasta 1917, incluso el gobierno carrancista adhirió un agregado al artículo 73 constitucional, fracción XVI, 4a, que a la letra dice:

«Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el  alcoholismo y la venta de substancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, serán  después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan».

Cantú, aparentemente encomió la expedición de adecuaciones constitucionales al artículo 73, aplicando, de ahí en adelante, fuertes multas administrativas a consumidores de opio y cocaína.  En pocas palabras, este decreto de Venustiano Carranza y las modificaciones a la Constitución de 1917, dio cauce en aquel distrito territorial a que las adicciones fueran penalizadas con severas faltas administrativas, en tanto la comercialización de la droga era un asunto legal. Cual sea, los postulados centrales de la Constitución de 1917 fueron letra muerta dentro del Distrito Norte de la Baja California. Esteban Cantú fue un ardiente defensor de los postulados de la Constitución de 1857, y un maestro de la engañifa y la pirotecnia política.

Aduana Fronteriza de Mexicali, instalada en  una sección del recinto de Palacio Municipal
El gobierno de Cantú, ejerció sus mecanismos de control fiscal a través de los municipios y de la Aduana Marítima de Ensenada, de las Fronterizas de Mexicali y Tijuana, dando esta misma categoría a las secciones aduanales de Los Algodones y Tecate. Asimismo, amplió el cuerpo conformado por la Policía Fiscal (celadores a caballo), cuya labor era la vigilancia y el resguardo aduanal de la franja fronteriza desde Los Algodones hasta Tijuana. En cada aduana había un área dedicada a recibir los aranceles por Contribuciones Directas, relacionadas con el opio, aguardientes y cocaína, independientemente de las exportaciones por cabezas de ganado y las concernientes al algodón.

Como director general de Aduanas y director de Contribuciones Directas y Tesorero del distrito territorial, nombró a su amigo Tomás Beléndez, de quien también dependían las cinco oficinas recaudadoras para pago de impuestos municipales, establecidas en Los Algodones, Tecate, Tijuana, Ensenada y Mexicali, a las que la ciudadanía ocurría  religiosamente a pagar el impuesto predial, integrado otros como los fijados a terrenos rústicos para la construcción de caminos vecinales, los del consumo de alcohol y los relativos al ejercicio de profesiones. Asimismo, con el surgimiento de la Compañía Bancaria Internacional y la Compañía bancaria Oriental, se establecieron gravámenes para las operaciones bancarias que se realizaban en aquel distrito.

La administración de sus aduanas siempre estuvieron a cargo de un grupo selecto de profesionales técnicos provenientes del porfiriato, no vinculados de origen a los grupos políticos dominantes de Ensenada, los cuales periódicamente rotaban de sede en sede con la función de administradores: Jacinto Méndez, Francisco Miranda, Silvestre Reina Garza, Gilebaldo Elías, Gilebaldo Anaya Reyo, Genaro Villaseñor, Alfredo S. Pardo y José María Coronel, ex administrador de la oficina del Timbre de Ensenada, al que un día Baltasar Avilés y socios se lo llevaron como rehén a Tijuana durante su huida a San Diego, California.

En lo relativo al ramo militar, nombró al teniente coronel Agustín Macías como jefe de su Estado Mayor; puso en manos del teniente coronel Hipólito Barranco, el mando del inventado 25º Regimiento de Infantería, y para la Jefatura de Armas de Ensenada y del Cuerpo de Caballería “Crel. Esteban Cantú” (el otrora cuerpo de auxiliares), designó a un hombre de todas sus confianzas, al recién nombrado coronel Justino Mendieta, quien después del cuartelazo al cuerpo edilicio de Ensenada, Cantú le había confiado la guarnición de esa plaza, logrando, en lo político, meter en cintura a un grupito de funcionarios aduanales, los de siempre, queriendo hacer lo imposible: mangonear para sí la Aduana Marítima de ese puerto, como lo habían hecho desde tiempos de Celso Vega.

Por poco más de un lustro, sus abogados consultores de gobierno y asesores militares fueron José F. Guajardo, Luis Manuel L. Luján y Ramón González Suarez. Estos hombres al lado de Jacinto Barrera, secretario de Gobierno, fueron piezas clave en el diseño y funcionamiento de la estructura municipal y  el plan de gobierno, estilo Esteban Cantú, cuyo secretario  particular fue el joven subteniente Antonio A. Bannuett, quien llegaría a ser figura preponderante durante el gobierno revolucionario de Abelardo L. Rodríguez.

Hizo del viejo teniente coronel, Arnulfo San Germán, su juez de instrucción en el renglón de Justicia Militar. Nombró al licenciado Francisco Terrazas, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia  con residencia en Mexicali, a Raimundo Langrave lo convirtió en Juez de Primera Instancia de Ensenada y luego de Mexicali, con el mismo puesto mandó a Jesús de la Garza a Tijuana y a Juan Prieto Quemper a Tecate. Para octubre de 1916, Cantú concedió a jueces de Primera Instancia facultades inherentes a jueces federales, siendo Juez de Distrito el licenciado Jesús M. Cuen y Agente del Ministerio Público Federal, el licenciado Carlos Robles Linares. El licenciado Cuen, durante los gobiernos de Díaz y Huerta estuvo en Sinaloa como Juez de Primera Instancia. Cuando, a mediados de noviembre de 1913, las fuerzas constitucionalistas del general Obregón tomaron la plaza de Culiacán, salió huyendo para refugiarse en Ensenada.

Francisco Bórquez Félix
En tiempos de Cantú, las presidencias municipales se encargaban del pago de la alimentación de las guarniciones militares asentadas en los municipios, en tanto la corporación edilicia quedó conformada por un determinado número  de regidores propietarios e igual cantidad de suplencias, y teóricamente de entre éstos era elegido el presidente municipal, pero basados en la Constitución de 1857 que permitía la reelección. No en balde, Antonio Ptacnik fue de manera consecutiva presidente municipal de Ensenada durante cinco años, y Francisco Bórquez Félix llegó a ser presidente municipal de Mexicali por tres ocasiones seguidas, estando vigente ya la Constitución de 1917 la cual exigía el sufragio efectivo y prohibía  la reelección.  A Tecate, Cantú le dio la categoría de municipio hasta marzo de 1917, depositando el mando municipal en sus amigos Roque Santana Sandoval y Manuel Vizcarra, quien, en 1903, había sido juez auxiliar de la otrora demarcación de Mexicali.

Como era de esperarse, el coronel Hipólito Jauregui estuvo a cargo del cuerpo médico militar, y las delegaciones médico sanitarias de Ensenada y Mexicali, fueron otorgadas  a los médicos B. H. Peterson e Ignacio Roel, estas delegaciones eran de suma importancia para  el erario estatal puesto que realizaban en los ayuntamientos un trabajo de coordinación con los comisionados estatales insertos en los departamentos de sanidad municipales, encargados del cobro de cuotas sanitarias y permisos de trabajo a entretenedoras de los cabarets y cantinas.

Fueron el control de la expedición de permisos de trabajo a chinos y a entretenedoras extranjeras, el manejo de licencias para el establecimiento de casinos de juego, la apertura de casas de placer y lo concerniente a la aplicación de multas a narcotraficantes y adictos al opio y cocaína, las causas que, en 1922, motivaron la controversia constitucional entre los munícipes de Ensenada y Mexicali y el gobierno distrital de  José Inocente Lugo (1922-1923), partiendo de que la Constitución de 1917, contemplaba ya la autonomía de la Hacienda municipal; atribuciones que Cantú, operativamente hablando, delegaba a los presidentes municipales, en coordinación con Jacinto Barrera, su secretario general de Gobierno.

Asimismo, Cantú, en 1915, adopta a las Juntas de Mejoras Materiales como el modelo organizativo a aplicar en las pequeñas comunidades que jurisdiccionalmente dependían de los municipios, con el fin de generar recursos propios dentro de éstas y aplicarlos en la realización de proyectos de obras de infraestructura comunitaria. Ya con los gobiernos de la revolución, hasta 1924 la Ley de Ingreso Fiscal de la Federación dispuso destinar cierta cantidad de recursos a este tipo de organizaciones en sitios donde hubiese aduanas marítimas o terrestres generando derechos de importación y exportación, con el propósito de realizar obras para abastecer de agua, drenaje, caminos, electrificación, obras de forestación y construcción de escuelas y hospitales dentro de los pequeños poblados. El modelo organizativo basado en Juntas de Mejoras Materiales aún prevalece en algunos estados del país, entre los que se encuentra Baja California.

