Por Roberto Elenes
El gobierno de Estaban Cantú
En enero de 1915, Esteban Cantú inicia el proceso de integración y
transformación de Baja California en dos modestas estancias situadas contra
esquina del terreno baldío de lo que iba a ser la “Escuela
Mixta Elemental y Superior Cuauhtémoc”, por décadas plantel prototipo en materia
de infraestructura escolar en el Noroeste del país, e indiscutible pilar de la
educación en Baja California.
![]() |
Este edificio de dos plantas, estilo
neoclásico, ubicado en el centro histórico de Mexicali,
es la verdadera Alma Mater de la
Educación en Baja California
|
Jefe político
y militar de una región que había sido para las autoridades del país una
especie de ínsula Barataria, lo más
alejado del centro de decisiones, sobrada de territorio y con una nimia
población en pésima situación económica, diseminados en un inmenso páramo que,
por su cercanía a California y el potencial de sus recursos naturales, era y
sigue siendo poseedor de una tremenda importancia estratégica; Esteban Cantú,
junto con sus aliados felixistas y huertistas, aprovechando que el resto del
territorio nacional estaba en guerra y que Venustiano Carranza se consolidaría
en la Presidencia de la República hasta mayo de 1917, con gran tino supieron desarrollar un proyecto alterno de gobierno autonómico, basado
en la creación de un arbitrario pero singular sistema de recaudación fiscal,
aplicado al comercio del opio, la
fabricación de aguardientes, al otorgamiento de permisos para la apertura de
casas de juego y cantinas, de las que, por parte del gobierno cantuista, el
sindicato norteamericano del vicio obtendría la concesión para cobro por la
venta de piso, sin omitir la expedición de permisos de internación al país de
extranjeros, especialmente de chinos y entretenedoras,
ni tampoco la aplicación de impuestos a la exportación de cabezas de ganado y los aranceles al algodón por cada kilo producido; todo bajo
jurisdicción de sus municipios, de sus aduanas y de la Dirección de
Contribuciones Directas.
![]() |
Camino Nacional inaugurado en 1918 |
El pacto Baltasar Avilés-Harry Chandler
En febrero de
1915, los del Buró Federal de Investigaciones (FBI), aprehendían, en Los
Ángeles, a Baltasar Avilés, a Jerónimo Sandoval y Francisco Ayón, acompañados de Harry Chandler
—accionista principal de la “Colorado River”—, de Charles Guzmán —agente de
bienes raíces en la frontera—, de Walter Bowker, gerente de la Colorado River
Land Co. (CRLC), y del general retirado B. J. Viljoen —ex asesor militar de
Francisco I. Madero y subgerente del Rancho “La Cien”—, acusados por el
gobierno carrancista de violar el tratado de neutralidad por estar organizando
una supuesta conspiración desde los Estados Unidos contra México. En realidad
los agentes carrancistas acusadores, trataban de evitar el regreso de Avilés a
la jefatura política no por apoyar al gobierno de Esteban Cantú, sino con el
fin de inhibir en un futuro el posible suministro de armas al villismo desde el
Distrito Norte. Al parecer Baltasar Avilés, a cambio de apoyo, le había
prometido a Chandler la condonación de impuestos a la exportación de cabezas de
ganado, en tanto el grupo Chandley-Gray Otis finalmente había optado, entre los
maleables villistas y los carranclanes
reformistas que amenazaban con quitarles las tierras, por dar el aval a
los primeros.
Harry Chandler
jamás pisó la cárcel, pero Baltasar Avilés y acompañantes, habiendo salido de
prisión bajo fianza, se vieron obligados a permanecer en Los Ángeles y enfrentar
un juicio penal que se prolongaría por dos largos años. Bowker fue sustituido
por Harry H. Clark en la Colorado River Land Company (CRLC).
Fuentes de
ingresos y mecanismos de control del gobierno de Cantú
Si en 1914,
los Estados Unidos había
promulgado el Acta Harrison de Narcóticos, en la que declaraba como ilegal la
producción, manufacturación, distribución, posesión del opio y cocaína en ese país; para el 12 mayo de 1915,
Esteban Cantú, en respuesta, legalizaba en el Distrito Norte la comercialización
del opio, mediante el Impuesto de
patente a fábricas de opio y pago de derechos por importación del narcótico:
«Tomando en consideración este
Gobierno Político, que en este Distrito Norte se están estableciendo varias
casas de ciudadanos chinos que se dedican a purificar el opio en greña ya
condensándolo o extractándolo en cierta forma y empacándolo de nuevo en latas
especiales, con cuyo procedimiento el precio del opio alcanza un valor casi cuádruplo,
obteniendo de esta manera los fabricantes una pingüe ganancia y teniendo en
cuenta que es imposible suprimir dicha traficación en la raza amarilla, y a fin
de combatir de algún modo eficaz el desarrollo de esta clase de comercio y la
propagación del desastroso vicio que envuelve, que puede contagiar a nuestros
nacionales, mientras no haya un decreto del Supremo Gobierno de la Nación que
ordene la expulsión de los traficantes extranjeros y consumidores de la
indicada droga; y como por otra parte para suprimirla de plano se necesitaría
poner una planta numerosa de policía reservada, que erogaría fuertes gastos y
quizá sin resultados satisfactorios, dadas las precarias circunstancias por que
atraviesa el Erario; esta Jefatura Política ha tenido a bien reformar las
circulares expedidas con este respecto, relativas al expresado ramo, gravándolo
desde el día primero del entrante mes de junio, con un impuesto que se llamará
de patente a estas fábricas de opio, además de los derechos de importación y
adicionales que causa, bajo la siguiente clasificación, equiparadas a las
fábricas de aguardientes a que se refiere la ley de Contribuciones Directas
vigente»:
«1ª Clase $ 1000.00 pesos oro
nacional, por mensualidades adelantadas».
«2ª Clase $ 500.00 oro nacional, por
mensualidades adelantadas».
«Se reputan fábricas de primera clase,
las que produzcan en su elaboración mensual más de 250 kilos de opio
purificado, condensado o extractado».
«Las de segunda clase, las que
produzcan en su elaboración hasta 250 kilos de opio en la misma forma
anterior».
«También causará el derecho de
Patente, el opio que se importe ya purificado, en la forma que sigue:
El opio purificado pagará $ 2.00 pesos
oro nacional por cada kilo legal.
El opio medio purificado $ 1.50 un
peso cincuenta centavos por kilo legal.
El opio en greña, sujeto a calefacción
o purificación, causará el impuesto de Patente en las fábricas en que se
condense o purifique».
«Los fabricantes presentarán a la
Dirección de Contribuciones Directas que está a cargo de la Aduana Marítima,
una manifestación por triplicado, en que se exprese el nombre de la casa o de
la fábrica, la cantidad de opio purificado que elaboran en el mes y otra
manifestación de la cantidad que tengan en depósito, ya sea en greña o
purificado.”
«Los importadores presentarán también
a la Dirección de Contribuciones que radica en la misma Aduana Marítima, una
manifestación del opio que importen purificado o parcialmente purificado, para
que causen los derechos de Patente que les corresponda, según su clase previo
reconocimiento del Vista de la Aduana».
«El Administrador en funciones de
Director de Contribuciones confrontará las manifestaciones o pedimentos de
despacho que presenten en la Aduana los introductores, con las facturas
consulares que presenten los importadores, para cerciorarse de su exactitud y
encontrándolas conformes, cobrará el derecho de Patente, previo el despacho de
la mercancía con los requisitos de ley».
«El Presidente del Ayuntamiento del
lugar en que se encuentren las fábricas, será el interventor que las vigile,
según las instrucciones que este propio Gobierno le dé, asignándole una
gratificación de 10.00 pesos diarios oro nacional por su intervención, cuyo
sueldo pagarán las mismas fábricas a prorrata, sean las que fueren, cuya cuota
pagarán también por meses adelantados.”
«Si alguna de las fábricas se
clausurara en el curso del mes no habrá lugar a la devolución del impuesto de
la mensualidad que pagó adelantada, sí a la parte de sueldo que le corresponde
al interventor».
«La ocultación en calidad o cantidad,
la fabricación clandestina y demás contravenciones a esta disposición, se
castigará con arreglo a lo dispuesto para estos casos por la Ley de
Contribuciones Directas vigente en este territorio».
«El día primero de junio próximo que
se pondrá en vigor esta disposición, el Administrador de la Aduana encargado de
la Dirección de Contribuciones Directas, en unión del C. Presidente Municipal,
pasará una visita a las fábricas de opio establecidas en esa población y
liquidará la existencia de opio purificado conforme al impuesto que con anterioridad
hayan pagado, abonándole a cada casa sobre la existencia que tenga, 200 k.,
doscientos kilos legales de opio purificado, que equivalen a $ 400.00
cuatrocientos pesos oro nacional, valor del impuesto mensual que pagaron por el
mes de mayo actual y cobrándoles por el sobrante de opio purificado que tengan,
a razón de $ 2.00 pesos oro nacional por cada kilo legal».