Fin de los Dorados de Francisco Villa

La Batalla de Celaya dio inicio del 6 al 15 de abril de 1915, delimitando el principio de una serie de combates feroces que se dieron en corto tiempo entre la División del Norte, de Francisco Villa, y el Ejército del Noroeste, de Álvaro Obregón, cuyas huestes, en junio, harían arrinconarse hacía el Norte a los Dorados de Villa en la batalla de Aguascalientes para hacerlos sucumbir definitivamente en la batalla de Agua Prieta, Sonora, cinco meses después.

Terremoto de Mexicali (1915)
Cantú a cargo del gobierno distrital, el 22 de junio de 1915, a las 3.59 y luego a las 4.56 de la tarde, enfrentaba las consecuencias de dos temblores que ocurrieron en Valle Imperial, uno de 6.0 y el otro de 5.9 grados de magnitud en la escala Richter, con un saldo desfavorable para Mexicali de 11 muertes por aplastamiento, provocado por el derrumbe de salones y cantinas. En Calexico no hubo muertos, pero sí el derrumbamiento de varios establecimientos comerciales y casas habitación.

A consecuencia de aquellos sismos,  se derrumbó el “Salón de Baile El Tecolote” —hasta entonces un sitio de entretención fundado en 1913 por Marvin Allen. Aquí cabe destacar el resurgimiento de este famoso lupanar y casino, en noviembre de 1915,  con el nombre de “Teatro El Tecolote”,  bajo la férula de la mafia empresarial representada por Marvin Allen, Frank Beyer y Carl Withington, respaldados en la firma ABW Corporation. Respecto al pago de derechos de importación por la introducción de materiales de construcción desde Estados Unidos, el coronel Cantú dictaminó que habría de haber una excepción para Carl Withington, no cobrándole impuestos para el montaje de aquel legendario sitio.  En apoyo a la inversión foránea, por la insulsa cifra de 48 mil pesos anuales de impuestos (24 000 dólares), le hizo también válida a Withington la exclusiva sobre derecho de piso.

Como “Camino al infierno”, identificaron los gringos a la azarosa travesía realizada por el desierto para llegar a Mexicali a beber alcohol en compañía de atractivas damas, o a fumar opio en los fumaderos de caché. Mexicali era un pueblo, polvoso, tan caluroso como alucinante, custodiado por elegantes bares y sitios de entretenimiento.
               
Teatro El Tecolote
Pedro F. Pérez y Ramírez, en una de sus crónicas describe el interior de “El Tecolote”, así:

«Del centro, hacia la parte de atrás corre una prologada barra en forma de herradura, capaz de servir simultáneamente a trescientos bebedores. A un lado están las mesas de juego –treinta y una, en total–, de ruletas, dados, veintiuna, rueda de la fortuna y póquer garañón. En uno de los extremos se halla el escenario para actos de cabaret y al fondo un sitio para baile. El lugar es higiénico, limpio y excesivamente atractivo».

José María Maytorena
El 1º de octubre de 1915, José María Maytorena entrega la gubernatura así como la comandancia militar de Sonora y marcha hacia Estados Unidos. Iniciado noviembre, las fuerzas de Villa sufren una aplastante derrota en ese estado. Cantú, ya sin sus protectores, sagazmente empieza a dar asilo en el distrito territorial  a los villistas derrotados por las fuerzas del general Obregón, haciendo patente su anti obregonismo, al tiempo que proclamaba la autonomía del Distrito Norte de la Baja California, rompiendo con el villismo. He aquí un fragmento  de  aquel texto:

  «Condeno el asesinato de don Francisco I. Madero [Sin duda una condena tardía], Presidente electo legítimamente...El suscrito, Coronel Esteban Cantú, llamado por el pueblo de este Distrito y la Guarnición Federal, se hizo cargo de los destinos de esta Península, organizando un Gobierno bajo el régimen constitucional más puro...Durante más de treinta años que estuvo gobernando la República con toda paz y tranquilidad el General Porfirio Díaz, sin que seamos capaces de discutir si lo hizo basado siempre en la Ley Suprema de la Nación o no... El Gral. Díaz hizo una serie de ventas y el señor Madero las confirmó, en favor de compañías extranjeras, sobre grandes extensiones de terreno a lo largo de la zona fronteriza, no obstante ser operaciones terminantemente prohibidas de manera tan sabia y patriótica desde la época del gran Juárez... Siempre se tuvo el más completo olvido para este gran brazo de la República, como si fuera una parte estorbosa...Desde este instante se rompe para siempre en todas sus partes el pacto que había celebrado este gobierno con el de la repetida Convención [de Aguascalientes], declarándose enteramente neutral en la lucha intestina que tortura a la Patria; pero sin dejar por un momento de pertenecer a la Nación Mexicana...bajo el concepto de que inmediatamente que renazca la paz y surja un gobierno constitucional que rija los destinos de la República, este gobierno se someterá a los supremos Poderes de la Unión....»

Al mes, el día 22 de noviembre, Esteban Cantú suprime para siempre del Distrito Norte la circulación de las estampillas de la Renta Federal del Timbre  emitidas por el gobierno convencionalista.

Sin embargo, involuntariamente Cantú es el responsable de que la semilla del anarcosindicalismo magonista haya revivido en la década siguiente, por haber dado asilo en el territorio a los villistas tránsfugas de la revolución, ya que fueron éstos, entre 1921 y 1922, los principales impulsores de la lucha social por un reparto agrario en el Distrito Norte, enarbolando la bandera  del anarcosindicalismo magonista, de la mano de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Carranza y Obregón, de su parte, todavía a finales de 1916, trataron por última vez de atraer a Cantú para que se integrara al México de la revolución, invitándole a que apoyara la creación del Partido Liberal Constitucionalista, bajo auspicio de los generales Álvaro Obregón y Benjamín G. Hill, enviando un registro de clubes políticos dentro del Distrito Norte. Cantú simple y sencillamente ignoraría a los futuros líderes de aquel instituto político que, en noviembre de 1920, llevara a la Presidencia al general Álvaro Obregón. Sin temor a dudas, el coronel Cantú jamás fue constitucionalista y mucho menos obregoncista. Aunque aquí sí, ¡cuidado!, porque los sonorenses tenían a Cantú de cuarta y bolazo, gobernado un Distrito Norte vecino, el cual habían dominado desde la segunda parte del Siglo XIX hasta terminada la primera década del XX.

Contrabando de cabezas de ganado y pacas de algodón

En el Mexicali de 1915, la exportación de ganado era un negocio de mucha mayor importancia que la producción de algodón, cultivo que apenas había iniciado en la zona para 1912. Incluso, existió otro rancho de ganado de engorda de dimensiones colosales en Hacienda Hechicera, situado en el valle.

Hasta 1916, no concedida al grupo Chandler-Gray Otis la condonación de impuestos a la exportación de cabezas de ganado, y de pilón viniéndoseles encima la subida de la tarifa arancelaria del algodón de 1.5 a 2 centavos por kilo; ese año, los dueños de la “Cien” y de la “Colorado River” optaron por entrar en contubernio con funcionarios de Aduanas de los Estados Unidos para pasar, de contrabando, cabezas de ganado y pacas de algodón hacia el vecino país por la zona de ingreso del ferrocarril de la Inter-California hacia Calexico. Para ese entonces, con absoluto control del poder político y teniendo a buen recaudo el manejo de sus aduanas, Cantú levantó el sarzo a los dueños de la Colorado River Land Co. y del megarrancho ganadero de “La Cien”, asentado en el área de Los Algodones, no dándoles más concesiones que las obtenidas antes de la conspiración orquestada en su contra por el grupo Chandley-Gray Otis y Baltasar Avilés. A cambio, jamás les expropió un ápice de sus enormes extensiones de terrenos en el Valle de Mexicali. 

Para el 14 de octubre de 1916, el administrador de la Aduana, Jacinto Méndez, informaba al gobernador de este suceso, solicitando lo que sigue:

«La oficina de mi cargo estima muy acertada la insinuación contenida en el parte adjunto para tirar un cerco de alambre en ese tramo que da fácil acceso a los Estados Unidos, alejando así el peligro de que, aprovechándose de las facilidades que proporciona lo abierto del terreno en esos lugares, personas poco escrupulosas sustrayéndose a la vigilancia fiscal, sigan llevando a cabo exportaciones de ganado y algodón, con detrimento de los intereses del Gobierno encomendado a su acertada Dirección».

«Por estas consideraciones solicito respetuosamente a Ud. Se me autorice para mandar poner el cerco de alambre del que habla el Sr. Comandante del Resguardo, aduciendo el corto gasto que ello demanda y el beneficio que reporta al evitar que se lleve a cabo un tráfico ilegal. Reitero a Ud. Mis respetos y consideraciones. Constitución y Reforma. Rúbrica: Jacinto Méndez».

En la zona del Desierto del Colorado, el contrabando de cabezas de ganado y de pacas de algodón hacia el vecino país del norte, se llevaba a cabo, además, entre el “Rancho del Doctor” y el Monumento 222 sobre una extensión de 1500 metros sin cerco, así como a 800 metros del “Paso del Centinela”, uno de los cerros emblemáticos de Baja California. Con dicho fin, Jacinto Méndez solicitaría a Cantú la asignación de un destacamento fiscal permanente en aquel sitio.
               
Todo indica que al menos en el Distrito Norte de la Baja California, en lo que atañe al levantamiento del llamado cerco de la ignominia que algunas oenegés de la frontera se afanan hoy por echar abajo, por causas muy distintas fue Cantú el primero en ordenar levantarlo y no el gobierno de Estados Unidos.

Fue hasta el 23 de julio de 1919 que el cónsul de México en San Diego, notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, que la Secretaría de Guerra de Estados Unidos colocaría un cerco de dos millas para dividir las poblaciones de Mexicali y Calexico.

La transformación del Distrito Norte

Qué gana un gobierno con legalizar el comercio de drogas, la prostitución, el juego, incentivar la diversificación productiva al crear, incluso con capital foráneo, las industrias turística y algodonera, fortaleciendo el comercio y la industria local, si carece de un sistema eficiente de recaudación fiscal.

Durante la gestión de Cantú, se registraron 55 sociedades mercantiles, representando alrededor de 1 millón 150 mil dólares de capital inicial, una inversión significativa para una región que jamás había recibido ese tipo de flujos económicos, pero a todas luces insuficiente para producir en breve tiempo tan alto caudal de contribuciones tributarias como los millones y millones de dólares recibidos por el gobierno cantuista, en poco más de cinco años.

En 1917, la efectividad del centralismo tributario creado por un pragmático poco escrupuloso, como Esteban Cantú, habría de llevar al Distrito Norte a ser considerada la región que recababa mayor cantidad de impuestos por persona en todo el país: 175 pesos oro nacional contra 80 de su más cercano competidor, Yucatán, gobernado por un visionario como lo fue el general Salvador Alvarado. Irónicamente, ambas penínsulas fueron gobernadas un día por Luis Emeterio Torres, terrible cacique militar del porfiriato.

Hipódromo de Tijuana
Con la reapertura de un espectacular centro de multiservicios del calado de “El Tecolote” (teatro internacional de variedades-casino-prostíbulo), Mexicali se fue a las nubes con la afluencia de turismo; y con la inauguración, en 1916, del hipódromo de Tijuana y del Jockey Club de Baja California, propiedad de los capos James Wood Coffroth y Baron H. Long, Tijuana nació como centro turístico de fama internacional, recibiendo a  cerca de 90 mil turistas al mes, a finales de la administración Cantú. Esto es hablar de una parafernalia de más de 1 millón de gente al año, de visita en un pueblito de tan solo 1 028 habitantes, conforme al censo poblacional de 1921.

Con el establecimiento en Mexicali de la Compañía Algodonera de la Baja California, en 1916, y la construcción de la despepitadora Mexican Chinese Ginning Company, en el barrio de la chinesca, para 1919, Esteban Cantú se convierte en el detonador de las industrias turística y algodonera dentro del Distrito Norte.

En el ciclo agrícola, 1914-1915, en el Valle de Mexicali nada más sembraron 4 400 hectáreas, produ­ciendo 3 700 pacas; pero ya para el ciclo 1919-1920, aparceros cesionarios y colonos pudieron cultivar 38 000 hectáreas de algodón, obteniendo un rendimiento de 50 000 pacas. En tiempos de Cantú, no antes del decreto carrancista de 1919, que aplicó un gravamen de 8 centavos por kilo a la exportación de algodón, la industria algodonera llegó ese año a generar 1  millones de dólares anuales por este concepto, capitalizando el gobierno cantuista para sí, 2 millones 500 mil de dólares adicionales, al año, por concepto de impuestos aplicados a casinos, prostíbulos y cantinas.

La inmigración extranjera al Distrito Norte

Cantú, azuzado por la enorme demanda de mano de obra en los campos agrícolas y de mujeres en las casas de juego y de placer, hace a un lado a la Secretaría de Gobernación y desde los municipios empieza a otorgar permisos de inmigración y trabajo a chinos y a entretenedoras de otros países, convirtiendo a los ayuntamientos en fuente de recursos significativos para el gobierno distrital.

Según el censo poblacional de 1921, en el Distrito Norte de Baja California existían  una población de 23 537 habitantes; de los cuales casi el 62% residirán en el área de la municipalidad de Mexicali. El 42% de la población en general era de origen chino. Si estos datos los cotejamos con los que nos proporciona el censo poblacional de 1921, para determinar el número de orientales radicados en aquel territorio, tenemos que, entre 1915 y 1920, en el Distrito Norte vivían 9 885 chinos. Cifra que es coincidente con los datos que proporciona Catalina Velázquez Morales, investigadora sobre este tema, calculando 10 000, y con los emitidos por  Luis L. Siam, alguna vez presidente de la Asociación China en Mexicali y Tijuana, quien afirmaba que por esas fechas en Baja California vivían alrededor de 11 mil asiáticos.

Cuando Esteban Cantú tuvo que salir de territorio mexicano en 1920, utilizando cifras conservadoras, legaría al Distrito Norte una colonia china de alrededor de 10 mil personas cuyo ingreso al país le habría costado a cada uno 140 dólares, incluyendo 35 dólares para los comisionistas.  En cosa de 5 años y medio, el gobierno cantuista habría recabado 1 millón 400 mil dólares por tan solo este concepto. Según el censo de 1921, por esas fechas los chinos poseían en el Valle de Mexicali 32 haciendas que, en conjunto, abarcaban 36 mil 456 y media hectáreas, controlando el comercio distrital y el 80% de la producción algodonera.

La cuota de 140 dólares por ingreso al territorio cantuista, era también aplicable a las entretenedoras extranjeras. El permiso de trabajo era cuenta aparte. En “El Tecolote” de Mexicali, 175 mujeres estadounidenses, en su mayoría, pagaban 15 000 dólares mensuales por el derecho a ejercer la prostitución. Como en 1908, en tiempos del jefe político-militar Celso Vega, durante el gobierno cantuista la carga tributaria más fuerte pesaba sobre los hombros de los estamentos sociales más vulnerables. En el Distrito Norte de aquella época, llegó haber 700 entretenedoras extranjeras, entre norteamericanas y europeas.

Registro de entretenedoras
La exigencia de una mayor demanda de mujeres, obligo aquel régimen proxeneta a echar mano de chicas provenientes de Sinaloa y Sonora para integrarlas a lo que venía resultando un muy lucrativo negocio, la prostitución, trayéndolas al Distrito Norte desde sus lugares de origen a través de la “Compañía Naviera del golfo de la Baja California”, propiedad del agente aduanal Arnulfo Liera; al mismo tiempo el coronel Cantú estableció contacto con los inversionistas Wong Wa Foy, representante de la Compañía “China Comercial Steamsheap”, empresa dedicada a la transportación marítima, y con el señor K. Doi, gerente de la Compañía japonesa Toyo Kisen Kaisha, de San Francisco, California, para que fungieran como proveedores de mano de obra barata para los campos agrícolas, procedente de países asiáticos. De los jornaleros mexicanos que trabajaban en las diversas fincas, Juan B. Abaroa y Arnulfo Liera eran los encargados de traerlos del Distrito Sur de la Baja California, Sonora y finalmente hasta de Sinaloa, llegando toda aquella pobre gente al embarcadero de “La Bomba” en los vapores “El Precursor”, el “Mavarí”, “La Pacita” y “El Colorado” propiedad de Liera. El muelle de “La Bomba”, cercano a Mexicali, entró en operaciones el año de 1915.

Cantú con el clan de los Dato
Como buen oficial egresado del Colegio Militar del porfiriato, en 1913, Cantú se había casado con la guaymense Ana Dato, hija del alemán Pablo Dato y de la mexicana Donaciana Félix, poniendo en manos de su cuñado Federico Dato y de Jacinto Barrera —secretario de Gobierno— la organización de la logística para el tráfico de aparceros chinos y japoneses. Aquella organización funcionaba a través de enganchadores profesionales como Lee On Long, Charles Toy, Chas Wongon y otros.  Los nexos directos de la familia Dato con el mundo asiático propiciaron que don Pablo Dato —acusado, en 1917, por los Estados Unidos de espiar a favor de los nazis— y sus hijos Pablo, Gustavo, Adolfo y Federico adquirieran el control de todo el opio refinado que se introducía desde el Distrito Norte hacia los Estados Unidos.