«Constitución y reformas. Mexicali,
Baja California, a 12 de mayo de 1915. [Rúbrica] El
Coronel Jefe Político Esteban Cantú».
El decreto
del Supremo Gobierno de la Nación a favor de la prohibición al tráfico
de opio vino hasta 1917, incluso el gobierno carrancista adhirió un agregado
al artículo 73 constitucional, fracción
XVI, 4a, que a la letra dice:
«Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la
campaña contra el alcoholismo y la venta
de substancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, serán después revisadas por el Congreso de la Unión
en los casos que le competan».
Cantú, aparentemente encomió la expedición
de adecuaciones constitucionales al artículo 73,
aplicando, de ahí en adelante, fuertes multas administrativas a consumidores de
opio y cocaína. En pocas palabras, este
decreto de Venustiano Carranza y las modificaciones a la Constitución de 1917,
dio cauce en aquel distrito territorial a que las adicciones fueran penalizadas
con severas faltas administrativas, en tanto la comercialización de la droga
era un asunto legal. Cual sea, los postulados centrales de la Constitución de
1917 fueron letra muerta dentro del Distrito Norte de la Baja California.
Esteban Cantú fue un ardiente defensor de los postulados de la Constitución de
1857, y un maestro de la engañifa y la pirotecnia política.
![]() |
Aduana Fronteriza de Mexicali, instalada en una sección del recinto de Palacio Municipal |
Como director general de Aduanas y
director de Contribuciones Directas y Tesorero del distrito territorial, nombró
a su amigo Tomás Beléndez, de quien también dependían las cinco oficinas
recaudadoras para pago de impuestos municipales, establecidas en Los Algodones,
Tecate, Tijuana, Ensenada y Mexicali, a las que la ciudadanía ocurría religiosamente a pagar el impuesto predial,
integrado otros como los fijados a terrenos rústicos para la construcción de
caminos vecinales, los del consumo de alcohol y los relativos al ejercicio de
profesiones. Asimismo, con el surgimiento de la Compañía Bancaria Internacional
y la Compañía bancaria Oriental, se establecieron gravámenes para las
operaciones bancarias que se realizaban en aquel distrito.
La administración de sus aduanas
siempre estuvieron a cargo de un grupo selecto de profesionales técnicos
provenientes del porfiriato, no vinculados de origen a los grupos políticos
dominantes de Ensenada, los cuales periódicamente rotaban de sede en sede con
la función de administradores: Jacinto Méndez, Francisco Miranda, Silvestre
Reina Garza, Gilebaldo Elías, Gilebaldo Anaya Reyo, Genaro Villaseñor, Alfredo
S. Pardo y José María Coronel, ex administrador de la oficina del Timbre de Ensenada, al
que un día Baltasar Avilés y socios se lo llevaron como rehén a Tijuana durante
su huida a San Diego, California.
En lo relativo al ramo militar,
nombró al teniente coronel Agustín Macías como jefe
de su Estado Mayor; puso en manos del teniente coronel Hipólito Barranco, el
mando del inventado 25º Regimiento de Infantería, y para la Jefatura de Armas
de Ensenada y del Cuerpo de Caballería “Crel. Esteban Cantú” (el otrora cuerpo
de auxiliares), designó a un hombre de todas sus confianzas, al recién nombrado
coronel Justino Mendieta, quien después del cuartelazo al cuerpo edilicio de Ensenada, Cantú le había confiado la guarnición de
esa plaza, logrando, en lo político, meter en cintura a un grupito de
funcionarios aduanales, los de siempre, queriendo hacer lo imposible: mangonear
para sí la Aduana Marítima de ese puerto, como lo habían hecho desde tiempos de
Celso Vega.
Por poco más de un lustro, sus abogados
consultores de gobierno y asesores militares fueron José F. Guajardo, Luis
Manuel L. Luján y Ramón González Suarez. Estos hombres al lado de Jacinto Barrera,
secretario de Gobierno, fueron piezas clave en el diseño y funcionamiento de la
estructura municipal y el plan de
gobierno, estilo Esteban Cantú, cuyo secretario
particular fue el joven subteniente Antonio A. Bannuett, quien llegaría
a ser figura preponderante durante el gobierno revolucionario de Abelardo L.
Rodríguez.
Hizo del viejo teniente coronel, Arnulfo San Germán, su juez
de instrucción en el renglón de Justicia Militar. Nombró al licenciado
Francisco Terrazas, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia con residencia en Mexicali, a Raimundo
Langrave lo convirtió en Juez de Primera Instancia de Ensenada y luego de Mexicali,
con el mismo puesto mandó a Jesús de la Garza a Tijuana y a Juan Prieto Quemper
a Tecate. Para octubre de 1916, Cantú concedió a jueces de Primera Instancia
facultades inherentes a jueces federales, siendo Juez de Distrito el licenciado
Jesús M. Cuen y Agente del Ministerio Público Federal, el licenciado Carlos
Robles Linares. El licenciado Cuen, durante los gobiernos de Díaz y Huerta estuvo en Sinaloa
como Juez de Primera Instancia. Cuando, a mediados de
noviembre de 1913, las fuerzas constitucionalistas del general Obregón tomaron
la plaza de Culiacán, salió huyendo para refugiarse en Ensenada.
Francisco Bórquez Félix |
Como era de esperarse, el coronel
Hipólito Jauregui estuvo a cargo del cuerpo médico militar, y las delegaciones
médico sanitarias de Ensenada y Mexicali, fueron otorgadas a los médicos B. H. Peterson e Ignacio Roel,
estas delegaciones eran de suma importancia para el erario estatal puesto que realizaban en
los ayuntamientos un trabajo de coordinación con los comisionados estatales
insertos en los departamentos de sanidad municipales, encargados del cobro de cuotas
sanitarias y permisos de trabajo a entretenedoras de los cabarets y cantinas.
Fueron el control de la
expedición de permisos de trabajo a chinos y a entretenedoras extranjeras, el
manejo de licencias para el establecimiento de casinos de juego, la apertura de
casas de placer y lo concerniente a la aplicación de multas a narcotraficantes
y adictos al opio y cocaína, las causas que, en 1922, motivaron la controversia
constitucional entre los munícipes de Ensenada y Mexicali y el gobierno distrital
de José Inocente Lugo (1922-1923),
partiendo de que la Constitución de 1917, contemplaba ya la autonomía de la
Hacienda municipal; atribuciones que Cantú, operativamente hablando, delegaba a
los presidentes municipales, en coordinación con Jacinto Barrera, su secretario
general de Gobierno.
Asimismo, Cantú,
en 1915, adopta a las Juntas de Mejoras Materiales como el modelo organizativo
a aplicar en las pequeñas comunidades que jurisdiccionalmente dependían de los
municipios, con el fin de generar recursos propios dentro de éstas y aplicarlos
en la realización de proyectos de obras de infraestructura comunitaria. Ya con
los gobiernos de la revolución, hasta 1924 la Ley de Ingreso Fiscal de la
Federación dispuso destinar cierta cantidad de recursos a este tipo de organizaciones
en sitios donde hubiese aduanas marítimas o terrestres generando derechos de
importación y exportación, con el propósito de realizar obras para abastecer de
agua, drenaje, caminos, electrificación, obras de forestación y construcción de
escuelas y hospitales dentro de los pequeños poblados. El modelo organizativo
basado en Juntas de Mejoras Materiales aún prevalece en algunos estados del
país, entre los que se encuentra Baja California.
Fin de los Dorados de Francisco Villa
La Batalla de
Celaya dio inicio del 6 al 15 de abril de 1915, delimitando el principio de una
serie de combates feroces que se dieron en corto tiempo entre la División del
Norte, de Francisco Villa, y el Ejército del Noroeste, de Álvaro Obregón, cuyas
huestes, en junio, harían arrinconarse hacía el Norte a los Dorados de Villa en
la batalla de Aguascalientes para hacerlos sucumbir definitivamente en la
batalla de Agua Prieta, Sonora, cinco meses después.
![]() |
Terremoto de Mexicali (1915) |
A consecuencia de
aquellos sismos, se derrumbó el “Salón
de Baile El Tecolote” —hasta entonces un sitio de entretención fundado en 1913
por Marvin Allen—. Aquí cabe destacar el resurgimiento de este famoso lupanar y casino,
en noviembre de 1915, con el nombre de
“Teatro El Tecolote”, bajo la
férula de la mafia empresarial representada por Marvin Allen, Frank Beyer y
Carl Withington, respaldados en la firma ABW Corporation. Respecto al pago de
derechos de importación por la introducción de materiales de construcción desde
Estados Unidos, el coronel Cantú dictaminó que habría de haber una excepción
para Carl Withington, no cobrándole impuestos para el montaje de aquel
legendario sitio. En apoyo a la
inversión foránea, por la insulsa cifra de 48 mil pesos anuales de impuestos
(24 000 dólares), le hizo también válida a Withington la exclusiva sobre derecho
de piso.