Cantú solía justificar la inmigración de trabajadores chinos, japoneses e hindúes al Distrito Norte, con el dudoso argumento de que no rehuían a trabajar bajo contrato de aparcería con la Colorado River Land Company, con tal de gozar el usufructo del 50% de las ganancias de la tierra explotada, asegurando, además, la dificultad del jornalero mexicano para adaptarse a un medio ambiente tan hostil como lo es el del desierto. Más bien era que la experiencia de 1911 con los magonistas, amenazando con expropiar las tierras del Valle de Mexicali, lo que había dejado muy escaldados a Harry Chandler y Harrison Gray Otis y demás socios, dueños de la “Colorado River” y de “La Cien”, sugiriéndole posiblemente a Cantú desalentar la inmigración masiva de mexicanos del sur hacia el Distrito Norte de la Baja California, lo que a él también le convenía dado lo convulsionado que se encontraba el país con la revolución.

Todavía a finales de 1932, durante el gobierno territorial del general Agustín Olachea Avilés, previendo al gobierno federal de una posible invasión de los agraristas al Valle de Mexicali, cuyas tierras aún eran propiedad de la “Colorado River”, Abelardo L. Rodríguez, ya como presidente de la República, puso en manos del gobernador Olachea una partida presupuestal especial destinada a enviar, con todo género de facilidades e incentivos, a los residentes de Mexicali hacia sus estados de origen.

Comercialización de la Droga

El gobierno de Esteban Cantú crea un precedente histórico en lo que atañe al desarrollo del narcotráfico masivo realizado bajo el amparo del poder político y económico, con su cauda protectora representada por el aparato policial y judicial, cubriendo al crimen organizado: Cuatro aspectos indisolubles del rentable negocio de la venta de estupefacientes.

En el Distrito Norte de Esteban Cantú, si bien se castigaba a los adictos con fuertes multas administrativas que suministraban los ayuntamientos, el tráfico de drogas, sin embargo, no era ilegal, siempre y cuando los fabricantes pagaran impuestos: 1 millón 200 mil dólares anuales. De hecho los gobiernos de la revolución hicieron con la droga lo que Estados Unidos hizo con el alcohol a través de  la  Ley Volstead de 1919, prohibirlas. 

Iniciados los regímenes de los revolucionarios de Sonora, con Obregón en 1920, el gobierno federal cierra la pinza para hacer de los estupefacientes un lucrativo negocio, prohibiendo el tráfico y uso de la marihuana. Oficialmente, el tráfico y uso del opio y sus derivados (morfina, heroína) incluyendo la cocaína, fueron prohibidos en México en 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles.

Para marzo de 1924, sin aludir al gobernador Abelardo L. Rodríguez, ni a la mancuerna Obregón-Calles, un artículo de Lucien Wheeler —jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Los Ángeles—, publicado en el periódico “Los Angeles Exeminer”, reseña la trascendencia que tendría para los gobiernos de la revolución el andamiaje financiero creado por Esteban Cantú, al asentar lo que a continuación dice:

«Tres hombres gobiernan las ciudades del vicio en la Baja California. El horroroso aumento de desechos humanos producidos por la máquina del vicio en la Baja California, debe de imputárseles directamente a los operadores del Gran Sindicato del Vicio, la Compañía A.B.W. (iniciales de los apellidos Allen, Beyer y Withington), concesionarios del juego en Mexicali y Tijuana. Y, además del juego en ambas ciudades, este privilegio incluye al sistema de ganancias compartidas en el Hipódromo de Tijuana, de cuyas utilidades el Gobierno Federal recibe 105 mil dólares mensuales (1 millón 260 mil dólares al año)».

«A su vez, por 75 mil dólares al año, el Gobierno Federal le va a concesionar a la A.B.W. la administración de casas de juego para los chinos, y, en el caso de los negros, están a punto de cerrar otro acuerdo parecido por la cantidad de 10 mil dólares al año».

«Todo esto le redituará a la A.B.W. una ganancia anual de 112 millones de dólares al año, utilidades que superan, a veces, las ganancias anuales del Ferrocarril».

Esta descobijada que Lucien Wheeler un día diera al sindicato del vicio estadounidense, operando en Baja California, de paso nos señala que los gobiernos obregoncista y callista hicieron suyas las formas recaudatorias implementadas por Esteban Cantú en el Distrito Norte, al hacer uso de un método tan poco ortodoxo como lo fue el cantuista para proveerse de recursos económicos frescos y suficientes, mediante la apertura de casinos en el país y el apoyo al narcotráfico a lo largo de la Costa del Pacífico.


Rescisión de Contrato con la Compañía de Terrenos y Colonización, S. A.

Ceremonia en la que Esteban Cantú anuncia al pueblo ensenadense la rescisión de contrato con la Compañía Inglesa
Con afán de colonizar y reactivar económicamente la zona de Ensenada, el 16 de diciembre de 1916, Cantú, sabedor de la inoperancia de la concesión de terrenos cedidos, en 1889, por el gobierno de México al consorcio británico “Compañía de Terrenos y Colonización, S. A.”, mejor conocida como Compañía Inglesa, causa principal del ostracismo económico en que estaba sumida esa región, por sus pistolas rescinde el contrato de explotación de aquel inmenso territorio que comprendía las regiones de Tijuana y Ensenada, siendo este municipio el de mayor extensión territorial en el país con 51,952,3 km². Hasta el año siguiente, ya afianzado en la Presidencia de la República, Venustiano Carranza haría eco a la unilateral pero acertada disposición del  jefe político Cantú, formalizando la rescisión del antiguo contrato.

Los argumentos de Cantú para rescindir el contrato de marras, estuvieron basados en los puntos siguientes:

«Por falta de pago de contribuciones...Porque han dejado de cumplir la parte esencial de esos contrato, y  porque han cerrado las puertas a los agricultores mexicanos que quisieron establecerse dentro de sus enormes propiedades por el sencillo procedimiento de señalarles altísimas cuotas para la compra o arrendamiento de terrenos..»

Aunque otra razón de peso fue que, como no se atrevía a lesionar intereses de Estados Unidos, al confiscar a la Colorado River Land Co. sus terrenos, enfrentando una migración inusitada que amenazaba con cuadriplicar la población de Mexicali al finalizar esa década; para 1916, Cantú se ve forzado a trastocar intereses británicos, con el fin de fundar una serie de asentamientos en una porción de terrenos antes concesionados a la Compañía Inglesa, ubicados en el valle mexicalense. Entre 1916 y 1920, el gobierno distrital enajenó 7 092 hectáreas, repartidas entre 770 arrendatarios y compradores, fundando las colonias Herradura, Abasolo, Sonora, Zaragoza, Benito Juárez, Castro, Rivera y Álamo mocho. Bajo estas circunstancias, Cantú se ve forzado a iniciar la colonización del Valle de Mexicali con mexicanos.

Los terrenos de la Colonia Castro no eran propiedad de la Compañía Inglesa ni de la Colorado River Land Company, sino de Santiago Castro viviendo en la zona desde 1898.

La Constitución de 1917

El 1 de diciembre de 1916, Carranza convocaba a gobernadores de los estados, jefe de gobierno del Distrito Federal y de los territorios de la República para que enviasen sus representantes a la ciudad de Querétaro a participar en el establecimiento de un primer Congreso Constituyente.

Ignacio Roel
En aquella ocasión, el coronel Cantú no manifiesta su neutralidad de manera abierta como en el pasado, pero de forma implícita sí, al enviar, como observador al primer diputado federal por el Distrito Norte de la Baja California, a Ignacio Roel, hasta entonces delegado sanitario y director del periódico “La Vanguardia”; la voz del cuestionado doctor Roel no aparece plasmada por ningún lado en el Diario de Debates de los constituyentes. En marzo de 1917, cuando Francisco Villa ataca al destacamento militar del poblado norteamericano de Columbus, en Nuevo México, el jefe político del Distrito Norte, deslindándose para siempre de Villa, vuelve a manifestar su neutralidad.

Todo indica que para el 5 de febrero en que se promulgó la Constitución de 1917, el diputado Nacho Roel habría presenciado cada una de las encendidas polémicas, dormido, ya que por lo demás pico de cera. El carrancista José Cantú  —hermano del coronel— sustituiría después a Roel, convirtiéndose dos veces consecutivas en diputado federal por el Distrito Norte.

Baja California, con la inadvertida actuación de Roel en los célebres debates ventilados en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, volvía a quedar segregada de un momento único en la historia de México, porque fue en aquel lugar donde sin vuelta de hoja vino a concretarse la Revolución Mexicana, al quedar vigentes en aquella Carta Magna artículos constitucionales como el 27, que ponía las cartas sobre la mesa en torno al espinoso asunto de la tenencia de la tierra, así como el 123, relativo al trabajo y a los derechos sociales de los individuos, cuya mayoría en el país habían vivido padeciendo ciertas formas de esclavitud dentro del porfiriato, siendo los más castigados el campesinado y la población indígena.

Asimismo, en la Constitución de 1917, en su artículo 115, quedaba ya consagrado el municipio libre como base de la división territorial. Cuando con Cantú en el Distrito Norte, para 1919, ya hasta había puesto bajo tutela del gobierno distrital el cobro de un impuesto municipal como lo ha sido el predial, introduciendo otros como los relacionados con terrenos rústicos, el de consumo de alcohol y el de ejercicio de profesiones.

Planes anexionistas: Iniciativas personales

En 1917, sobre la Rusia zarista triunfaba la Revolución Bolchevique, comandada por Vladimir I. Lenin, asumiendo la Presidencia del Comisariado del Pueblo de la nueva República Socialista Soviética. Este acontecimiento histórico fue durante el Siglo XX un detonante de las luchas reivindicatorias del proletariado en todo el mundo, de cuya influencia no estuvieron exentos los radicales del movimiento revolucionario mexicano. Y tras la revelación del contenido del Telegrama Zimmermann, ese año los Estados Unidos también ingresaron de lleno a la Primera Guerra Mundial. Los norteamericanos mantuvieron estrecha vigilancia sobre los germanófilos asentados en el Distrito Norte, entre ellos don Pablo Dato, suegro de Esteban Cantú.

El ingreso de los estadounidenses a la Primera Guerra Mundial y la revelación de la existencia del Telegrama Zimmermann donde los alemanes proponían una alianza con Japón y México para vencer al vecino del norte, habrían desalentado cualquier hipotético plan de los Estados Unidos para anexionar Baja California y una porción de Sonora, con el fin de tomar control del Río Colorado, de la obras de irrigación del Valle de Mexicali y de encontrar una salida al mar para Arizona por el golfo de California, como quedó demostrado, el 13 de enero de 1919, con el gobernador tejano W. P. Hobby, introduciendo una resolución en el Senado estatal de California con el propósito de comprar Baja California para poner el Río Colorado baja control de los Estados Unidos. No prosperó. Dos años antes la “Golden West League” de San Diego había propuesto al gobierno carrancista la compra de Baja California por 20 millones de dólares. Fueron rechazados. Henry F. Ashurst, senador por Arizona, por lo consiguiente, liderando otra resolución ahora del Senado federal, pretendía que el presidente Woodrow Wilson impulsara las gestiones para la compra de Baja California. No encontró eco de parte de la Presidencia de Estados Unidos. En el tiempo que Cantú permaneció en el poder dentro del Distrito Norte, los planes anexionistas procedentes de Estados Unidos, provinieron de iniciativas personales y no en sí del gobierno central de ese país.

Cantú, afecto a publicar manifiestos en los periódicos estadounidenses, en la tentativa de Ashurst para agenciarse de Baja California, sostuvo un posicionamiento muy claro respecto a la idea de meter al Distrito Norte en la abultada cartera de Estados Unidos. He aquí, un segmento de aquella “Carta Abierta” fechada el 2 de febrero de 1919:

«Ni el más depravado mexicano daría cabida al propósito de vender una sola fracción de nuestro suelo y quien se atreviera a proponer en México semejante cosa, sería reo de alta traición.... Hay que descartar la anexión por cualquiera de otros medios, pues sería moralmente imposible, dadas las declaraciones internacionales del señor Presidente Wilson, que serán salvaguarda eficaz de la autonomía de todas las naciones, dadas las repetidas manifestaciones del mismo Magistrado, de otros altos funcionarios de los Estados Unidos y de la prensa americana, de que su país ya nunca buscará mayor crecimiento territorial y por último, en vista de la reciente declaración del Departamento de Estado, en que explícitamente niega su sanción al proyecto de anexión de la Baja California y parte de Sonora..»

En el marco de una guerra civil en México, el gobierno autonómico de Esteban Cantú sobrevivió porque supo salvaguardar los intereses de Estados Unidos en el territorio, salvaguardando con ello los suyos e indirectamente los de México.

 Las aduanas de Cantú

En tiempos de Cantú, el flujo de fondos recabados en las aduanas del Distrito Norte y canalizados hacia la Federación fue tan incompleto e inconstante como el presunto subsidio de 150 mil pesos que recibía el territorio de parte del gobierno federal. Abelardo L. Rodríguez, legatario directo de Esteban Cantú, durante su gobierno, en 1924, hasta se dio el lujo de rechazar los 900 mil pesos que percibía de subsidio procedente del gobierno federal. No solo eso, el Distrito Norte ayudó al gobierno general de la República con más de 1 millón de pesos para la campaña militar emprendida contra Adolfo de la Huerta y socios.

La política implementada por Cantú para el manejo de Aduanas en el Distrito Norte, retrata muy bien la relación de ambigüedad política sostenida entre el régimen de Venustiano Carranza y el régimen autonómico de Esteban Cantú en el Distrito Norte. No obstante, Cantú, gracias a su doblez política, supo muy bien respetar los márgenes institucionales para dirigirse con el gobierno carrancista.

La Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales fue emitida en abril de 1917, para  el 1º de mayo de ese año, Venustiano Carranza asumió la Presidencia de la República y dieciséis días después nombró a Cantú gobernador del Distrito Norte. Antes de ese día 17 de mayo en que fue designado gobernador por el presidente Carranza, no existe un documento oficial, signado por Esteban Cantú, donde dirigiéndose a las instancias federales, lo haya hecho ostentando el título de gobernador.  Es por eso que, ya como gobernador, hasta el 4 de octubre de ese año formaliza ante el gobierno federal el cambio de la capital de Ensenada hacia Mexicali. A título de simple comandante militar y jefe político del territorio jamás se atrevió a hacerlo.

Cantú desplazó a los administradores vinculados a los grupos políticos de Ensenada, pero no destituyó al grueso de funcionarios de las aduanas del Distrito Norte, heredados de los gobiernos porfirista y maderista; más bien hizo todo lo contrario, los retuvo en el puesto con el fin de capitalizar su experiencia y aprovechar su asesoría para la implementación de estrategias propias que le permitieran obtener para sí los recursos recabados por derechos de importación y exportación dentro de lo que fueron sus aduanas. Así fue como Jacinto Méndez, Francisco Miranda, Silvestre Reina Garza, Gilebaldo Elías, Gilebaldo Anaya Reyo, Genaro Villaseñor, Alfredo S. Pardo y José María Coronel, sirviendo los tres últimos a manera de comodines, permanecieron dentro del cantuismo como los administradores, por excelencia, de las aduanas de Ensenada, Tijuana, Mexicali, y las secciones de Tecate, Los Algodones y la del muelle de "La Bomba".
               
Cuando el gobierno federal enviaba a nuevos funcionarios para reemplazar a los antes aludidos, Cantú los mandaba llamar con beneplácito, otorgándoles cargos de asesores fuera de la estructura aduanal, no permitiendo por ningún motivo que tomaran posesión de su encomienda federal.
               
Esto no obstaba para que Luis Cabrera —secretario de Hacienda carrancista—, en el transcurso del gobierno de Cantú, siguiera enviando anuncio puntual de decretos y circulares en torno a tarifas de importación y exportación aplicables a las aduanas del país; mandatos cuyo uso invariablemente quedaban sujetos a criterio del gobernador. Cuando le convenía dar vigencia a disposiciones arancelarias así fuesen consideradas como atentatorias al bolsillo del contribuyente y por ende antipopulares, sin tocarse el corazón Cantú las aplicaba diciendo solo cumplimentar órdenes de don Venustiano Carranza.

Entre tanto, a mediados de 1918, prohibió a los agricultores la exportación de trigo hacia los Estados Unidos, basado en la ley de la oferta y la demanda, ese año la producción de trigo en el Distrito Norte fue inferior a la demanda de los consumidores.

A principios de 1919, el presidente Carranza decretó un gravamen de 8 centavos por kilo a la exportación de algodón; Cantú, a sabiendas de que el gobierno de la República denegaría su petición, hizo la faramalla suplicando a don Venustiano vía oficio que hiciera una excepción en el Distrito Norte, aplicando la antigua tarifa que fijaba el pago de esos derechos a la exportación en 2 centavos por kilo. Al final, aplicó la nueva tarifa a rajatabla porque era benéfica para las arcas del distrito, no obstante, criticó ante empresarios gringos y chinos la cerrazón del gobierno federal para conceder estímulos a la producción algodonera. El año de 1919 fue cuando la administración Cantú alcanzó sus grandes logros económicos.