Como “Camino al
infierno”, identificaron los gringos a la azarosa travesía realizada por el
desierto para llegar a Mexicali a beber alcohol en compañía de atractivas
damas, o a fumar opio en los fumaderos de caché. Mexicali era un pueblo,
polvoso, tan caluroso como alucinante, custodiado por elegantes bares y sitios
de entretenimiento.
![]() |
Teatro El Tecolote |
«Del centro, hacia la parte de
atrás corre una prologada barra en forma de herradura, capaz de servir
simultáneamente a trescientos bebedores. A un lado están las mesas de juego
–treinta y una, en total–, de ruletas, dados, veintiuna, rueda de la fortuna y
póquer garañón. En uno de los extremos se halla el escenario para actos de
cabaret y al fondo un sitio para baile. El lugar es higiénico, limpio y
excesivamente atractivo».
![]() |
José María Maytorena |
«Condeno el
asesinato de don Francisco I. Madero [Sin duda una condena tardía], Presidente electo legítimamente...El suscrito, Coronel
Esteban Cantú, llamado por el pueblo de este Distrito y la Guarnición Federal,
se hizo cargo de los destinos de esta Península, organizando un Gobierno bajo
el régimen constitucional más puro...Durante más de treinta años que estuvo gobernando
la República con toda paz y tranquilidad el General Porfirio Díaz, sin que
seamos capaces de discutir si lo hizo basado siempre en la Ley Suprema de la
Nación o no... El Gral. Díaz hizo una serie de ventas y el señor Madero las
confirmó, en favor de compañías extranjeras, sobre grandes extensiones de
terreno a lo largo de la zona fronteriza, no obstante ser operaciones terminantemente
prohibidas de manera tan sabia y patriótica desde la época del gran Juárez...
Siempre se tuvo el más completo olvido para este gran brazo de la República,
como si fuera una parte estorbosa...Desde este instante se rompe para siempre
en todas sus partes el pacto que había celebrado este gobierno con el de la
repetida Convención [de Aguascalientes], declarándose
enteramente neutral en la lucha intestina que tortura a la Patria; pero sin
dejar por un momento de pertenecer a la Nación Mexicana...bajo el concepto de
que inmediatamente que renazca la paz y surja un gobierno constitucional que
rija los destinos de la República, este gobierno se someterá a los supremos
Poderes de la Unión....»
Al mes, el día 22 de noviembre, Esteban Cantú suprime para siempre del
Distrito Norte la circulación de las estampillas de la Renta Federal del
Timbre emitidas por el gobierno
convencionalista.
Sin embargo, involuntariamente Cantú es el responsable
de que la semilla del anarcosindicalismo magonista haya revivido en la década
siguiente, por haber dado asilo en el territorio a los villistas tránsfugas de
la revolución, ya que fueron éstos, entre 1921 y 1922, los principales
impulsores de la lucha social por un reparto agrario en el Distrito Norte,
enarbolando la bandera del anarcosindicalismo
magonista, de la mano de la Confederación General de Trabajadores (CGT).
Carranza y Obregón, de su parte, todavía a finales de 1916, trataron por
última vez de atraer a Cantú para que se integrara al México de la revolución,
invitándole a que apoyara la creación del Partido Liberal Constitucionalista,
bajo auspicio de los generales Álvaro Obregón y Benjamín G. Hill, enviando un
registro de clubes políticos dentro del Distrito Norte. Cantú simple y
sencillamente ignoraría a los futuros líderes de aquel instituto político que,
en noviembre de 1920, llevara a la Presidencia al general Álvaro Obregón. Sin
temor a dudas, el coronel Cantú jamás fue constitucionalista y mucho menos obregoncista. Aunque
aquí sí, ¡cuidado!, porque los sonorenses tenían a Cantú de cuarta y bolazo,
gobernado un Distrito Norte vecino, el cual habían dominado desde la segunda
parte del Siglo XIX hasta terminada la primera década del XX.
Contrabando de cabezas de ganado y pacas
de algodón
En el Mexicali de
1915, la exportación de ganado era un negocio de mucha mayor importancia que la
producción de algodón, cultivo que apenas había iniciado en la zona para 1912.
Incluso, existió otro rancho de ganado de engorda de dimensiones colosales en
Hacienda Hechicera, situado en el valle.
Hasta 1916, no
concedida al grupo Chandler-Gray Otis la condonación de impuestos a la exportación
de cabezas de ganado, y de pilón viniéndoseles encima la subida de la tarifa
arancelaria del algodón de 1.5 a 2 centavos por kilo; ese año, los dueños de la
“Cien” y de la “Colorado River” optaron por entrar en contubernio con funcionarios
de Aduanas de los Estados Unidos para pasar, de contrabando, cabezas de ganado
y pacas de algodón hacia el vecino país por la zona de ingreso del ferrocarril
de la Inter-California hacia Calexico. Para ese entonces, con absoluto control
del poder político y teniendo a buen recaudo el manejo de sus aduanas, Cantú levantó el sarzo a los dueños de la
Colorado River Land Co. y del megarrancho ganadero de “La Cien”, asentado en el
área de Los Algodones, no dándoles más concesiones que las obtenidas antes de
la conspiración orquestada en su contra por el grupo Chandley-Gray Otis y
Baltasar Avilés. A cambio, jamás les expropió un ápice de sus enormes
extensiones de terrenos en el Valle de Mexicali.
Para el 14 de
octubre de 1916, el administrador de la Aduana, Jacinto Méndez, informaba al gobernador
de este suceso, solicitando lo que sigue:
«La oficina de mi cargo estima
muy acertada la insinuación contenida en el parte adjunto para tirar un cerco
de alambre en ese tramo que da fácil acceso a los Estados Unidos, alejando así
el peligro de que, aprovechándose de las facilidades que proporciona lo abierto
del terreno en esos lugares, personas poco escrupulosas sustrayéndose a la
vigilancia fiscal, sigan llevando a cabo exportaciones de ganado y algodón, con
detrimento de los intereses del Gobierno encomendado a su acertada Dirección».
«Por estas consideraciones
solicito respetuosamente a Ud. Se me autorice para mandar poner el cerco de
alambre del que habla el Sr. Comandante del Resguardo, aduciendo el corto gasto
que ello demanda y el beneficio que reporta al evitar que se lleve a cabo un
tráfico ilegal. Reitero a Ud. Mis respetos y consideraciones. Constitución y
Reforma. Rúbrica: Jacinto Méndez».
En la zona del
Desierto del Colorado, el contrabando de cabezas de ganado y de pacas de
algodón hacia el vecino país del norte, se llevaba a cabo, además, entre el
“Rancho del Doctor” y el Monumento 222 sobre una extensión de 1500 metros sin
cerco, así como a 800 metros del “Paso del Centinela”, uno de los cerros
emblemáticos de Baja California. Con dicho fin, Jacinto Méndez solicitaría a
Cantú la asignación de un destacamento fiscal permanente en aquel sitio.
Todo indica que al
menos en el Distrito Norte de la Baja California, en lo que atañe al levantamiento
del llamado cerco de la ignominia que algunas oenegés de la frontera se
afanan hoy por echar abajo, por causas muy distintas fue Cantú el primero en
ordenar levantarlo y no el gobierno de Estados Unidos.
Fue hasta el 23 de julio de 1919 que el
cónsul de México en San Diego, notificó a la Secretaría de Relaciones
Exteriores de nuestro país, que la Secretaría de Guerra de Estados Unidos
colocaría un cerco de dos millas para dividir las poblaciones de Mexicali y
Calexico.
La transformación del Distrito Norte
Qué gana un
gobierno con legalizar el comercio de drogas, la prostitución, el juego,
incentivar la diversificación productiva al crear, incluso con capital foráneo,
las industrias turística y algodonera, fortaleciendo el comercio y la industria
local, si carece de un sistema eficiente de recaudación fiscal.
Durante la
gestión de Cantú, se registraron 55 sociedades mercantiles, representando
alrededor de 1 millón 150 mil dólares de capital inicial, una inversión
significativa para una región que jamás había recibido ese tipo de flujos
económicos, pero a todas luces insuficiente para producir en breve tiempo tan
alto caudal de contribuciones tributarias como los millones y millones de
dólares recibidos por el gobierno cantuista, en poco más de cinco años.
En 1917, la efectividad del
centralismo tributario creado por un pragmático poco escrupuloso, como Esteban
Cantú, habría de llevar al Distrito Norte a ser considerada la región que
recababa mayor cantidad de impuestos por persona en todo el país: 175 pesos oro
nacional contra 80 de su más cercano competidor, Yucatán, gobernado por un
visionario como lo fue el general Salvador Alvarado. Irónicamente, ambas
penínsulas fueron gobernadas un día por Luis Emeterio Torres, terrible cacique militar
del porfiriato.