Desde el Siglo XIX, una de las necesidades más sentidas del grueso de la población bajacaliforniana era la rebaja al pago a derechos de importación de material para la construcción de vivienda colectiva e infraestructura productiva; Cantú, con el absoluto control que ejercía sobre las aduanas del distrito, bien pudo resolver esta situación y sin embargo no lo hizo, abriendo la libre importación de esos productos desde Estados Unidos. Este grave freno al desarrollo regional vino a ser resuelto hasta 1924, siendo gobernador Abelardo L. Rodríguez.

Otros dos gravámenes que era vital abolir dentro del Distrito Norte, estaban relacionados con los exorbitantes impuestos aplicados al pago de derechos de bulto, vigentes desde 1896, y con los impuestos sobre importación de combustibles, que tenían que pagarse al doble: el petróleo iluminante costaba del lado americano 20 centavos, añadiendo un plus de 20 centavos del lado mexicano por derechos de importación. Los ricos, dueños de automóviles, salían beneficiados al pasar a las gasolineras de Calexico a llenar sus depósitos de gasolina. Cantú jamás los derogó por no convenir a sus intereses.

Sin embargo algunos otros decretos expedidos por la Federación sí los aplicaba como los relaciona­dos con la exención de derechos de importación para algunos artículos alimenticios de primera necesidad, o los relacionados con aumentos a las tarifas de importación de bebidas alcohóli­cas, o los que eximían a ciertas sustancias químicas del pago de importación, también los que suspendían la aplicación de cuotas de exportación a ciertos metales y los que exentaban el pago a la importación de carros, carretas, carretones, etcétera. Del dinero recabado por impuestos federales, Cantú no reportaba a la Federación lo que obtenía, enviando, si bien iba, lo que le venía en gana.

Después de borrar del mapa las estampillas de la Renta Federal del Timbre del gobierno convencionalista, Cantú derogó en el Distrito Norte la aplicación del artículo 20 del decreto del 11 de noviembre de 1893 y los artículos del primero al sexto de la Reglamentación Hacendaría, que estipulaban que Cónsules y Agentes consulares de México en el extranjero debían expedir una factura consular a importadores (agentes aduanales) para tramitar pedimentos de importación ante Aduanas. Al diablo con eso de la factura consular.

Mexicanización de las aduanas

Con el fin mexicanizar las actividades relacionadas con las agencias aduanales e impedir actos de corrupción por parte de los empleados del ramo aduanero, el 15 de febrero de 1918, Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expide un decreto conformado de siete artículos fundamentales y dos transitorios con el fin de regular en el país actividades inherentes a las empresas dedicadas a la tramitación legal de géneros y mercancías ante Aduanas. Decreto cuyo artículo tercero y quinto estipulan:

«Artículo 3º.- Los extranjeros y las sociedades extranjeras no podrán ser agentes aduanales, ni gestionar aun ocasionalmente ante las oficinas  aduaneras, siempre que, conforme a las leyes del país de su origen, no puedan hacerlo los mexicanos o sociedades mexicanas. Esta prevención es aplicable a las sociedades mexicanas, siempre que cuenten entre sus socios, si son en nombre colectivo o en comandita, o entre sus consejeros o directores si son anónimas, a extranjeros, respecto de los que existan las condiciones fijadas al principio de este artículo».

«Artículo 5º.- Tampoco se concederá autorización para fungir como agente aduanal, a los empleados del Ramo o de la Secretaría de Hacienda».

Al menos en el Distrito Norte de Esteban Cantú, por el carácter binacional de las agencias aduanales situadas por este rumbo de la franja fronteriza entre Estados Unidos y México, estos dos artículos del decreto carrancista en nada modificarían la naturaleza constitutiva y el tradicional funcionamiento de las agencias aduanales bajacalifornianas.
               
Maurilio Magallón
Entre tantos, el caso más representativo fue el del agente aduanal Maurilio Magallón que por razones de pesos y centavos y con el fin de llegar algún día a ser administrador de la Fronteriza de Mexicali, se enrolaría como empleado de la aduana, sin dejar de operar su agencia aduanal a través de sus socios Woo Kong, Alfonso y Fernando Villaseñor. Para 1919, el agente aduanal Magallón era escribiente de la Fronteriza de Mexicali y, hacia 1922, fue regidor municipal, habiendo ascendido al puesto de contador auxiliar con Félix C. Bosquet, contador principal de la aduana mexicalense. Algo similar sucedería en lo relativo a la doble nacionalidad de la mayor parte de estos personajes, los que a la postre definieron su nacionalidad norteamericana o mexicana, o asumieron ambas, a partir de los intereses económicos y posiciones políticas obtenidos en uno u otro lado de la frontera.

Durante el mandato presidencial del general Álvaro Obregón (1920-1924), estando José Inocente Lugo como gobernador, el gobierno federal infructuosamente empezó a presionar a los funcionarios federales y empresarios radicados en California para que viniesen a residir al Distrito Norte, so pena de perder el empleo o sus prerrogativas ciudadanas. 
               
Para 1919, en que entró en vigor, en EE.UU., la 18a. enmienda de la Constitución promovida por el congresista Andrew Volstead, mediante la cual quedaron prohibidas la producción y consumo de bebidas alcohólicas en ese país, las aduanas de Cantú estaban recabando solo por concepto de derechos a la exportación, 1 millón de dólares anuales y 2 millones 500 mil dólares al año por impuestos a las importaciones. Las concesiones para el tráfico del opio le redituaban 1 millón 200 mil dólares anuales. Dos millones 500 mil de dólares adicionales, al año, obtenía por concepto de impuestos aplicados a casinos, prostíbulos y cantinas. Se desconoce el monto recabado en cinco años y medio por los permisos de trabajo expedidos a 700 entretenedoras extranjeras.

Para que tengamos idea a cuánto equivalía el dinero obtenido por el gobierno de Cantú en cinco años y medio, basta decir que la obra magna del gobierno cantuista: “Camino Nacional” —inaugurada en marzo de 1918—, surcando las gigantescas rocas de La Rumorosa para unir a los bajacalifornianos, al final costó 1 millón 250 mil dólares: Obra pagadera solo con la aportación de un año proveniente de los comerciantes  de opio.

En torno al esplendido palacio de Gobierno —actual rectoría de la UABC— mandado a construir por Cantú, su costo presupuestado fue de 105 mil 500 dólares. El ganador de la licitación para levantar aquel portento de edificio neoclásico, fue —¡qué casualidad!— la constructora de Harry H. Clark, gerente general de la “Colorado River”. En 1920, con la salida de Cantú del gobierno distrital, esta obra quedaría inconclusa.

El ferrocarril a San Felipe


Tras dos intentos fallidos, acicateado por la existencia de yacimientos de oro, plata y carbón mineral en la zona aledaña a San Felipe, en 1918, a la cabeza de un grupo expedicionario Cantú  llegó a las playas de aquella aldea de pescadores en el golfo de California. El camino de brecha fue abierto por técnicos del ingeniero Enrique Alducín, responsable de la construcción de “Camino Nacional”.

Casi tres años les llevó encontrar la cuadratura al círculo para trazar aquella ruta. Se desconoce la razón de porqué no adoptaron como suya la conocida ruta de los contrabandistas de buches de totoaba, penetrando desde Estados Unidos a México con sus grandes troques, por el antiguo “Paso del Centinela”, para luego tomar un sendero cercano a la Laguna Salada que los llevaba tantas veces como fuese necesario ir a San Felipe a recoger el producto.

En 1919, situado en los alrededores de San Felipe quedó constituido el fundo minero, “Iron Montain”, cuyo propietario era la compañía “Ferro-Acero Mexicana S.A.”, la cual había otorgado a Esteban Cantú una participación de esa explotación minera. Este consorcio contaba, además, con una concesión, validera por 50 años, para construir un pequeño ferrocarril que trasportara materia prima desde el sitio de explotación hasta el golfo de California. Ese mismo año el diputado federal José Cantú, hermano del gobernador, obtuvo otra concesión para construir y administrar un ferrocarril de Mexicali a San Felipe.  

Aquellos planes quedaron en el éter, en 1920, cuando  el coronel Cantú salió del territorio. Sin embargo, el gobernador revolucionario José Inocente Lugo, rescataría dicho proyecto y, en abril de 1923, estaba solicitando a Hacienda la exención de impuestos a la importación por el equivalente a 1 millón 500 mil dólares, con el fin de comprar rieles para la construcción del ferrocarril a San Felipe. Francisco Pérez —jefe de la comisión de ingenieros— calculó un gasto total de más de 3 millones de dólares (6 millones de pesos) para terminar la obra. Al poco tiempo, Francisco Calderón —director de la Dirección General de Aduanas— puso de manifiesto al gobierno del Distrito Norte la negativa de Hacienda de exentar los derechos de importación encaminados a la compra de implementos y materiales necesarios para la construcción de las vías del tren, ofreciendo un préstamo de la Federación.

Lugo, por el contrario, no se desanimó, aceptando el préstamo no solo para la construcción del ferrocarril, sino que asumió el reto de montar un puerto en San Felipe para sustituir al de “La Bomba”.  El gobernador Lugo sabía que el Distrito Norte podía darle para eso  y más,  no obstante, se vio forzado a abandonar el cargo el 2 de noviembre de 1923, porque ese día lo sustituyó el general Abelardo. L. Rodríguez, quien, en 1927, hizo de aquella brecha descubierta por Cantú un camino vecinal de Mexicali al actual puerto de San Felipe.

La estocada final

Pastor Rouaix Méndez
La visita a Ensenada, en 1918, del secretario de Fomento y Colonización del gobierno carrancista, Pastor Rouaix Méndez, principal redactor de los artículos 27 y 123 constitucionalistas, vino acompañada, principalmente, de los acuerdos para que la Secretaría de Agricultura estableciera los fundos legales de Real del Castillo, Calmallí, Santo Tomás, San Quintín, San Felipe y Santo Domingo. El fundo legal de Mexicali se estableció hasta enero de 1922.

El prestigiado Rouaix Méndez, fue uno de los primeros agraristas en expropiar tierras a favor del campesinado y le tocó expedir la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, anuncio del preámbulo de la reforma agraria. Desde este punto de vista, su presencia en el Distrito Norte debió inquietar tanto a los dueños de la Colorado River Land Co., como lo hizo la propia expedición de la Ley Agraria carrancista. Lo mismo pudo haber sucedido con Cantú, era la primera vez que un ministro del gobierno de Venustiano Carranza pisaba tierras bajacalifornianas. 

Los primeros brotes de violencia de la lucha anarcosindicalista, vinculados al villismo, le tocó a Cantú enfrentarlos el 7 de septiembre de 1919, con el amotinamiento del destacamento militar de Los Algodones, donde fueron acribillados a tiros el capitán José Torres y tres soldados. Los conjurados manifestaron su adhesión a Pancho Villa, y su firme desacuerdo con la masiva inmigración de chinos al territorio por lo perjudicial que resultaba su presencia para los jornaleros mexicanos sin tierras. El motín fue aplastado, recuperando las tropas de Cantú los caballos y armas robados. Los líderes de la revuelta, José Beltrán y Refugio Acero, fueron aprendidos junto con un traficante de armas llamado Tribolet. Beltrán y Acero, tras un juicio sumario, fueron fusilados en caliente. Se comprobó que Refugio Acero era miembro activo del grupo anarquista Trabajadores Industriales del Mundo (I.W.W)

Tres años después, el coronel villista Marcelino Magaña Mejía, estaba presentando ante la Comisión Nacional Agraria (C.N.A.) 200 solicitudes para un reparto agrario en el Distrito Norte.

En medio de la rebatiña por la sucesión presidencial, a finales de 1919, por primera vez llegó al Distrito Norte el brazo fiscalizador del gobierno carrancista en la persona de Modesto C. Rolland, a cargo de una comisión especial enviada por la Secretaría de Hacienda. Respecto a las observaciones de la comisión especial sobre el sistema de impuestos locales y federales implantado por el cantuismo en aquel alejado distrito, Rolland  asentó:

«Lo primero que se observa al analizar aunque sea someramente la situación de aquella región, es la errónea distribución de impuestos existentes, gravitando sobre una población tan reducida [23 537 habitantes]. Solamente los impuestos locales y federales, sin contar con los municipales, ascienden a la suma de $3 000 000.00 [1 millón 500 mil dólares]. El presupuesto que el actual gobierno local ha estudiado y presentó, asciende a $4 000 000.00 [2 millones de dólares]. Estos impuestos matan toda iniciativa y constituyen una carga, hablando no solamente en lo absoluto, pues gravitan de tal manera, que parecen que están estudiados para evitar el desarrollo de toda actividad; y es natural que pensando así sobre un pueblo que no tiene medios de defensa, ni manera de incrementar su prosperidad, la carga sobre persona sea verdaderamente insoportable».

Si el 1 millón 500 mil dólares de impuestos federales y distritales que el gobierno de Cantú informó a la comisión especial haber colectado ese año de 1919, más los 2 millones de dólares presupuestados para el año venidero, le parecieron a Rolland una carga insoportable de solventar de parte de una población tan reducida; chanza y se infarta el comisionado de Hacienda, si el tesorero del distrito, de mera puntada, le hubiera confesado que para cubrir el monto de impuestos recabados y por recabar, solo bastaba con los 3 millones 500 mil dólares obtenidos, al año, en las aduanas por derechos de importación y exportación.

Ese año,  bajo los auspicios de la Colorado River Land Company, se fundó la “Cámara Agrícola Nacional de Baja California”, en Mexicali. Emergió como un contrapeso al poderío de los agricultores chinos.

El 23 de abril de 1920, redactado por Adolfo de la Huerta y Gilberto Galindo, salió a la luz el Plan de Agua Prieta, en el que el general Álvaro Obregón se proclamaba en contra del gobierno de Carranza. De inmediato le secundaron distintos jefes de operaciones militares del país, no contando con la adhesión del coronel Cantú, que desde 1913 tenía cuentas por saldar con el general Álvaro Obregón. Craso error: En esa ocasión, Cantú por primera vez apoyó a un presidente Venustiano Carranza que jamás había reconocido como tal. Antes Carranza tuvo que reconocer a él como gobernador. Obnubilado, de ahí en adelante Cantú fue cometiendo una cadena de errores imperdonables.

Al mes de la publicación del Plan de Agua Prieta, camino a Veracruz, Venustiano Carranza moría asesinado, en el pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, camino a Veracruz. Tres días más tarde, el 24 de mayo, Adolfo de la Huerta asumió la Presidencia de la República de manera provisional. Pronto comprobaría el coronel que de la Huerta no era tan dúctil como Carranza. 

En sus Memorias de la Huerta expresa  de Cantú lo que sigue:

«…tenía aquel Territorio como una ínsula desde la época de Carranza, pues la sumisión de aquél a éste siempre estuvo prendida con alfileres; era algo que no se podía considerar como muy firme. Bueno, pues le mandé varios emisarios. No aceptó. Su enojo era fundamentalmente contra Obregón, por lo menos ese era el pretexto. Entonces resolví atacarlo por varios lados a la vez, o mejor dicho, hacerle creer que lo haría..»

Antes de 90 días, Cantú estuvo fuera del gobierno territorial.

Después del asesinato de Venustiano Carranza, los dos hombres de mayor confianza del gobernador Esteban Cantú, no esperaron el desenlace final y  salieron del Distrito Norte: Tomás Beléndez, como buen tesorero general sabía el teje y maneje de los dineros del distrito y las aduanas, partió hacia Estados Unidos; el otro, Jacinto Barrera, secretario general de gobierno, conocedor del intríngulis del tráfico de chinos y opio así como del entresijo político cotidiano, renunció a su puesto en abril de 1920.

El gobierno provisional de la República, buscando un gesto de subordinación institucional de parte del gobernador territorial, empieza a presionar girando instrucciones vía Gobernación para que Francisco Terrazas ocupara el puesto de Barrera como secretario general de gobierno del Distrito Norte. Cantú, desobedeciendo órdenes, designa al ingeniero José G. Aguilera en el lugar de Barrera, nombrando a Manuel Santaella como nuevo tesorero general del distrito. De la Huerta llama a Cantú a México, y éste saldría con el cuento porfirista de siempre, que no podía acudir porque tenía que estar pendiente de un posible ataque filibustero al Distrito Norte. En su tiempo, eso mismo había dicho a Carranza en cuanto requería su presencia en la capital del país.

En ese ínter, bajo el auspicio conciliador del presidente de la Huerta, Cantú por primera vez trata de acercarse al general Álvaro Obregón, autoproclamado candidato a la Presidencia, estableciendo negociaciones a través de un amigo mutuo: Baldomero Almada, quien desdeña la autoridad del presidente provisional, y en vez de acordar la paz entre Obregón y Cantú, acuerda con el candidato presidencial la obtención de la gubernatura del distrito. Lo extraño de este asunto es que para el 31 de mayo de 1920 en que Almada regresa a Mexicali, Cantú lo presenta ante el estatus económico y político como su sucesor. Es aquí donde la duda invade a la razón: ¿Acaso Cantú convencería a Almada de hacer a un lado a Adolfo de la Huerta con el cuento de cogobernar el apetecido Distrito Norte de Baja California? Baldomero Almada muy pronto comprobó que había sido objeto de un vil engaño.