![]() |
Hipódromo de Tijuana |
Con el establecimiento en Mexicali de la Compañía Algodonera de la
Baja California, en 1916, y la construcción de la despepitadora Mexican Chinese
Ginning Company, en el barrio de la chinesca, para 1919, Esteban Cantú se
convierte en el detonador de las industrias turística y algodonera dentro del
Distrito Norte.
En el ciclo agrícola, 1914-1915, en el Valle de Mexicali nada más
sembraron 4 400 hectáreas, produciendo 3 700 pacas; pero ya para el ciclo
1919-1920, aparceros cesionarios y colonos pudieron cultivar 38 000 hectáreas
de algodón, obteniendo un rendimiento de 50 000 pacas. En tiempos de Cantú, no
antes del decreto carrancista de 1919, que aplicó un
gravamen de 8 centavos por kilo a la exportación de algodón, la industria algodonera llegó ese año a generar 1 millones de dólares anuales por este
concepto, capitalizando el gobierno cantuista para sí, 2 millones 500 mil de
dólares adicionales, al año, por concepto de impuestos aplicados a casinos,
prostíbulos y cantinas.
La inmigración extranjera al Distrito
Norte
Cantú, azuzado por
la enorme demanda de mano de obra en los campos agrícolas y de mujeres en las
casas de juego y de placer, hace a un lado a la Secretaría de Gobernación y
desde los municipios empieza a otorgar permisos de inmigración y trabajo a
chinos y a entretenedoras de
otros países, convirtiendo a los ayuntamientos en fuente de recursos significativos
para el gobierno distrital.
Según el
censo poblacional de 1921, en el Distrito Norte de Baja California
existían una población de 23 537
habitantes; de los cuales casi el 62% residirán en el área de la municipalidad
de Mexicali. El 42% de la población en general era de origen chino. Si estos
datos los cotejamos con los que nos proporciona el censo poblacional de 1921,
para determinar el número de orientales radicados en aquel territorio, tenemos
que, entre 1915 y 1920, en el Distrito Norte vivían 9 885 chinos. Cifra que es
coincidente con los datos que proporciona Catalina Velázquez Morales,
investigadora sobre este tema, calculando 10 000, y con los emitidos por Luis L. Siam, alguna vez presidente de la Asociación
China en Mexicali y Tijuana, quien afirmaba que por esas fechas en Baja
California vivían alrededor de 11 mil asiáticos.
Cuando Esteban
Cantú tuvo que salir de territorio mexicano en 1920, utilizando cifras
conservadoras, legaría al Distrito Norte una colonia china de alrededor de 10
mil personas cuyo ingreso al país le habría costado a cada uno 140 dólares,
incluyendo 35 dólares para los comisionistas.
En cosa de 5 años y medio, el gobierno cantuista habría recabado 1
millón 400 mil dólares por tan solo este concepto. Según el censo de 1921, por
esas fechas los chinos poseían en el Valle de Mexicali 32 haciendas que, en
conjunto, abarcaban 36 mil 456 y media hectáreas, controlando el comercio
distrital y el 80% de la producción algodonera.
La cuota de 140
dólares por ingreso al territorio cantuista, era también aplicable a las
entretenedoras extranjeras. El permiso de trabajo era cuenta aparte. En “El
Tecolote” de Mexicali, 175 mujeres estadounidenses, en su mayoría, pagaban 15
000 dólares mensuales por el derecho a ejercer la prostitución. Como en 1908,
en tiempos del jefe político-militar Celso Vega, durante el gobierno cantuista
la carga tributaria más fuerte pesaba sobre los hombros de los estamentos
sociales más vulnerables. En el Distrito Norte de aquella época, llegó haber 700
entretenedoras extranjeras, entre norteamericanas y europeas.
![]() |
Registro de entretenedoras |
![]() |
Cantú con el clan de los Dato |
Cantú solía
justificar la inmigración de trabajadores chinos, japoneses e hindúes al
Distrito Norte, con el dudoso argumento de que no rehuían a trabajar bajo
contrato de aparcería con la Colorado River Land Company, con tal de gozar el
usufructo del 50% de las ganancias de la tierra explotada, asegurando, además,
la dificultad del jornalero mexicano para adaptarse a un medio ambiente tan
hostil como lo es el del desierto. Más bien era que la experiencia de 1911 con
los magonistas, amenazando con expropiar las tierras del Valle de Mexicali, lo
que había dejado muy escaldados a Harry Chandler y Harrison Gray Otis y demás
socios, dueños de la “Colorado River” y de “La Cien”, sugiriéndole posiblemente
a Cantú desalentar la inmigración masiva de mexicanos del sur hacia el Distrito
Norte de la Baja California, lo que a él también le convenía dado lo
convulsionado que se encontraba el país con la revolución.
Todavía a finales
de 1932, durante el gobierno territorial del general Agustín Olachea Avilés, previendo
al gobierno federal de una posible invasión de los agraristas al Valle de
Mexicali, cuyas tierras aún eran propiedad de la “Colorado River”, Abelardo L.
Rodríguez, ya como presidente de la República, puso en manos del gobernador
Olachea una partida presupuestal especial destinada a enviar, con todo género
de facilidades e incentivos, a los residentes de Mexicali hacia sus estados de
origen.
Comercialización de la Droga
El gobierno de
Esteban Cantú crea un precedente histórico en lo que atañe al desarrollo del
narcotráfico masivo realizado bajo el amparo del poder político y económico,
con su cauda protectora representada por el aparato policial y judicial,
cubriendo al crimen organizado: Cuatro aspectos indisolubles del rentable
negocio de la venta de estupefacientes.
En el Distrito Norte de Esteban Cantú, si bien se castigaba a los adictos con fuertes multas administrativas que suministraban los ayuntamientos, el tráfico de drogas, sin embargo, no era ilegal, siempre y cuando los fabricantes pagaran impuestos: 1 millón 200 mil dólares anuales. De hecho los gobiernos de la revolución hicieron con la droga lo que Estados Unidos hizo con el alcohol a través de la Ley Volstead de 1919, prohibirlas.
Iniciados los regímenes de los revolucionarios de Sonora, con Obregón en 1920, el gobierno federal cierra la pinza para hacer de los estupefacientes un lucrativo negocio, prohibiendo el tráfico y uso de la marihuana. Oficialmente, el tráfico y uso del opio y sus derivados (morfina, heroína) incluyendo la cocaína, fueron prohibidos en México en 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles.
Para marzo de 1924, sin aludir al gobernador Abelardo
L. Rodríguez, ni a la mancuerna Obregón-Calles, un artículo de Lucien Wheeler —jefe
del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Los Ángeles—, publicado en el
periódico “Los Angeles Exeminer”, reseña la trascendencia que tendría para los
gobiernos de la revolución el andamiaje financiero creado por Esteban Cantú, al
asentar lo que a continuación dice:
«Tres hombres gobiernan las ciudades del
vicio en la Baja California. El horroroso aumento de desechos humanos
producidos por la máquina del vicio en la Baja California, debe de imputárseles
directamente a los operadores del Gran Sindicato del Vicio, la Compañía A.B.W.
(iniciales de los apellidos Allen, Beyer y Withington), concesionarios del
juego en Mexicali y Tijuana. Y, además del juego en ambas ciudades, este
privilegio incluye al sistema de ganancias compartidas en el Hipódromo de
Tijuana, de cuyas utilidades el Gobierno Federal recibe 105 mil dólares
mensuales (1 millón 260 mil dólares al año)».
«A su vez, por 75 mil dólares al año, el
Gobierno Federal le va a concesionar a la A.B.W. la administración de casas de
juego para los chinos, y, en el caso de los negros, están a punto de cerrar
otro acuerdo parecido por la cantidad de 10 mil dólares al año».
«Todo esto le redituará a la A.B.W. una
ganancia anual de 112 millones de dólares al año, utilidades que superan, a
veces, las ganancias anuales del Ferrocarril».
Esta descobijada que Lucien Wheeler un día diera al
sindicato del vicio estadounidense, operando en Baja California, de paso nos
señala que los gobiernos obregoncista y callista hicieron suyas las formas
recaudatorias implementadas por Esteban Cantú en el Distrito Norte, al hacer
uso de un método tan poco ortodoxo como lo fue el cantuista para proveerse de
recursos económicos frescos y suficientes, mediante la apertura de casinos en
el país y el apoyo al narcotráfico a lo largo de la Costa del Pacífico.
Rescisión de
Contrato con la Compañía de Terrenos y Colonización, S. A.
![]() |
Ceremonia en la que Esteban Cantú anuncia al pueblo ensenadense la rescisión de contrato con la Compañía Inglesa |
Los argumentos de Cantú para rescindir el contrato de
marras, estuvieron basados en los puntos siguientes:
«Por falta de pago de contribuciones...Porque
han dejado de cumplir la parte esencial de esos contrato, y porque han cerrado las puertas a los
agricultores mexicanos que quisieron establecerse dentro de sus enormes
propiedades por el sencillo procedimiento de señalarles altísimas cuotas para
la compra o arrendamiento de terrenos..»