De entrada, el día 3 de junio, Almada presenció afuera de la Escuela Cuauhtémoc un mitin tachonado de fogosos discursos en su contra. Digno de mención fue el discurso incendiario de Ricardo Covarrubias a favor de Esteban Cantú. Covarrubias, en 1917, había llegado procedente de los Altos de Jalisco en compañía de su hermano Alberto con la idea de integrarse como trabajadores de la obra “Camino Nacional”. Para 1920, Covarrubias se integró al Partido Nacional Cooperativista (P.N.C.), y fue dueño de dos publicaciones muy combativas “El Monitor” y  “Eco del Distrito”, estableciendo sociedad con sus paisanos el coronel José Esperón y el capitán José Cayetano Zepeda, ambos radicales y de cepa villista.

Tres días después, ¡la locura!, Almada no podía creer lo que sus ojos veían: una multitud, agolpada, en el parque “Héroes de Chapultepec”, entre puestos de comida y bebida gratis, echando vítores y alabanzas a la figura de Esteban Cantú. Luego procedió la marcha hacia la residencia del prócer, «haciendo eco de la voluntad del pueblo, manifestada en el asombroso desarrollo agrícola, industrial y económico de esta región», como una vez Miguel S. Ramos, alcalde de Mexicali, dijese vía telegráfica al presidente de la Huerta. Almada, tal vez por sentirse traicionado por Cantú, encolerizado marchó del pueblo y le telegrafió a Obregón, advirtiendo del seguro aplazamiento de  la entrega del mando, al tiempo que le sugería la intervención armada. Para el día 8 de junio, Cantú daría el anuncio al gobierno federal de que no renunciaba porque podrían ocurrir manifestaciones violentas de parte de sus seguidores.

En ese lapso, en el Distrito Norte las distintas facciones políticas, desatadas, pondrían en juego sus piezas dentro de aquel ajedrez político, ventilando ante el presidente de la Huerta una serie de nombres para sustituir al coronel Cantú. Estaban entre los precandidatos: Carlos E. Bernstein, gerente del Hipódromo de Tijuana, impulsado  por Cantú; David Zárate pertrechado ahora en la Cámara Agrícola, Minera e Industrial de Ensenada, promovido por Juan B. Uribe, su escudero de siempre; tampoco podían faltar quienes, exigiendo un gobernador nativo del terruño, proponían a los juniors Ramón Moyrón y Epigmenio Ibarra así como los que estaban a favor del comerciante Ricardo Romero y los que simplemente exigían su pronta destitución, como el banquero Rafael Conrado Silver, enemigo jurado de Cantú. De entre aquella rebatiña, Romero acabaría por convertirse en el tercer diputado federal por el Distrito Norte.  Ricardo Covarrubias sería el cuarto en ocupar esa curul.

Iniciado julio de 1920, Adolfo de la Huerta se va directo y a la cabeza sobre las fuentes financieras del régimen de Cantú, ordenando a través de Hacienda y Gobernación, la sustitución del personal de las aduanas y de la oficina de migración. Imposible. Ante la negativa del gobernador territorial, en agosto, sobrevino la orden presidencial para el cierre de aduanas y puertos instalados en el Distrito Norte de la Baja California. Para ese entonces, el presidente de la Huerta, ya había ordenado que una fuerza militar, al mando del general brigadier Abelardo L. Rodríguez levantara velas en Manzanillo rumbo al Distrito Norte. 

Cantú firma sentencia de muerte para su régimen, el 24 de julio, al enviarle al presidente de la Huerta un largo pero demoledor mensaje con dedicatoria al general Obregón, candidato presidencial. Basta con transcribir tres párrafos de aquella carta para advertir el tamaño de la estulticia mostrada en aquella ocasión:

«Haciéndonos intérpretes del uniforme sentimiento público del país, hago a Ud. presente, con todo respeto, que es de urgente necesidad que se haga manifiesta la completa seriedad y la buena fe de nuestra administración, y que como el Gobierno ha ofrecido, haya una verdadera campaña política en las Elecciones de Presidente de la República y demás altos funcionarios federales. Para llenar tan vital necesidad, será preciso que se prorrogue por tres meses cuando menos el período electoral, y que se pusiesen a disposición de los candidatos debidamente inscritos y de los partidos que de conformidad con las leyes electorales se constituyan, todos los elementos que le sean indispensables, sin preferencias ni distinciones, de modo que todos ellos cuenten con iguales facilidades para llevar a cabo sus campañas».

«De no prorrogarse el nuevo período electoral, para cuya conclusión no faltan más de cuarenta días, la Nación consideraría las próximas elecciones una mera farsa, en cuyo fondo se vería la imposición de un candidato único».

«Señor Presidente, en nombre de los más altos intereses de la Patria, en nombre de toda la sangre derramada, me permito hacer a Ud. la súplica y esta exhortación: Que no se repitan más en México las imposiciones: Que el Gobierno Supremo de la República se coloque al nivel de su alta investidura, resistiendo a todas las presiones por fuertes que parezcan, y conceda a la opinión pública todas las facilidades y todo el tiempo que necesite para manifestarse libremente en los próximos comicios».
«Respetuosamente E. Cantú»

Si, en 1918, ante el comisionado de Hacienda, Modesto C. Rolland, Cantú había demostrado ser un maestro de la defraudación fiscal a través de su doble contabilidad; sin el mayor recato, en 1920, se presentaba ante el presidente de la República como nuevo paladín de la democracia. ¡Qué cachaza!

A principios de agosto, en la víspera del ingreso del ejército de la revolución al Distrito Norte, los jefes militares de las fuerzas comandas por el coronel Esteban Cantú presentaron signos de claudicación. Para el 13 de agosto, Lerdo González —antaño celador de la aduana de Mexicali—, ex combatiente de las batallas de 1911 frente a los magonistas, desde San Quintín se sublevaba en contra del jefe Cantú.

General Vito Alessio Robles
El 18 de agosto de 1920, tras arduas negociaciones con Eduardo Ruiz, cónsul de México en los Ángeles, con el general Vito Alessio Robles y Luis M. Salazar, Esteban Cantú se vio forzado a entregar su dominio pretorial al guaymense Salazar.

El general Abelardo L. Rodríguez, al mando de 1500 hombres, llegó al Distrito Norte el 1º de septiembre de 1920, catorce días después de que el coronel Cantú había abandonado Mexicali para asilarse cosa de cinco años en una propiedad que adquirió en Mira Loma, California.

Con la presencia del general Rodríguez Luján en tierras bajacalifornianas, la Sonora liberal reconquistó un territorio que durante largo tiempo había estado bajo influjo de los suyos. Nunca más bajo el dominio de elementos exógenos como lo fueron el neoleonés Esteban Cantú y más tarde el guerrerense José Inocente Lugo.

Cantú, amo y señor del Distrito Norte,  durante una época delimitada por el fin del porfiriato y el principio de los gobiernos de una revolución con la que jamás comulgó, es el verdadero integrador de la Baja California moderna.

Esteban Cantú se lanzó a la aventura de integrar a Baja California obteniendo un éxito sin precedentes en toda la historia de una Península con un vasto potencial, pero por su lejanía y su baja densidad poblacional abandonada a la buena de Dios por los gobiernos de México desde la Independencia.

Abelardo L. Rodríguez, su legatario, en términos de política financiera y tributarias adoptó del método Cantú hasta sus socios de la mafia norteamericana; de un Esteban Cantú que habría sido el primero en entender que desde Villagrana, con su primer aduana de 1874, pasando por los jefes políticos del porfiriato y llegado los gobiernos de la revolución, el lejano Distrito Norte había operado como una especie de botín generador de cuantiosos tributos que se fugaban de la región; recursos financieros que, en su tiempo, retuvo para luego invertir una parte significativa en el despegue del desarrollo del actual Estado de Baja California.

roberelenes@gmail.com

SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600

2 comentarios:

Victor Cabuto dijo...

Al leer este articulo, entiendo el porque de tanto apellido extrangero...y me refiero a tanta prostituta americanas y europeas, que seguramente tubienron hijo de Mexicanos.

O sea que la prostitucion, siempre ha sido un excelente negocio para las autoridades, y no se diga el consumo de alcohol, ya que en la actualidad, con el simple hecho de conducir un automovil con aliento alcoholico te aplican una multa de hasta 7,000.00 pesos y muy cencillo la pagas y te vas..........y la historia sigue..............

Victor Cabuto

Roberto Fco. Elenes Rivera dijo...

Lo asiste la razón Sr. Cabuto.