Aunque otra razón de peso fue que, como no se atrevía
a lesionar intereses de Estados Unidos, al confiscar a la Colorado River Land
Co. sus terrenos, enfrentando una migración inusitada que amenazaba con cuadriplicar
la población de Mexicali al finalizar esa década; para 1916, Cantú se ve
forzado a trastocar intereses británicos, con el fin de fundar una serie de
asentamientos en una porción de terrenos antes concesionados a la Compañía
Inglesa, ubicados en el valle mexicalense. Entre 1916 y 1920, el gobierno
distrital enajenó 7 092 hectáreas, repartidas entre 770 arrendatarios y
compradores, fundando las colonias Herradura, Abasolo, Sonora, Zaragoza, Benito
Juárez, Castro, Rivera y Álamo mocho. Bajo estas circunstancias, Cantú se ve forzado a iniciar la colonización del Valle de Mexicali con
mexicanos.
Los terrenos de la Colonia Castro no eran propiedad de
la Compañía Inglesa ni de la Colorado River Land Company, sino de Santiago
Castro viviendo en la zona desde 1898.
La Constitución de 1917
El 1 de diciembre de 1916, Carranza convocaba a gobernadores de los estados, jefe de gobierno del Distrito Federal y de los territorios de la República para que enviasen sus representantes a la ciudad de Querétaro a participar en el establecimiento de un primer Congreso Constituyente.
![]() |
Ignacio Roel |
Baja California, con la inadvertida actuación de Roel en los célebres debates ventilados en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, volvía a quedar segregada de un momento único en la historia de México, porque fue en aquel lugar donde sin vuelta de hoja vino a concretarse la Revolución Mexicana, al quedar vigentes en aquella Carta Magna artículos constitucionales como el 27, que ponía las cartas sobre la mesa en torno al espinoso asunto de la tenencia de la tierra, así como el 123, relativo al trabajo y a los derechos sociales de los individuos, cuya mayoría en el país habían vivido padeciendo ciertas formas de esclavitud dentro del porfiriato, siendo los más castigados el campesinado y la población indígena.
Planes anexionistas: Iniciativas personales
En 1917, sobre la
Rusia zarista triunfaba la Revolución Bolchevique, comandada por Vladimir I.
Lenin, asumiendo la Presidencia del Comisariado del Pueblo de la nueva
República Socialista Soviética. Este acontecimiento histórico fue durante el
Siglo XX un detonante de las luchas reivindicatorias del proletariado en todo
el mundo, de cuya influencia no estuvieron exentos los radicales del movimiento
revolucionario mexicano. Y tras la revelación del contenido del Telegrama Zimmermann, ese año los Estados Unidos también ingresaron de lleno a la Primera
Guerra Mundial. Los
norteamericanos mantuvieron estrecha vigilancia sobre los
germanófilos asentados en el Distrito Norte, entre ellos don Pablo Dato, suegro
de Esteban Cantú.
El ingreso de los
estadounidenses a la Primera Guerra Mundial y la revelación de la existencia
del Telegrama Zimmermann donde los alemanes proponían una alianza con
Japón y México para vencer al vecino del norte, habrían desalentado cualquier
hipotético plan de los Estados Unidos para anexionar Baja California y una
porción de Sonora, con el fin de tomar control del Río Colorado, de la obras de
irrigación del Valle de Mexicali y de encontrar una salida al mar para Arizona
por el golfo de California, como quedó demostrado, el 13 de enero de 1919, con
el gobernador tejano W. P. Hobby, introduciendo una resolución en el Senado
estatal de California con el propósito de comprar Baja California para poner el
Río Colorado baja control de los Estados Unidos. No prosperó. Dos años antes la
“Golden West League” de San Diego había propuesto al gobierno carrancista la
compra de Baja California por 20 millones de dólares. Fueron rechazados. Henry F. Ashurst, senador por Arizona, por lo
consiguiente, liderando otra resolución ahora del Senado federal, pretendía que
el presidente Woodrow Wilson impulsara las gestiones para la compra
de Baja California. No encontró eco de parte de la Presidencia de Estados
Unidos. En el tiempo que Cantú permaneció en el poder dentro del Distrito
Norte, los planes anexionistas procedentes de Estados Unidos, provinieron de
iniciativas personales y no en sí del gobierno central de ese país.
Cantú, afecto a publicar manifiestos en los periódicos
estadounidenses, en la tentativa de Ashurst para agenciarse de Baja California,
sostuvo un posicionamiento muy claro respecto a la idea de meter al Distrito
Norte en la abultada cartera de Estados Unidos. He aquí, un segmento de aquella
“Carta Abierta” fechada el 2 de febrero de 1919:
«Ni el más depravado mexicano
daría cabida al propósito de vender una sola fracción de nuestro suelo y quien
se atreviera a proponer en México semejante cosa, sería reo de alta
traición.... Hay que descartar la anexión por cualquiera de otros medios, pues
sería moralmente imposible, dadas las declaraciones internacionales del señor
Presidente Wilson, que serán salvaguarda eficaz de la autonomía de todas las
naciones, dadas las repetidas manifestaciones del mismo Magistrado, de otros
altos funcionarios de los Estados Unidos y de la prensa americana, de que su
país ya nunca buscará mayor crecimiento territorial y por último, en vista de
la reciente declaración del Departamento de Estado, en que explícitamente niega
su sanción al proyecto de anexión de la Baja California y parte de Sonora..»
En el marco de una guerra civil en México, el gobierno
autonómico de Esteban Cantú sobrevivió porque supo salvaguardar los intereses
de Estados Unidos en el territorio, salvaguardando con ello los suyos e
indirectamente los de México.
Las aduanas de Cantú
En tiempos de
Cantú, el flujo de fondos recabados en las aduanas del Distrito Norte y
canalizados hacia la Federación fue tan incompleto e inconstante como el
presunto subsidio de 150 mil pesos que recibía el territorio de parte del
gobierno federal. Abelardo L. Rodríguez, legatario directo de Esteban Cantú,
durante su gobierno, en 1924, hasta se dio el lujo de rechazar los 900 mil
pesos que percibía de subsidio procedente del gobierno federal. No solo eso, el
Distrito Norte ayudó al gobierno general de la República con más de 1 millón de
pesos para la campaña militar emprendida contra Adolfo de la Huerta y socios.
La
política implementada por Cantú para el manejo de Aduanas en el Distrito Norte,
retrata muy bien la relación de ambigüedad política sostenida entre el régimen
de Venustiano Carranza y el régimen autonómico de Esteban Cantú en el Distrito
Norte. No obstante, Cantú, gracias a su doblez política,
supo muy bien respetar los márgenes institucionales para dirigirse con el
gobierno carrancista.
La Ley de Organización
del Distrito y Territorios Federales fue emitida en abril de 1917, para el 1º de mayo de ese año,
Venustiano Carranza asumió la Presidencia de la República y dieciséis días
después nombró a Cantú gobernador del Distrito Norte. Antes de ese día 17 de
mayo en que fue designado gobernador por el presidente Carranza, no existe un
documento oficial, signado por Esteban Cantú, donde dirigiéndose a las
instancias federales, lo haya hecho ostentando el título de gobernador. Es por eso que, ya como gobernador, hasta el
4 de octubre de ese año formaliza ante el gobierno federal el cambio de la
capital de Ensenada hacia Mexicali. A título de simple comandante militar y
jefe político del territorio jamás se atrevió a hacerlo.
Cantú desplazó a los administradores vinculados a los grupos
políticos de Ensenada, pero no destituyó al grueso de funcionarios de las aduanas
del Distrito Norte, heredados de los gobiernos porfirista y maderista; más bien
hizo todo lo contrario, los retuvo en el puesto con el fin de capitalizar su
experiencia y aprovechar su asesoría para la implementación de estrategias
propias que le permitieran obtener para sí los recursos recabados por derechos
de importación y exportación dentro de lo que fueron sus aduanas. Así fue como Jacinto Méndez, Francisco Miranda, Silvestre
Reina Garza, Gilebaldo Elías, Gilebaldo Anaya Reyo, Genaro Villaseñor, Alfredo
S. Pardo y José María Coronel, sirviendo los tres
últimos a manera de comodines, permanecieron dentro del cantuismo como los
administradores, por excelencia, de las aduanas de Ensenada, Tijuana, Mexicali, y las secciones de Tecate, Los Algodones y la del muelle de "La Bomba".
Cuando el gobierno federal enviaba a nuevos funcionarios para
reemplazar a los antes aludidos, Cantú los mandaba llamar con beneplácito,
otorgándoles cargos de asesores fuera de la estructura aduanal, no permitiendo
por ningún motivo que tomaran posesión de su encomienda federal.
Esto no obstaba para que Luis Cabrera —secretario de Hacienda
carrancista—, en el transcurso del gobierno de Cantú, siguiera enviando anuncio
puntual de decretos y circulares en torno a tarifas de importación y
exportación aplicables a las aduanas del país; mandatos cuyo uso invariablemente
quedaban sujetos a criterio del gobernador. Cuando le convenía dar vigencia a
disposiciones arancelarias así fuesen consideradas como atentatorias al
bolsillo del contribuyente y por ende antipopulares, sin tocarse el corazón
Cantú las aplicaba diciendo solo cumplimentar órdenes de don Venustiano
Carranza.
Entre tanto, a mediados de 1918, prohibió a los agricultores la
exportación de trigo hacia los Estados Unidos, basado en la ley de la oferta y
la demanda, ese año la producción de trigo en el Distrito Norte fue inferior a
la demanda de los consumidores.
A principios de 1919, el presidente Carranza decretó un gravamen
de 8 centavos por kilo a la exportación de algodón; Cantú, a sabiendas de que
el gobierno de la República denegaría su petición, hizo la faramalla suplicando
a don Venustiano vía oficio que hiciera una excepción en el Distrito Norte,
aplicando la antigua tarifa que fijaba el pago de esos derechos a la
exportación en 2 centavos por kilo. Al
final, aplicó la nueva tarifa a rajatabla porque era benéfica para las arcas
del distrito, no obstante, criticó ante empresarios gringos y chinos la
cerrazón del gobierno federal para conceder estímulos a la producción
algodonera. El año de 1919 fue cuando la administración Cantú alcanzó sus
grandes logros económicos.
Desde el Siglo XIX, una de las necesidades más sentidas del grueso
de la población bajacaliforniana era la rebaja al pago a derechos de
importación de material para la construcción de vivienda colectiva e
infraestructura productiva; Cantú, con el absoluto control que ejercía sobre
las aduanas del distrito, bien pudo resolver esta situación y sin embargo no lo
hizo, abriendo la libre importación de esos productos desde Estados Unidos.
Este grave freno al desarrollo regional vino a ser resuelto hasta 1924, siendo
gobernador Abelardo L. Rodríguez.
Otros dos gravámenes que era vital abolir dentro del Distrito
Norte, estaban relacionados con los exorbitantes impuestos aplicados al pago de
derechos de bulto, vigentes desde 1896, y con los impuestos sobre importación
de combustibles, que tenían que pagarse al doble: el petróleo iluminante
costaba del lado americano 20 centavos, añadiendo un plus de 20 centavos del
lado mexicano por derechos de importación. Los ricos, dueños de automóviles,
salían beneficiados al pasar a las gasolineras de Calexico a llenar sus
depósitos de gasolina. Cantú jamás los derogó por no convenir a sus intereses.
Sin embargo algunos otros decretos expedidos por la Federación sí
los aplicaba como los relacionados con la exención de derechos de importación
para algunos artículos alimenticios de primera necesidad, o los relacionados
con aumentos a las tarifas de importación de bebidas alcohólicas, o los que
eximían a ciertas sustancias químicas del pago de importación, también los que
suspendían la aplicación de cuotas de exportación a ciertos metales y los que
exentaban el pago a la importación de carros, carretas, carretones, etcétera.
Del dinero recabado por impuestos federales, Cantú no reportaba a la Federación
lo que obtenía, enviando, si bien iba, lo que le venía en gana.
Después de borrar del mapa
las
estampillas de la Renta Federal del Timbre del gobierno convencionalista, Cantú derogó en el
Distrito Norte la aplicación del artículo 20 del decreto del 11 de noviembre de
1893 y los artículos del primero al sexto de la Reglamentación Hacendaría, que
estipulaban que Cónsules y Agentes consulares de México en el extranjero debían
expedir una factura consular a importadores (agentes aduanales) para tramitar
pedimentos de importación ante Aduanas. Al diablo con eso de la factura
consular.
Mexicanización de las aduanas
Con el fin mexicanizar las actividades relacionadas con las
agencias aduanales e impedir actos de corrupción por parte de los empleados del
ramo aduanero, el 15 de febrero de 1918, Venustiano Carranza, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expide un decreto conformado de
siete artículos fundamentales y dos transitorios con el fin de regular en el
país actividades inherentes a las empresas dedicadas a la tramitación legal de
géneros y mercancías ante Aduanas. Decreto cuyo artículo tercero y quinto
estipulan:
«Artículo
3º.- Los extranjeros y las sociedades extranjeras no podrán ser agentes aduanales,
ni gestionar aun ocasionalmente ante las oficinas aduaneras, siempre que, conforme a las leyes
del país de su origen, no puedan hacerlo los mexicanos o sociedades mexicanas.
Esta prevención es aplicable a las sociedades mexicanas, siempre que cuenten entre
sus socios, si son en nombre colectivo o en comandita, o entre sus consejeros o
directores si son anónimas, a extranjeros, respecto de los que existan las
condiciones fijadas al principio de este artículo».
«Artículo
5º.- Tampoco se concederá autorización para fungir como agente aduanal, a los
empleados del Ramo o de la Secretaría de Hacienda».
Al menos en el Distrito Norte de Esteban Cantú, por el carácter
binacional de las agencias aduanales situadas por este rumbo de la franja
fronteriza entre Estados Unidos y México, estos dos artículos del decreto
carrancista en nada modificarían la naturaleza constitutiva y el tradicional
funcionamiento de las agencias aduanales bajacalifornianas.
![]() |
Maurilio Magallón |
Durante el mandato presidencial del general Álvaro Obregón
(1920-1924), estando José Inocente Lugo como gobernador, el gobierno federal
infructuosamente empezó a presionar a los funcionarios federales y empresarios
radicados en California para que viniesen a residir al Distrito Norte, so pena
de perder el empleo o sus prerrogativas ciudadanas.
Para 1919, en que entró en vigor, en EE.UU., la 18a. enmienda de
la Constitución promovida por el congresista Andrew Volstead, mediante la cual
quedaron prohibidas la producción y consumo de bebidas alcohólicas en ese país,
las aduanas de Cantú estaban recabando solo por concepto de derechos a la
exportación, 1 millón de dólares anuales y 2 millones 500 mil dólares al año
por impuestos a las importaciones. Las concesiones para el tráfico del opio le
redituaban 1 millón 200 mil dólares anuales. Dos millones 500 mil de dólares
adicionales, al año, obtenía por concepto de impuestos aplicados a casinos,
prostíbulos y cantinas. Se desconoce el monto
recabado en cinco años y medio por los permisos de trabajo expedidos a 700
entretenedoras extranjeras.
Para que tengamos idea a cuánto equivalía el dinero obtenido por
el gobierno de Cantú en cinco años y medio, basta decir que la obra magna del
gobierno cantuista: “Camino Nacional” —inaugurada en marzo de 1918—, surcando
las gigantescas rocas de La Rumorosa para unir a los bajacalifornianos, al
final costó 1 millón 250 mil dólares: Obra pagadera solo con la aportación de
un año proveniente de los comerciantes
de opio.
En torno al esplendido palacio de Gobierno —actual rectoría de la
UABC— mandado a construir por Cantú, su costo presupuestado fue de 105 mil 500
dólares. El ganador de la licitación para levantar aquel portento de edificio
neoclásico, fue —¡qué casualidad!— la constructora de Harry H. Clark, gerente
general de la “Colorado River”. En 1920, con la salida de Cantú del gobierno distrital,
esta obra quedaría inconclusa.
El ferrocarril a San
Felipe
Tras dos intentos fallidos, acicateado por la existencia de yacimientos de oro, plata y carbón mineral en la zona aledaña a San Felipe, en 1918, a la cabeza de un grupo expedicionario Cantú llegó a las playas de aquella aldea de pescadores en el golfo de California. El camino de brecha fue abierto por técnicos del ingeniero Enrique Alducín, responsable de la construcción de “Camino Nacional”.
Casi tres años les llevó
encontrar la cuadratura al círculo para trazar aquella ruta. Se desconoce la
razón de porqué no adoptaron como suya la conocida ruta de los contrabandistas
de buches de totoaba, penetrando desde Estados Unidos a México con sus grandes
troques, por el antiguo “Paso del Centinela”, para luego tomar un sendero
cercano a la Laguna Salada que los llevaba tantas veces como fuese necesario ir
a San Felipe a recoger el producto.
En 1919, situado en los
alrededores de San Felipe quedó constituido el fundo minero, “Iron Montain”,
cuyo propietario era la compañía “Ferro-Acero Mexicana S.A.”, la cual había otorgado
a Esteban Cantú una participación de esa explotación minera. Este consorcio contaba, además, con
una concesión, validera por 50 años, para construir un pequeño ferrocarril que
trasportara materia prima desde el sitio de explotación hasta el golfo de
California. Ese mismo año el diputado federal José Cantú, hermano del
gobernador, obtuvo otra concesión para construir y administrar un ferrocarril
de Mexicali a San Felipe.
Aquellos planes
quedaron en el éter, en 1920, cuando el
coronel Cantú salió del territorio. Sin embargo, el gobernador revolucionario
José Inocente Lugo, rescataría dicho proyecto y, en abril de 1923, estaba solicitando a Hacienda la
exención de impuestos a la importación por el equivalente a 1 millón 500 mil
dólares, con el fin de comprar rieles para la construcción del ferrocarril a
San Felipe. Francisco Pérez —jefe de la comisión de ingenieros— calculó un
gasto total de más de 3 millones de dólares (6 millones de pesos) para terminar
la obra. Al poco tiempo, Francisco Calderón —director de la Dirección General
de Aduanas— puso de manifiesto al gobierno del Distrito Norte la negativa de
Hacienda de exentar los derechos de importación encaminados a la compra de
implementos y materiales necesarios para la construcción de las vías del tren,
ofreciendo un préstamo de la Federación.
Lugo, por el contrario, no se
desanimó, aceptando el préstamo no solo para la construcción del ferrocarril,
sino que asumió el reto de montar un puerto en San Felipe para sustituir al de
“La Bomba”. El gobernador Lugo sabía que
el Distrito Norte podía darle para eso y
más, no obstante, se vio forzado a
abandonar el cargo el 2 de noviembre de 1923, porque ese día lo sustituyó el general
Abelardo. L. Rodríguez, quien, en 1927, hizo de aquella brecha descubierta por
Cantú un camino vecinal de Mexicali al actual puerto de San Felipe.
La estocada final
![]() |
Pastor Rouaix Méndez |
El prestigiado Rouaix Méndez, fue uno de los primeros agraristas
en expropiar tierras a favor del campesinado y le tocó expedir la Ley Agraria
del 6 de enero de 1915, anuncio del preámbulo de la reforma agraria. Desde este
punto de vista, su presencia en el Distrito Norte debió inquietar tanto a los
dueños de la Colorado River Land Co., como lo hizo la propia expedición de la
Ley Agraria carrancista. Lo mismo pudo haber sucedido con Cantú, era la primera
vez que un ministro del gobierno de Venustiano Carranza pisaba tierras
bajacalifornianas.
Los primeros brotes de violencia de la lucha anarcosindicalista,
vinculados al villismo, le tocó a Cantú enfrentarlos el 7 de septiembre de 1919, con el amotinamiento
del destacamento militar de Los Algodones, donde fueron acribillados a tiros el
capitán José Torres y tres soldados. Los conjurados manifestaron su adhesión a
Pancho Villa, y su firme desacuerdo con la masiva inmigración de chinos al
territorio por lo perjudicial que resultaba su presencia para los jornaleros
mexicanos sin tierras. El motín fue aplastado, recuperando las tropas de Cantú
los caballos y armas robados. Los líderes de la revuelta, José Beltrán y
Refugio Acero, fueron aprendidos junto con un traficante de armas llamado
Tribolet. Beltrán y Acero, tras un juicio sumario, fueron fusilados en
caliente. Se comprobó que Refugio Acero era miembro activo del grupo anarquista
Trabajadores Industriales del Mundo
(I.W.W)
Tres años después, el coronel villista Marcelino Magaña Mejía, estaba presentando ante la Comisión Nacional Agraria (C.N.A.) 200 solicitudes para un reparto agrario en el Distrito Norte.
En medio de la rebatiña
por la sucesión presidencial, a finales de 1919, por primera vez llegó al
Distrito Norte el brazo fiscalizador del gobierno carrancista en la persona de
Modesto C. Rolland, a cargo de una comisión especial enviada por la Secretaría
de Hacienda. Respecto a las observaciones de la comisión especial sobre el
sistema de impuestos locales y federales implantado por el cantuismo en aquel
alejado distrito, Rolland asentó:
«Lo primero que se observa al analizar aunque
sea someramente la situación de aquella región, es la errónea distribución de
impuestos existentes, gravitando sobre una población tan reducida [23 537 habitantes]. Solamente los impuestos locales y
federales, sin contar con los municipales, ascienden a la suma de $3 000 000.00
[1 millón
500 mil dólares]. El presupuesto que el actual
gobierno local ha estudiado y presentó, asciende a $4 000 000.00 [2 millones de dólares]. Estos impuestos matan toda iniciativa y constituyen una carga,
hablando no solamente en lo absoluto, pues gravitan de tal manera, que parecen
que están estudiados para evitar el desarrollo de toda actividad; y es natural
que pensando así sobre un pueblo que no tiene medios de defensa, ni manera de
incrementar su prosperidad, la carga sobre persona sea verdaderamente
insoportable».
Si el 1 millón 500
mil dólares de impuestos federales y distritales que el gobierno de Cantú
informó a la comisión especial haber colectado ese año de 1919, más los 2
millones de dólares presupuestados para el año venidero, le parecieron a
Rolland una carga insoportable de solventar de parte de una población tan
reducida; chanza y se infarta el comisionado de Hacienda, si el tesorero del
distrito, de mera puntada, le hubiera confesado que para cubrir el monto de
impuestos recabados y por recabar, solo bastaba con los 3 millones 500 mil
dólares obtenidos, al año, en las aduanas por derechos de importación y
exportación.
Ese año, bajo los auspicios de la
Colorado River Land Company, se fundó la
“Cámara Agrícola Nacional de Baja California”, en Mexicali. Emergió como un
contrapeso al poderío de los agricultores chinos.
El 23 de abril de 1920, redactado por Adolfo de
la Huerta y Gilberto Galindo, salió a la luz el Plan de Agua Prieta, en el que
el general Álvaro Obregón se proclamaba en contra del gobierno de Carranza. De
inmediato le secundaron distintos jefes de operaciones militares del país, no
contando con la adhesión del coronel Cantú, que desde 1913 tenía cuentas por
saldar con el general Álvaro Obregón. Craso error: En esa ocasión, Cantú por
primera vez apoyó a un presidente Venustiano Carranza que jamás había
reconocido como tal. Antes Carranza tuvo que reconocer a él como gobernador.
Obnubilado, de ahí en adelante Cantú fue cometiendo una cadena de errores
imperdonables.
Al mes de la
publicación del Plan de Agua Prieta, camino a Veracruz, Venustiano Carranza
moría asesinado, en el pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, camino a Veracruz.
Tres días más tarde, el 24 de mayo, Adolfo de la Huerta asumió la Presidencia
de la República de manera provisional. Pronto comprobaría el coronel que de la
Huerta no era tan dúctil como Carranza.
En sus Memorias de la
Huerta expresa de Cantú lo que sigue:
«…tenía aquel Territorio como una ínsula desde la época de Carranza,
pues la sumisión de aquél a éste siempre estuvo prendida con alfileres; era
algo que no se podía considerar como muy firme. Bueno, pues le mandé varios
emisarios. No aceptó. Su enojo era fundamentalmente contra Obregón, por lo
menos ese era el pretexto. Entonces resolví atacarlo por varios lados a la vez,
o mejor dicho, hacerle creer que lo haría..»
Antes de 90 días,
Cantú estuvo fuera del gobierno territorial.
Después del asesinato
de Venustiano Carranza, los dos hombres de mayor confianza del gobernador
Esteban Cantú, no esperaron el desenlace final y salieron del Distrito Norte: Tomás Beléndez,
como buen tesorero general sabía el teje y maneje de los dineros del distrito y
las aduanas,
partió hacia Estados Unidos; el otro, Jacinto Barrera, secretario general de gobierno, conocedor del intríngulis del tráfico de chinos y opio así como
del entresijo político cotidiano, renunció a su puesto en abril de 1920.
El gobierno
provisional de la República, buscando un gesto de subordinación institucional
de parte del gobernador territorial, empieza a presionar girando instrucciones
vía Gobernación para que Francisco Terrazas ocupara el puesto de Barrera como
secretario general de gobierno del Distrito Norte. Cantú, desobedeciendo
órdenes, designa al ingeniero José G. Aguilera en el lugar de Barrera,
nombrando a Manuel Santaella como nuevo tesorero general del distrito. De la Huerta llama a Cantú a México, y éste
saldría con el cuento porfirista de siempre, que no podía acudir porque tenía
que estar pendiente de un posible ataque filibustero al Distrito Norte. En su
tiempo, eso mismo había dicho a Carranza en cuanto requería su presencia en la
capital del país.
En ese ínter, bajo el
auspicio conciliador del presidente de la Huerta, Cantú por primera vez trata
de acercarse al general Álvaro Obregón, autoproclamado candidato a la
Presidencia, estableciendo negociaciones a través de un amigo mutuo: Baldomero
Almada, quien desdeña la autoridad del presidente provisional, y en vez de
acordar la paz entre Obregón y Cantú, acuerda con el candidato presidencial la
obtención de la gubernatura del distrito. Lo extraño de este asunto es
que para el 31 de mayo de 1920 en que Almada regresa a Mexicali, Cantú lo
presenta ante el estatus económico y político como su sucesor. Es aquí donde la duda invade a
la razón: ¿Acaso Cantú convencería a Almada de hacer a un lado a Adolfo de la Huerta con el cuento de cogobernar el apetecido Distrito Norte de Baja California? Baldomero Almada muy pronto comprobó que había sido objeto de un vil engaño.
De entrada, el día 3 de junio, Almada presenció afuera de
la Escuela Cuauhtémoc un mitin tachonado de fogosos discursos en su contra.
Digno de mención fue el discurso incendiario de Ricardo Covarrubias a favor de
Esteban Cantú. Covarrubias, en 1917, había llegado procedente de los Altos de
Jalisco en compañía de su hermano Alberto con la idea de integrarse como
trabajadores de la obra “Camino Nacional”. Para 1920, Covarrubias se integró al
Partido
Nacional Cooperativista (P.N.C.), y fue dueño de dos publicaciones muy
combativas “El Monitor” y “Eco del Distrito”, estableciendo sociedad
con sus paisanos el coronel José Esperón y el capitán José Cayetano Zepeda,
ambos radicales y de cepa villista.
Tres días después, ¡la locura!, Almada no podía
creer lo que sus ojos veían: una multitud, agolpada, en el parque “Héroes de
Chapultepec”, entre puestos de comida y bebida gratis, echando vítores y
alabanzas a la figura de Esteban Cantú. Luego procedió la marcha hacia la
residencia del prócer, «haciendo
eco de la voluntad del pueblo, manifestada en el asombroso desarrollo agrícola,
industrial y económico de esta región», como una vez Miguel S.
Ramos, alcalde de Mexicali, dijese vía telegráfica al
presidente de la Huerta. Almada, tal vez por sentirse traicionado por Cantú, encolerizado
marchó del pueblo y le telegrafió a Obregón, advirtiendo del seguro
aplazamiento de la entrega del mando, al tiempo que le
sugería la intervención armada. Para el día 8 de junio, Cantú daría el anuncio
al gobierno federal de que no renunciaba porque podrían ocurrir manifestaciones
violentas de parte de sus seguidores.
En ese lapso, en el
Distrito Norte las distintas facciones políticas, desatadas, pondrían en juego
sus piezas dentro de aquel ajedrez político, ventilando ante el presidente de
la Huerta una serie de nombres para sustituir al coronel Cantú. Estaban entre
los precandidatos: Carlos E. Bernstein, gerente del Hipódromo de Tijuana,
impulsado por Cantú; David Zárate
pertrechado ahora en la Cámara Agrícola, Minera e Industrial de Ensenada,
promovido por Juan B. Uribe, su escudero de siempre; tampoco podían faltar
quienes, exigiendo un gobernador nativo del terruño, proponían a los juniors
Ramón Moyrón y Epigmenio Ibarra así como los que estaban a favor del
comerciante Ricardo Romero y los que simplemente exigían su pronta destitución,
como el banquero Rafael Conrado Silver, enemigo jurado de Cantú. De entre
aquella rebatiña, Romero acabaría
por convertirse en el tercer diputado federal por el Distrito Norte. Ricardo Covarrubias sería el cuarto en ocupar
esa curul.
Iniciado julio de 1920, Adolfo de la Huerta se
va directo y a la cabeza sobre las fuentes financieras del régimen de Cantú,
ordenando a través de Hacienda y Gobernación, la sustitución del personal de las aduanas y de la oficina de migración. Imposible. Ante la negativa del
gobernador territorial, en agosto, sobrevino la orden presidencial para el
cierre de aduanas y puertos instalados en el Distrito Norte de la Baja
California. Para ese entonces, el presidente de la Huerta, ya había ordenado
que una fuerza militar, al mando del general brigadier Abelardo L. Rodríguez
levantara velas en Manzanillo rumbo al Distrito Norte.
Cantú firma sentencia de muerte para su
régimen, el 24 de julio, al enviarle al presidente de la Huerta un largo pero
demoledor mensaje con dedicatoria al general Obregón, candidato presidencial.
Basta con transcribir tres párrafos de aquella carta para advertir el tamaño de
la estulticia mostrada en aquella ocasión:
«Haciéndonos intérpretes del uniforme sentimiento público del país, hago
a Ud. presente, con todo respeto, que es de urgente necesidad que se haga
manifiesta la completa seriedad y la buena fe de nuestra administración, y que
como el Gobierno ha ofrecido, haya una verdadera campaña política en las
Elecciones de Presidente de la República y demás altos funcionarios federales.
Para llenar tan vital necesidad, será preciso que se prorrogue por tres meses
cuando menos el período electoral, y que se pusiesen a disposición de los
candidatos debidamente inscritos y de los partidos que de conformidad con las
leyes electorales se constituyan, todos los elementos que le sean
indispensables, sin preferencias ni distinciones, de modo que todos ellos
cuenten con iguales facilidades para llevar a cabo sus campañas».
«De no prorrogarse el nuevo período electoral, para cuya conclusión no
faltan más de cuarenta días, la Nación consideraría las próximas elecciones una
mera farsa, en cuyo fondo se vería la imposición de un candidato único».
«Señor Presidente, en nombre de los más altos intereses de la Patria, en
nombre de toda la sangre derramada, me permito hacer a Ud. la súplica y esta
exhortación: Que no se repitan más en México las imposiciones: Que el Gobierno
Supremo de la República se coloque al nivel de su alta investidura, resistiendo
a todas las presiones por fuertes que parezcan, y conceda a la opinión pública
todas las facilidades y todo el tiempo que necesite para manifestarse
libremente en los próximos comicios».
«Respetuosamente E.
Cantú»
Si, en 1918, ante el comisionado de Hacienda, Modesto C. Rolland, Cantú había demostrado
ser un maestro de la defraudación fiscal a través de su doble contabilidad; sin
el mayor recato, en 1920, se presentaba ante el presidente de la República como
nuevo paladín de la democracia. ¡Qué cachaza!
A principios de agosto, en la víspera del
ingreso del ejército de la revolución al Distrito Norte, los jefes militares de
las fuerzas comandas por el coronel Esteban Cantú presentaron signos de claudicación.
Para el 13 de agosto, Lerdo González —antaño celador de la aduana de Mexicali—,
ex combatiente de las batallas de 1911 frente a los magonistas, desde San
Quintín se sublevaba en contra del jefe Cantú.
![]() |
General Vito Alessio Robles |
El general Abelardo
L. Rodríguez, al mando de 1500 hombres, llegó al Distrito Norte el 1º de septiembre
de 1920, catorce días después de que el coronel Cantú había abandonado Mexicali
para asilarse cosa de cinco años en una propiedad que adquirió en Mira Loma,
California.
Con la presencia del
general Rodríguez Luján en tierras bajacalifornianas, la Sonora liberal reconquistó
un territorio que durante largo tiempo había estado bajo influjo de los suyos.
Nunca más bajo el dominio de elementos exógenos como lo fueron el neoleonés
Esteban Cantú y más tarde el guerrerense José Inocente Lugo.
Cantú, amo y señor
del Distrito Norte, durante una época
delimitada por el fin del porfiriato y el principio de los gobiernos de una
revolución con la que jamás comulgó, es el verdadero integrador de la Baja
California moderna.
Esteban Cantú se lanzó a la aventura de
integrar a Baja California obteniendo un éxito sin precedentes en toda la
historia de una Península con un vasto potencial, pero por su lejanía y su baja
densidad poblacional abandonada a la buena de Dios por los gobiernos de México
desde la Independencia.
Abelardo L. Rodríguez, su legatario, en términos
de política financiera y tributarias adoptó del método Cantú hasta sus socios de la mafia norteamericana;
de un Esteban Cantú que habría sido el primero en entender que desde
Villagrana, con su primer aduana de 1874, pasando por los jefes políticos del
porfiriato y llegado los gobiernos de la revolución, el lejano Distrito Norte
había operado como una especie de botín generador de cuantiosos tributos que se
fugaban de la región; recursos financieros que, en su tiempo, retuvo para luego
invertir una parte significativa en el despegue del desarrollo del actual
Estado de Baja California.
roberelenes@gmail.com
SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600
2 comentarios:
Al leer este articulo, entiendo el porque de tanto apellido extrangero...y me refiero a tanta prostituta americanas y europeas, que seguramente tubienron hijo de Mexicanos.
O sea que la prostitucion, siempre ha sido un excelente negocio para las autoridades, y no se diga el consumo de alcohol, ya que en la actualidad, con el simple hecho de conducir un automovil con aliento alcoholico te aplican una multa de hasta 7,000.00 pesos y muy cencillo la pagas y te vas..........y la historia sigue..............
Victor Cabuto
Lo asiste la razón Sr. Cabuto.
Publicar un comentario